Opinión

Diez verdades inconvenientes ante el autoritarismo estadounidense

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Hay momentos históricos en los que las señales son tan claras que ignorarlas deja de ser ingenuidad y se convierte en complicidad. El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, acompañado por una cúpula política abiertamente autoritaria, nacionalista y militarista, marca uno de esos momentos. No estamos ante exabruptos aislados ni simples excesos retóricos, sino frente a un proyecto de poder coherente que amenaza el estado de derecho, el orden internacional, la estabilidad y futuro de la humanidad como especie. 

Luego de la Guerra Fría nos hemos olvidado de que aún existe el peligro de una guerra termonuclear final, pues el planeta descansa en la voluntad de tres líderes mundiales, uno de los cuales es Donald Trump. Esto le impone a la humanidad la necesidad existencial de negociar nuevos consensos para lidiar con las siguientes verdades inconvenientes:

La primera verdad inconveniente es que la democracia estadounidense ya no puede presentarse como un modelo universal. El desprecio sistemático por los límites constitucionales, la instrumentalización de los tribunales, la politización de las fuerzas armadas y la normalización del discurso del enemigo interno han erosionado los fundamentos del constitucionalismo liberal. Lo que antes se denunciaba como una deriva autoritaria hoy se ejerce sin pudor y con respaldo político.

La segunda verdad es que este autoritarismo se proyecta peligrosamente hacia el resto del planeta. La política exterior estadounidense ha abandonado cualquier pretensión de sujeción al derecho internacional. Las amenazas y acciones abiertas contra varios países del hemisferio, México, Colombia, Cuba y Venezuela, revelan una lógica de fuerza que sustituye a la diplomacia y al multilateralismo. Ya no se trata de contención ni de disuasión, sino de intimidación y acción cinética abierta.

La tercera verdad es que el mundo se encuentra peligrosamente cerca de conflictos armados regionales en al menos tres zonas estratégicas, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad global. Cuando una potencia militar se arroga el derecho de intervenir, secuestrar dirigentes o “corregir” gobiernos que considera hostiles, se activa una cadena de respuestas que ningún actor controla del todo. América Latina vuelve a ser tratada como un tablero geopolítico y no como un conjunto de pueblos con derecho a la autodeterminación. Esto agrava el potencial explosivo del terrible abuso hacia Palestina y los países circundantes y una nueva escalada del latente conflicto de la soberanía de China sobre Taiwán. 

La cuarta verdad es que los consensos internacionales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial han sido, en la práctica, despedazados. El sistema que emergió de Yalta, con todas sus limitaciones y abusos, descansaba sobre ciertos mínimos: respeto a la soberanía estatal, prohibición del uso unilateral de la fuerza y primacía del derecho internacional. Hoy esos principios son tratados por Estados Unidos como obstáculos que deben ser removidos.

La quinta verdad es que el derecho internacional atraviesa una crisis profunda de eficacia, no porque haya perdido legitimidad normativa, sino porque las grandes potencias han decidido incumplirlo selectivamente. Cuando el actor hegemónico actúa al margen de las reglas, el mensaje al resto del mundo es devastador: la legalidad es opcional y la fuerza vuelve a ser la norma.

La sexta verdad es que el discurso de la “seguridad nacional” se ha convertido en la coartada perfecta para justificar cualquier atropello. Bajo ese concepto elástico se legitiman intervenciones militares, sanciones económicas que castigan a poblaciones civiles y operaciones encubiertas que violan la Carta de las Naciones Unidas. La seguridad deja de ser un concepto jurídico y se transforma en una herramienta ideológica.

La séptima verdad, particularmente relevante para Puerto Rico, es que el colonialismo nunca fue una anomalía del sistema estadounidense, sino una de sus expresiones más persistentes. El mismo poder que hoy amenaza a Estados soberanos es el que impuso PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y un régimen de excepción permanente sobre el pueblo puertorriqueño. El autoritarismo externo y la dominación colonial interna responden a la misma lógica.

La octava verdad es que Puerto Rico se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema ante este nuevo escenario geopolítico. Sin soberanía, sin representación internacional y sin control sobre su política exterior o de defensa, la isla queda atrapada en conflictos que no decide y cuyas consecuencias sí padece. La historia demuestra que los territorios coloniales siempre pagan un precio desproporcionado en contextos de militarización o guerra.

La novena verdad es que la narrativa de la “protección” estadounidense hacia Puerto Rico ha quedado completamente desacreditada. No hay protección cuando se gobierna por decreto, cuando se amenaza a pueblos enteros o cuando se desprecia el derecho internacional. Lo que existe es subordinación, dependencia y silencio impuesto.

A estas verdades se suma una décima realidad aún más inquietante: la defensa abierta que la derecha fascista global, incluida su expresión pedestre en Puerto Rico pregonada por los medios de prensa corporativa, ha hecho de actos que constituyen crímenes internacionales, como el secuestro y extracción forzada del presidente venezolano Nicolás Maduro. No se trata de confusión jurídica ni de torpeza política o intelectual. Es una toma de posición consciente a favor de la ilegalidad y de la ley del más fuerte.

