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“Puerto Rico toca fondo. Esto tiene que cambiar y ya”.
El apagón general del día de hoy que ha dejado al país entero sin electricidad, es la gota que finalmente colma la copa. A Genera PR la gobernadora Jennifer González Colón le regaló recientemente otros $110 millones para que sigan haciendo y deshaciendo a costa de nuestro progreso y bienestar. Por su parte a Luma, le pospuso su salida. Otra de esas farsas que ha montado en torno a dos entidades corporativas incompetentes incapaces, a todas luces de garantizar el efectivo funcionamiento y mejoramiento de nuestro sistema energético.
Sin embargo, Puerto Rico está hoy no solo sin luz sino sin gobernadora, quien está tan desconectada de la realidad y la crisis nuestra aunque regrese de sus vacaciones.
Y para colmo, la gobernadora interina la Lcda. Verónica Ferraiolli no ha sido aún confirmada en medio de controversias legales y éticas que se han suscitado en torno suyo. Asimismo, la Secretaria de Justicia Lcda. Janet Parra segunda en la línea de sucesión constitucional, tampoco ha sido confirmada.
Entre los ya confirmados, sobresalen también los cuestionamientos legales y éticos de algunos. Por ejemplo, en relación al Secretario de Salud, el presidente del Senado se vio en la obligación de lavarse las manos como Poncio Pilatos en el caso de que su gestión termine en el desastre. Del Zar de la Energía, ni hablemos, otra farsa propia del “reality show” que nos ha estado vendiendo la publicidad engañosa de la gobernadora, pagada por el pueblo, la mayor parte de la cual no votó por ella.
En fin, luego de 100 días, estamos sin un gobierno debidamente constituido y, lo que es peor, sin un gobierno con planes y acciones concretas para solucionar efectivamente los problemas críticos a los que se enfrenta nuestro país.
La crisis actual ha desbordado a la administración, dando testimonio fehaciente de que la gobernadora no sabe gobernar. Mejor le fue como candidata y por ello se decidió en estos días por volver a serlo para el 2028.
Entretanto, a ver qué pasa con los daños que le están infligiendo a nuestro pueblo los recortes y despidos, así como la guerra económica del presidente Donald Trump contra casi todo el mundo. La gobernadora ha dicho que no se opondrá a nada. Admite que le teme. Tampoco le importan los derechos, entre otros, de nuestros trabajadores, de nuestros hermanos dominicanos y menos aún los derechos de equidad y a no ser discriminados de la comunidad LGBTQ+. Ha optado por defender la libertad para discriminar. Evidentemente no podemos contar con ella para que defienda los derechos nacionales de Puerto Rico.
Es un gobierno que anda a la deriva, sin un Plan propio. De ahí que se reduce a ser un apéndice a la trágala de la agenda económica y política del gobierno de Trump.
Ante ello, cobra una urgencia mayor la propuesta de un Plan B que nos permita salvarnos del desgobierno actual. No podemos seguir empantanados en este punto muerto en que nos tienen los dos principales partidos coloniales: el PNP, con su estadidad imposible con más fondos federales, y el PPD, con su “ela” o estatus territorial actual, también con más fondos federales. Son dos opciones sin futuro alguno en el Washington de Trump. Ante esa realidad, innegable, la soberanía e independencia vuelve a imponerse no sólo como un derecho sino como una necesidad.
De ahí que nuestro grupo ha puesto sobre la mesa la propuesta de un Plan de Transición urgente hacia la soberanía e independencia de Puerto Rico. En días próximos estaremos complementando dicho Plan de Transición con un Plan de Desarrollo hacia una Economía Productiva y Solidaria. Ésta se trata de una propuesta concreta y viable para, una vez marginados los colonialistas de una y otra seña, y habiendo abierto un nuevo mapa de ruta aún en Washington para la descolonización plena de Puerto Rico, potenciar nuevamente el progreso social de todos los puertorriqueños que aspiran a la construcción inmediata de una Patria Nueva y una Nueva Sociedad.
Grupo Plan B-Independencia
por Rolando Emmanuelli Jiménez
Mientras México fortalece su soberanía para hacer frente a las tarifas impuestas por Donald Trump, Puerto Rico se encuentra paralizado, sin poder alguno para defender su economía. La diferencia entre ambos países no es meramente de tamaño, sino de estatus político. México es una nación libre con la capacidad de actuar; Puerto Rico sigue siendo una colonia sujeta a decisiones ajenas, incluso cuando esas decisiones nos condenan.
Los aranceles no solo encarecen productos importados, también afectan gravemente a una isla que depende casi totalmente del comercio exterior. Desde alimentos básicos hasta piezas de repuesto y productos tecnológicos, la mitad de los bienes que consumimos vienen de fuera de los Estados Unidos. Al subir los costos de importación por decisiones tomadas en Washington, se destruye aún más el ya débil poder adquisitivo de nuestra gente.