Resulta especialmente grave que sectores que se autodenominan “defensores de la libertad” justifiquen prácticas que violan de forma palmaria la soberanía estatal y la prohibición del uso de la fuerza. Secuestrar a un jefe de Estado no es un acto de justicia ni de liberación: es un crimen que, de normalizarse, destruye cualquier posibilidad de orden jurídico internacional mínimamente estable.

La derecha autoritaria ha decidido ignorar los daños irreparables que estas posturas y acciones ya están ocasionando y seguirán ocasionando a la humanidad. Cuando se legitima la captura, derrocamiento o eliminación violenta de dirigentes políticos, se cruza una línea histórica peligrosa. Se instala la idea de que ningún conflicto tiene límites y de que toda diferencia ideológica puede resolverse mediante la fuerza extrema. Esto es caos.

Más aún, estas posturas irresponsables aumentan exponencialmente el riesgo de una escalada bélica global, incluyendo la posibilidad real de un conflicto nuclear. No se trata de alarmismo. Es la consecuencia lógica de un sistema internacional donde los tratados se incumplen, las normas se desprecian y la fuerza militar sustituye al derecho. El siglo XX ya demostró adónde conduce esa lógica.

Que en Puerto Rico existan voces que aplaudan o minimicen estos actos revela hasta qué punto el colonialismo político e intelectual ha erosionado el juicio ético de ciertos sectores. Defender secuestros, invasiones o intervenciones ilegales no es pragmatismo: es una renuncia abierta a la civilización jurídica construida tras dos guerras mundiales.

Esta deriva fascista, tanto global como local, no solo amenaza a los pueblos directamente atacados. Amenaza a toda la humanidad. Amenaza la posibilidad misma de resolver conflictos por vías racionales, jurídicas y democráticas. Y amenaza de forma particular a los pueblos coloniales, que siempre terminan siendo utilizados como peones, bases militares o daños colaterales.

La conclusión inescapable a este escenario trágico es que este momento histórico obliga a repensarlo todo. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad política. La independencia de Puerto Rico deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una necesidad histórica urgente de supervivencia democrática. Un país sin soberanía es un país sin capacidad real de proteger a su gente frente a los excesos de un poder imperial cada vez más dispuesto a llevar al mundo al borde del abismo.

Guardar silencio ante estas barbaridades no es neutralidad.
Es complicidad.

Cuando la Junta pretende legalizar lo ilegal

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La demanda de nulidad de la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy no es una controversia contractual ordinaria. Tampoco es un simple choque entre el gobierno de Puerto Rico y una empresa privada. Se trata de un caso que expone, con una claridad inquietante, hasta dónde está dispuesta a llegar la Junta de Supervisión Fiscal para imponer su poder por encima del derecho vigente en Puerto Rico. Aquí no está en juego solo un contrato, sino la vigencia misma del Código Civil y la capacidad del gobierno de Puerto Rico para hacer cumplir la ley.

En noviembre de 2022 se suscribió una extensión del contrato suplementario mediante el cual LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esa extensión alteró términos esenciales del acuerdo original y, según alegan tanto la Gobernadora de Puerto Rico como la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, se firmó sin cumplir con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico. No se obtuvieron las autorizaciones necesarias de los organismos competentes ni se observaron las formalidades que la ley impone para este tipo de contratos públicos. Por esa razón, el gobierno acudió al tribunal solicitando que se declarara nula dicha extensión.

Ese planteamiento no tiene nada de exótico ni de radical. El Código Civil de Puerto Rico de 2020 es categórico al establecer que los contratos que no cumplen con los requisitos esenciales de validez son nulos. La nulidad absoluta implica que el contrato no produce efectos jurídicos, porque nunca llegó a existir válidamente en el mundo del derecho. No se trata de una sanción discrecional ni de una preferencia política, sino de una consecuencia jurídica automática cuando se viola la ley.

Desde esa perspectiva, la controversia parecería encajar perfectamente dentro del ámbito del derecho local de contratos. Son los tribunales locales los que, tradicionalmente, determinan si un contrato celebrado en Puerto Rico cumple o no con los requisitos del Código Civil. Más aún, cuando es el propio gobierno quien alega que actuó sin la autoridad necesaria o que se violentaron normas imperativas. En cualquier jurisdicción con un mínimo de normalidad constitucional, ese sería el final del análisis del tribunal.

Por eso, cuando LUMA solicitó remover el caso al Tribunal Federal bajo el Título III de PROMESA, el desenlace parecía previsible. En controversias anteriores relacionadas con LUMA, la jueza Laura Taylor Swain optó por abstenerse de intervenir. Así ocurrió en el caso de DACO, donde se cuestionaba la inmunidad otorgada a LUMA por daños causados por apagones y fluctuaciones de voltaje, y también en disputas contractuales entre LUMA y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas sobre cláusulas de mediación y arbitraje. En ambos casos, el tribunal federal reconoció que se trataba de asuntos de derecho local o regulatorio fuera del alcance de la Ley PROMESA.

Sin embargo, en esta ocasión el escenario cambió de manera sustancial. No porque la naturaleza del contrato sea distinta, sino porque la Junta de Supervisión Fiscal decidió intervenir. Y esa intervención transformó una controversia contractual en algo mucho más grave: una disputa sobre si el plan fiscal puede colocarse por encima del Código Civil. La Junta solicitó que el tribunal federal retuviera jurisdicción y evitara que el contrato fuera declarado nulo, alegando que su cancelación violaría el plan fiscal certificado para la Autoridad de Energía Eléctrica.

Ese planteamiento merece ser examinado con detenimiento, porque encierra una pretensión de poder inédita. La Junta no está defendiendo que el contrato sea válido conforme al derecho puertorriqueño. Tampoco está argumentando que se cumplieron los requisitos del Código Civil. Lo que sostiene es que, aunque el contrato sea nulo, debe mantenerse vigente porque el plan fiscal así lo contempla.

En otras palabras, la Junta está diciendo que la ilegalidad del contrato es irrelevante. Que no importa si faltó consentimiento válido, si no hubo autorización de la Junta de Directores o si se violaron normas imperativas. Lo único que importa es que el contrato está integrado al plan fiscal y que su nulidad afectaría el proceso de reestructuración. Ese razonamiento subvierte por completo la lógica del derecho civil y la precaria situación del balance de poderes colonial bajo PROMESA.

Hasta ahora, la Junta había utilizado su poder para objetar leyes nuevas, reglamentos o políticas públicas adoptadas después de PROMESA, alegando que eran incompatibles con los planes fiscales. Ese poder ya era problemático, pero al menos se ejercía sobre actos normativos futuros. Aquí, en cambio, la Junta pretende impedir que el gobierno ejerza un poder básico e histórico: el de declarar nulo un contrato ilegal. Se trata de una expansión cualitativa del control colonial.

El efecto práctico de ese planteamiento es devastador. Si el gobierno no puede alegar la nulidad de un contrato que viola la ley, el Código Civil queda reducido a un adorno retórico. Si un plan fiscal puede validar lo que la ley declara inexistente, entonces la jerarquía normativa se invierte por completo. La ley deja de ser el marco que rige los contratos y pasa a ser subordinada a documentos fiscales aprobados por una entidad no electa. Además, convierte a la Junta de Supervisión Fiscal en un ente legislativo que puede dejar sin efecto requisitos legales para la legalidad de los contratos.

El derecho civil no funciona así. Un contrato nulo no puede ser “conveniente” o “inconveniente”; simplemente no existe jurídicamente. No puede producir efectos, no puede generar obligaciones válidas y no puede sostenerse por razones de eficiencia administrativa o estabilidad financiera. Pretender lo contrario es convertir la nulidad en una cuestión política y no jurídica.

Lo que la Junta está reclamando, en la práctica, es la facultad de eximir a LUMA del cumplimiento de las leyes de Puerto Rico. Una entidad territorial creada por el Congreso estaría protegiendo a una empresa privada frente al propio ordenamiento jurídico del país donde opera. Ese es un salto cualitativo en el ejercicio del poder colonial, porque ya no se trata solo de controlar presupuestos, sino de suspender a su arbitrio la aplicación o no de los requisitos de ley para la validez de los contratos.

Este conflicto también anula, en los hechos, el poder del gobierno de Puerto Rico de actuar como parens patriae y de ejercer la razón de Estado. La Gobernadora no está actuando aquí como una parte privada inconforme, sino como la jefa del Ejecutivo defendiendo la legalidad de los actos del Estado. Si ni siquiera en ese contexto puede invocarse la nulidad, entonces el gobierno queda jurídicamente incapacitado para proteger el interés público.

Las implicaciones de aceptar ese planteamiento son profundas. Significaría que ningún contrato vinculado a PROMESA puede ser realmente impugnado por ilegal. Bastaría con integrarlo al plan fiscal para blindarlo contra el derecho civil. El mensaje sería claro: bajo el régimen de PROMESA, la ley aplica solo mientras no interfiera con la reestructuración según entendida por siete procónsules no electos por el pueblo de Puerto Rico.

Ese es el punto donde esta controversia deja de ser técnica y se vuelve política en el sentido más profundo. Estamos ante un régimen en el que una Junta no electa puede decidir qué contratos se rigen por la ley y cuáles quedan fuera de ella. Un régimen donde la legalidad se subordina a la contabilidad financiera y donde el Estado de derecho se suspende por conveniencia colonial.