Pero el problema se agrava cuando lo combinamos con la inminente reducción de fondos federales, de los que dependen servicios esenciales en Puerto Rico. Programas de salud, educación y asistencia alimentaria se tambalean ante la amenaza de recortes que la Junta de Control Fiscal ha admitido no tener forma de sustituir. Esta situación no es un simple bajón económico: es una crisis humanitaria anunciada.
México, ante circunstancias similares, se levanta con firmeza. Negocia tratados comerciales con Asia, Europa y América Latina, reduce su dependencia de Estados Unidos, e invierte en producción agrícola e infraestructura interna como el tren interoceánico. Su estrategia se fundamenta en un poder que nosotros no tenemos: el derecho soberano a decidir por su propio bienestar.
Mientras México redirige inversiones a proyectos de seguridad alimentaria, en Puerto Rico no tenemos siquiera la posibilidad de decir de dónde importamos nuestro trigo o nuestra leche. Dependemos de rutas impuestas, de empresas extranjeras, de leyes de cabotaje y de decisiones de congresistas que nunca han puesto un pie en la isla. Esa es la raíz de nuestra indefensión: carecemos de poder para cambiar el rumbo.
Nuestros gobernantes coloniales no proponen una alternativa viable. En lugar de asumir la necesidad de un modelo soberano, se lamentan por la falta de planes sin atreverse a considerar la única herramienta real de solución: la independencia. Su rechazo a la soberanía es una renuncia deliberada a salvar al país del colapso.
La Junta de Control Fiscal, que debería proteger al pueblo, admite su impotencia ante los efectos combinados de aranceles y recortes federales. A pesar de ello, continúa aprobando planes de ajuste de deuda que dependen del crecimiento económico, sabiendo que este no ocurrirá. Si el modelo económico ya era inviable, ahora será aún más destructivo.
El resultado es una trampa mortal: menos fondos federales, más impuestos al consumo, tarifas de energía por las nubes y una economía estancada. La Autoridad de Energía Eléctrica no solo está quebrada, sino capturada por contratos privados como el de LUMA y GeneraPR, que drenan recursos públicos sin mejorar el servicio. Estos contratos son resultado de decisiones coloniales que priorizan a los acreedores por encima del bienestar colectivo.
El contrato de gas natural en el Puerto de Ponce, firmado sin autorización de su Junta de Directores, ejemplifica la improvisación y el peligro de seguir subordinados a intereses externos. La instalación representa un riesgo ambiental y de seguridad, al mismo tiempo que compromete el desarrollo portuario y turístico de la ciudad. Es un acto irresponsable que evidencia cómo se toman decisiones sin control democrático ni transparencia.
En contraste, una nación soberana como México protege su infraestructura y decide su modelo energético. Aquí, seguimos apostando por el gas natural importado y contaminante, atándonos a precios globales que no controlamos, en vez de utilizar el sol, el viento o el mar como fuentes de energía limpia y gratuita. Nuestra dependencia es tan absurda como peligrosa.
Muchos piensan que Trump se irá y todo volverá a la normalidad. Pero los cambios estructurales que implemente pueden ser permanentes, como ya ocurrió con otras políticas regresivas en Estados Unidos. Si las reformas duran más de 36 meses, el daño será irreversible y Puerto Rico quedará varado sin futuro.
En ese escenario, los defensores de la colonia siguen negando la soberanía como salida. Prefieren ver al país hundirse antes que aceptar que solo con poder político podremos sobrevivir. Es una postura cínica, que condena al pueblo a la ruina por miedo o conveniencia.
La historia puertorriqueña está llena de ejemplos de resistencia ante la adversidad: la invasión de 1898, la Gran Depresión, los huracanes, la pandemia. Pero esta vez no basta con resistir; hay que transformar. No podemos seguir apostando a la asistencia externa cuando esta misma se desvanece frente a nuestros ojos.
El debate sobre el estatus ha sido dominado por la estadidad, pero hasta el Partido Republicano la ha borrado de su plataforma. Trump no la apoya y no hay interés alguno en otorgársela a Puerto Rico. Eso deja sobre la mesa una sola opción real: asumir nuestra soberanía y construir nuestro destino con dignidad.
La iniciativa de un plan B de independencia ya está sobre la mesa, con propuestas específicas, rutas de acción y análisis detallado en www.planbindependencia.org. Se discute en foros, programas de radio, podcasts y actividades públicas. El pueblo está empezando a escuchar, a cuestionar, a despertar.
Como en México, necesitamos redirigir nuestras prioridades, invertir en lo local, desarrollar una estrategia nacional. Pero para eso necesitamos poder. Y ese poder solo lo da la independencia.
El momento histórico que vivimos exige más que lamentos. Requiere acción decidida, visión de país y ruptura con el modelo que nos ha fallado. Puerto Rico necesita renacer, pero no como colonia rehabilitada, sino como nación libre y soberana.