Por eso, este caso confirma algo que ya no debería sorprendernos. PROMESA no es simplemente una ley para manejar una crisis fiscal. Es un andamiaje de dominación que permite desplazar el derecho local cuando estorba los intereses del capitalismo neoliberal. Mientras Puerto Rico permanezca bajo ese régimen, ninguna reforma legal será suficiente para proteger la soberanía del derecho.

La lección es clara y dura. No hay forma de reconciliar un Código Civil que declara nulos los contratos ilegales con un sistema que insiste en mantenerlos vigentes por mandato colonial. No hay equilibrio posible entre legalidad y subordinación absoluta. La única salida real a esta contradicción estructural es política, no jurídica.

Y esa salida tiene un nombre. Se llama independencia.

Puerto Rico ante la nueva doctrina imperial: hora de despertar y organizarnos

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre por Estados Unidos redefine al Caribe como un espacio exclusivamente subordinado a su poder militar, económico y geopolítico. Bajo el llamado “Trump Corollary” a la Doctrina Monroe, Washington declara abiertamente que controlará rutas marítimas, infraestructura crítica, recursos energéticos y estratégicos y movimientos migratorios en todo el hemisferio. No hay sutilezas: el documento deja claro que ninguna potencia extranjera puede tener presencia en la región y que Estados Unidos se reserva el derecho de usar fuerza militar donde lo estime necesario. Puerto Rico, por su ubicación estratégica, vuelve a colocarse en el centro de una lógica colonial que pretende administrar nuestro territorio como si fuéramos una base militar gigante y no un pueblo con derecho a existir y decidir.

Mientras esto ocurre, los puertorriqueños seguimos atrapados en un estatus territorial que sirve precisamente para perpetuar esa visión. No tenemos control sobre nuestra política energética, nuestras telecomunicaciones, nuestros puertos, ni siquiera sobre el manejo de emergencias que debería ser un asunto estrictamente nacional. El propio documento federal reconoce que Puerto Rico es un nodo crítico en las cadenas de suministro, en la vigilancia marítima y en la proyección de poder hacia el Caribe y América Latina. Esa clasificación no nos otorga derechos: nos convierte en instrumento, en plataforma, en pieza de ajedrez movida por manos ajenas.

El problema no es nuevo, pero ahora es explícito. El lenguaje de “seguridad nacional” y “protección del hemisferio” reaviva la misma lógica de ocupación que justificó la invasión de 1898, la expropiación de tierras, la imposición de bases militares y experimentos sociales sobre nuestra gente. Puerto Rico vuelve a ser tratado como una frontera militarizada, no como una nación. Y cada vez que un estratega en Washington mira un mapa del Caribe, nuestro país aparece subrayado como activo, no como patria.

Esa mirada colonial explica por qué no avanzan las reformas políticas y por qué el Congreso evita discutir seriamente cualquier fórmula descolonizadora. El territorio sirve demasiado bien a los intereses imperiales: está cerca de las rutas, es controlable, no tiene voto, no tiene soberanía y ha sido moldeado durante un siglo bajo un marco jurídico subordinado. Por eso nos entretienen con la promesa eterna de la estadidad, una narrativa diseñada para posponer la discusión real de la descolonización y desviar la atención del poder que podríamos ejercer si asumimos la lucha de frente. Esa estrategia no debe desanimarnos, sino recordarnos que la descolonización avanza precisamente cuando el pueblo decide organizarse y reclamar su lugar en la historia.

Sin embargo, esta coyuntura, por dolorosa que sea, también ilumina el camino. Si los Estados Unidos han decidido reafirmar su control, entonces a nosotros nos toca reafirmar nuestra voluntad de ser libres. No se trata de victimismo ni de indignación momentánea: se trata de organización, conciencia y acción política. Es la hora de que la independencia deje de ser vista como un sueño lejano o como una consigna para convencidos, y se convierta en proyecto nacional capaz de disputar el futuro inmediato del país.

Los independentistas —y todos los puertorriqueños que aspiran a vivir en un país digno— tienen la obligación histórica de levantarse en este momento. La doctrina imperial no se combate con silencio ni con resignación, sino con militancia, con educación política, con trabajo nacional y con propuestas claras que demuestren que un Puerto Rico soberano es viable, necesario y urgente. Cada organización, cada colectivo, cada ciudadano tiene un rol que asumir, porque la colonia no colapsa sola: se desmonta con presión política sostenida y con voluntad colectiva.

La estrategia estadounidense nos recuerda que ningún imperio renuncia a un territorio estratégico por cortesía. La única fuerza capaz de romper el diseño colonial es un pueblo movilizado, consciente de su presente y dueño de su porvenir. Ya no basta con observar el deterioro democrático desde la distancia ni lamentar la intervención constante en nuestras decisiones internas. Ahora es el momento de convertir la indignación en organización y la esperanza en acción.

Puerto Rico merece un futuro que no esté definido por intereses militares ajenos, sino por las aspiraciones de su gente. Ese futuro comienza cuando nosotros decidimos ponernos de pie, hablar sin miedo y construir, desde ahora, el país que queremos heredar. La historia nos está llamando otra vez: respondamos con firmeza, con creatividad y con la convicción profunda de que la libertad no se mendiga, se ejerce.

PROMESA: El experimento colonial que empobreció a Puerto Rico y confirmó el colapso final del régimen territorial

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA en 2016, la presentó como el remedio indispensable para corregir la crisis fiscal de Puerto Rico. El discurso oficial afirmaba que la Junta de Supervisión Fiscal devolvería disciplina presupuestaria, renegociaría la deuda y encaminaría a la Isla hacia un futuro de estabilidad económica.

Nueve años después, la realidad es otra. PROMESA profundizó la crisis, acentuó la desigualdad, debilitó las instituciones públicas y expuso, con brutal claridad, el agotamiento histórico del régimen colonial. No fue una solución. Fue la confirmación de que la colonia ya no se sostiene.

Colonialismo, Casos Insulares y poder federal absoluto

PROMESA no puede analizarse fuera del marco colonial que define la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico desde 1898. La Cláusula Territorial, reforzada por los Casos Insulares, mantiene a Puerto Rico como un territorio subordinado, donde el Congreso posee poder absoluto y el pueblo carece de soberanía.

Esa estructura política explica por qué el país no tiene control real sobre sus decisiones económicas, fiscales o de desarrollo. El Estado Libre Asociado nunca fue un pacto bilateral. Fue una narrativa política diseñada para ocultar la continuidad del dominio congresional.

Los Casos Insulares, decididos entre 1901 y 1922, crearon la doctrina del “territorio no incorporado”, una ficción legal que permite a Estados Unidos ejercer soberanía sin conceder derechos plenos a la población. Bajo esa doctrina, Puerto Rico “pertenece a, pero no forma parte de” Estados Unidos. Esto justifica el trato desigual, la exclusión de programas federales, la ausencia de representación efectiva y la subordinación total al Congreso.

Su efecto no es histórico únicamente. Es actual y determinante. Cada vez que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de corregir esta doctrina —como en Sánchez Valle, Aurelius y Vaello Madero— la ha reafirmado. Por eso los Casos Insulares no son un residuo del pasado. Son el fundamento vivo del régimen colonial contemporáneo y sostienen estructuras como la Junta de Supervisión Fiscal, que solo pueden existir en un territorio desprovisto de soberanía.

La jurisprudencia reciente: un colonialismo reafirmado

Durante la última década, el Tribunal Supremo federal no solo ha mantenido el poder colonial del Congreso sobre Puerto Rico. Lo ha profundizado sin ambigüedades.

En Puerto Rico v. Sánchez Valle (2016) el Tribunal afirmó que la fuente última de soberanía en Puerto Rico sigue siendo el Congreso. En Financial Oversight and Management Board v. Aurelius (2020) sostuvo que los miembros de la Junta no son “oficiales federales” para fines de la Cláusula de Nombramientos, sino funcionarios de un gobierno territorial que existe únicamente por delegación del Congreso.

En United States v. Vaello Madero (2022) el Supremo fue aún más claro. Sostuvo que el Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico de programas federales esenciales como el Seguro Social Suplementario, aunque esa exclusión afecte gravemente a personas vulnerables y constituya un trato desigual dentro de la ciudadanía estadounidense. El mensaje es inequívoco: el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico porque Puerto Rico es un territorio.

A ello se añade el caso Centro de Periodismo Investigativo v. Junta de Supervisión Fiscal (2023), en el cual el Tribunal Supremo resolvió que la Junta goza de inmunidad soberana frente a reclamaciones que buscan transparencia y acceso a la información pública. La institución que controla las finanzas del país quedó blindada de tener que rendir cuentas, aun cuando sus decisiones afectan directamente la vida y el futuro del pueblo.

Esa inmunidad, combinada con la doctrina reafirmada en Aurelius, convirtió a la Junta en un organismo prácticamente intocable. El Tribunal de Título III y el Primer Circuito, alineados con esta lógica, han desestimado sistemáticamente los casos que cuestionan la constitucionalidad de sus actos, ya sea por falta de standing, por supuesta “no justiciabilidad” o por una lectura extremadamente amplia de los poderes e inmunidades de PROMESA.

La conclusión es clara. Los tribunales federales han cerrado la puerta a cualquier vía judicial eficaz para limitar o revertir el poder de la Junta. Han consolidado el tutelaje colonial como parte estructural del régimen fiscal impuesto a Puerto Rico.

El modelo económico agotado y la crisis como pretexto

Durante décadas, Puerto Rico operó bajo un modelo económico fundamentado en incentivos federales, intervención externa y dependencia estructural. Ese sistema funcionó mientras existían mecanismos artificiales —como la sección 936— que subsidiaban indirectamente la actividad económica en la Isla.

Su eliminación en 2006 reveló la fragilidad de un modelo incapaz de sostenerse sin esos incentivos. El resultado fue una recesión prolongada, pérdida masiva de empleos, contracción económica y migración a gran escala.

La deuda pública se convirtió entonces en el mecanismo para posponer el colapso. Pero ese endeudamiento excesivo no puede separarse de las decisiones federales que restringieron la capacidad económica de Puerto Rico ni de un sistema colonial que impide al país diseñar su propio proyecto de desarrollo.

En ese contexto, PROMESA no fue un plan de rescate. Fue la administración colonial de un fracaso estructural político y económico.

La imposición de PROMESA: un régimen de control financiero

Cuando Puerto Rico perdió acceso a los mercados, el Congreso actuó rápidamente para imponer un régimen de control fiscal directo. No hubo consulta pública ni análisis participativo. La legislación fue diseñada por el Tesoro federal, fondos buitres y consultores financieros cuyo objetivo principal era asegurar el cobro de la deuda.

La crisis se convirtió en una oportunidad para intensificar el control colonial y proteger a los acreedores. PROMESA no fue una invitación al diálogo democrático. Fue una imposición unilateral que ignoró por completo la voz del pueblo y colocó a Puerto Rico bajo la supervisión de un organismo que responde a intereses externos.

La Ley PROMESA constituye uno de los ejercicios más agresivos de poder federal sobre un territorio estadounidense en tiempos contemporáneos. La Junta de Supervisión Fiscal posee autoridad para imponer planes fiscales, vetar leyes, modificar presupuestos, ordenar reformas estructurales y dirigir la estrategia de negociación de la deuda.

La decisión del Tribunal Supremo federal que afirma que la Junta es un componente del “gobierno de Puerto Rico” no se sostiene en la realidad política. Es una ficción jurídica utilizada para justificar un sistema antidemocrático en donde siete personas no electas controlan el destino de un país.

Este mecanismo revive la lógica tutelar de principios del siglo XX. Un ente no electo, dirigido desde Washington, gobierna por encima del pueblo. PROMESA, en esencia, es la reedición moderna de la Ley Foraker bajo el régimen de los Casos Insulares.

La Junta, el Título VII y el laboratorio neoliberal

A pesar de haberse presentado como un cuerpo de expertos, la Junta ha operado con una dependencia desmedida en consultores externos. Sus honorarios ya superan los 2,000 millones de dólares desde 2017 hasta el primer trimestre de 2024, según un informe de Espacios Abiertos, que estima 1,702 millones en gastos vinculados a los casos del Título III y 308 millones en consultores fuera del proceso de quiebra.

Investigaciones del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) documentan que muchas firmas de consultoría cobraban tarifas superiores a 1,200 dólares por hora y que solo alrededor de un 3% de los contratos se adjudicó a firmas puertorriqueñas. Este gasto desproporcionado, lejos de mejorar el rigor técnico de la Junta, revela una estructura que privilegia la industria de la reestructuración por encima de las necesidades fiscales y sociales del pueblo.

Lejos de ser una institución técnica, la Junta ha demostrado ser un ente profundamente político. Su actuación responde a un proyecto neoliberal habilitado explícitamente por el Título VII de PROMESA, que la faculta a imponer “reformas estructurales” permanentes que faciliten el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Ese título otorga a la Junta poder para intervenir en legislación laboral, políticas de inversión pública, estructura gubernamental y modelos de prestación de servicios esenciales. La convierte en un vehículo institucional de la ortodoxia neoliberal: reducción del Estado, privatización de servicios, flexibilización laboral y subordinación total del gasto social a la disciplina fiscal.

No se trata de torpeza técnica. Es un patrón coherente con la ideología económica que PROMESA incorpora como diseño central. Por eso la Junta ha impulsado privatizaciones fallidas como la de LUMA y Genera, ha bloqueado leyes laborales protectoras, ha recortado agresivamente la Universidad de Puerto Rico y ha debilitado servicios esenciales para privilegiar el pago a acreedores y la reconfiguración del Estado según criterios de “eficiencia” divorciados de la realidad social del país.

En la práctica, el Título VII convierte a la Junta en el brazo ejecutor de un laboratorio neoliberal que solo puede imponerse porque Puerto Rico es un territorio sin soberanía. Aquí no existe la capacidad democrática para rechazar políticas que nunca pasarían el escrutinio del voto. La Junta no es técnica porque PROMESA no es técnica: es un proyecto político que utiliza la crisis fiscal como excusa para reordenar el país según intereses externos.

Austeridad, derechos humanos y empobrecimiento permanente

Los planes fiscales impuestos por la Junta han instaurado un régimen de austeridad que ha reducido los recursos de la Universidad de Puerto Rico, debilitado el sistema de educación pública, comprometido los servicios de salud y precarizado las condiciones laborales del país.

Este enfoque no ha generado crecimiento económico. Lo ha reprimido. La austeridad ha expulsado a decenas de miles de puertorriqueños, ha profundizado la desigualdad y ha deteriorado instituciones esenciales para cualquier modelo de desarrollo sostenible. PROMESA convirtió la austeridad en doctrina. Ese ha sido uno de los daños más severos.

Desde el derecho internacional, PROMESA viola el principio de libre determinación al imponer un ente no electo con autoridad sobre decisiones vitales del país. Asimismo, la austeridad ha afectado gravemente derechos económicos y sociales como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social.

El trato que recibe Puerto Rico reproduce desigualdades raciales y económicas que colocan al país en una posición inferior frente a los estados. El impacto humano de la ley es innegable. Constituye un retroceso histórico en la protección de derechos básicos reconocidos por la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por sus resoluciones interpretativas.

Reestructuraciones insuficientes y riesgo de una nueva quiebra

Las reestructuraciones de deuda bajo la tutela de la Junta han sido, en el mejor de los casos, parciales y limitadas en su efecto real. El organismo informa haber reducido significativamente la deuda financiera del país, bajando pasivos de más de 70,000 millones de dólares a aproximadamente 37,000 millones.

Sin embargo, informes independientes advierten que los recortes operativos y la liberación de recursos han sido demasiado modestos ante la magnitud de la crisis estructural. Espacios Abiertos señala que los últimos planes fiscales proyectan la reaparición de un déficit estructural tan pronto como el año 2028.

Esa advertencia confirma que la supuesta “salida” de la quiebra no equivale a un saneamiento sostenible, sino a una pausa temporal. Mientras persistan los desequilibrios fiscales, y en ausencia de un crecimiento económico robusto, el riesgo de una segunda crisis o “re-quiebra” permanece latente. La reparación de la deuda no ha sido acompañada de un plan eficaz de desarrollo que modifique la base estructural de ingresos y gastos del gobierno.

Cualquier avance nominal se convierte en mera ilusión si no se atiende la raíz del problema.

Aun bajo la narrativa oficial de que el Plan de Ajuste de 2022 representó un “gran alivio” para Puerto Rico, las cifras demuestran lo contrario. El servicio anual total de la deuda del gobierno central asciende a aproximadamente 4,350 millones de dólares. Esa suma incluye 1,150 millones anuales para los bonistas, 2,200 millones para el pago directo a los pensionados —al tratarlos como acreedores en vez de financiar adecuadamente el sistema de retiro— y 1,000 millones destinados al fideicomiso de pensiones.

Cuando estas obligaciones se comparan con el presupuesto anual promedio del gobierno central, que ronda entre 11,000 y 12,000 millones, queda claro que más de una tercera parte del gasto público disponible queda automáticamente comprometida para atender deudas pasadas. Es dinero que no va a servicios esenciales ni a proyectos de desarrollo económico.

El supuesto “alivio” es, en realidad, una camisa de fuerza fiscal. La Junta prefirió reclasificar a los pensionados como acreedores, inflando artificialmente el tamaño de la reestructuración, en vez de cumplir con la obligación que impone la propia PROMESA de asegurar un financiamiento adecuado y sostenible de los sistemas de retiro. El resultado es un esquema en el que el país dedica una porción exorbitante de su presupuesto a pagar deuda, mientras carece de los recursos necesarios para atender las necesidades urgentes de su población.

AEE, LUMA, Genera: el laboratorio del desastre energético

El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica es el ejemplo más devastador del fracaso de PROMESA y del colapso del régimen colonial. Tras décadas de abandono político y de decisiones gerenciales erradas, la intervención de la Junta no trajo planificación estratégica ni una política energética moderna.

Lo que produjo fue una privatización improvisada que entregó la transmisión y distribución a LUMA Energy y la operación de las plantas a Genera PR. Ambos contratos se aprobaron sin un marco de rendimiento exigente, sin métricas de servicio vinculadas a penalidades significativas y sin una rendición de cuentas efectiva.

El resultado es un sistema más caro, más inestable y vulnerable que antes. Los apagones son constantes porque la red no ha sido modernizada. Las tarifas continúan en ascenso, aun cuando el costo del combustible ha fluctuado a la baja en distintos periodos. La confiabilidad del servicio sigue entre las peores jurisdicciones bajo la bandera estadounidense.

Mientras tanto, LUMA y Genera operan bajo contratos que les garantizan ingresos multimillonarios independientemente de su desempeño real. Se ha creado un incentivo perverso donde el lucro privado está desligado de la calidad del servicio.

A esta crisis se suma un elemento aún más grave y menos discutido. LUMA Energy no ha cumplido con obligaciones contractuales esenciales relacionadas con la recaudación eficiente de los ingresos mediante la factura eléctrica ni con la tramitación oportuna de los reembolsos de FEMA. Ese incumplimiento ha provocado un déficit operativo crónico dentro del propio sistema privatizado.

Es lo que he denominado “la quiebra dentro de la quiebra”: un colapso financiero adicional, generado no por la insolvencia heredada de la antigua AEE, sino por la incapacidad del privatizador para manejar adecuadamente el flujo de caja diario. Como consecuencia directa, LUMA ha acudido repetidamente al Negociado de Energía para solicitar aumentos tarifarios insostenibles que trasladan al consumidor el costo de su mala administración.

Esos aumentos —como ha advertido el economista Dr. Ramón Cao— no resuelven la crisis, la agravan. Cada incremento tarifario reduce la demanda, expulsa abonados hacia sistemas alternos, acelera la desconexión de la red y disminuye los ingresos disponibles para operar el sistema. Se genera así un ciclo de colapso conocido como “death spiral”.

En ese escenario, la privatización no solo ha degradado la confiabilidad del servicio. Amenaza con destruir la viabilidad económica misma del sistema eléctrico, empujando a Puerto Rico hacia un abismo energético sin precedentes.

A nivel fiscal, la situación no es mejor. La deuda propuesta para la AEE es impagable. Imponer cargos adicionales sobre una población ya empobrecida no resolverá la insolvencia estructural de una corporación pública destruida por décadas de politización y por un modelo energético obsoleto, dependiente del petróleo y sin inversión sostenida en renovables.

La Junta, en vez de liderar una reestructuración responsable y alineada con las necesidades de un sistema resiliente, ha impulsado acuerdos diseñados para satisfacer primero a ciertos acreedores. Lo hace sin considerar la capacidad real de pago de los abonados ni la situación de emergencia energética que vive el país.

Esta visión fragmentada, que prioriza la contabilidad sobre la ingeniería, ha dejado a Puerto Rico atrapado en un círculo vicioso: un sistema energético colapsado que no puede atraer inversión, una economía paralizada por la inestabilidad del servicio y una población obligada a subsidiar un modelo que solo beneficia a operadores privados y consultores de la Junta.

La Junta no se irá sola

Uno de los temas más engañosos del discurso oficial sobre PROMESA es la supuesta “salida natural” de la Junta cuando se cumplan los criterios establecidos en la ley. PROMESA habla de “cuatro presupuestos balanceados consecutivos” y de “acceso sostenible a los mercados de capital”.

Sin embargo, esa terminología es tan ambigua y manipulable que convierte la permanencia de la Junta en una decisión discrecional del propio organismo. La Junta certifica los planes fiscales, determina si hay balance, define qué significa “sostenibilidad” y establece si la confianza de los mercados se ha recuperado. En otras palabras, se evalúa a sí misma, con criterios que ella misma interpreta, sin obligación de someterse a un examen independiente.

En ese escenario, la “transitoriedad” de la Junta no es más que un recurso retórico para justificar su instalación. En la práctica, la ley la convirtió en un tutelaje de duración indefinida.

Esa ambigüedad estructural, combinada con el interés político del Congreso y del Tesoro en mantener un mecanismo de control colonial sobre las finanzas del país, lleva a una conclusión inevitable: la Junta no se va a ir por su propia voluntad ni como resultado automático del cumplimiento de criterios vagos.

La Junta permanece mientras le sea útil al gobierno federal y mientras sirva para mantener el orden colonial y garantizar el cobro de intereses económicos externos. La idea de que PROMESA contiene una salida clara y objetiva es sencillamente falsa.

Por eso sostengo que a la Junta no se la convence: se la saca. Y eso requiere presión política, movilización social, ejercicio afirmado de soberanía y un proyecto de país que confronte directamente el colonialismo fiscal. Puerto Rico no puede esperar pasivamente a que la Junta decida retirarse. Debe articular un movimiento político e institucional que la desplace.

El callejón sin salida del ELA, la estadidad y el militarismo

PROMESA demostró que el régimen territorial llegó a su límite histórico. El Estado Libre Asociado no posee instrumentos para crear desarrollo económico, defender las instituciones del país, manejar crisis fiscales o influir en la política federal. Las propuestas de “mejoras” o “modernizaciones” son ejercicios retóricos sin viabilidad jurídica ni política.

Por otro lado, la estadidad, constantemente presentada como alternativa, enfrenta una oposición firme dentro del Partido Republicano. Como ha denunciado públicamente Plan B: Independencia, la facción estadista local, consciente de ese rechazo, ha comenzado a promover un discurso de militarización como especie de salvoconducto político ante Washington.

Bajo esa narrativa, se intenta presentar a Puerto Rico como un bastión militar estratégico que justificaría la estadidad o, al menos, impediría el cierre definitivo de la puerta federal. Ese argumento —que vincula obras de infraestructura, expansión militar encubierta y alineamiento geopolítico— no tiene nada que ver con el desarrollo económico del país. Tiene todo que ver con un intento desesperado de evitar aceptar la realidad: la estadidad no tiene futuro porque el Partido Republicano no la quiere.

Este giro hacia el militarismo no solo es peligroso. Es la confirmación final de que la colonia no tiene alternativas. Ningún partido colonial ha podido articular un modelo de desarrollo creíble dentro del territorialismo porque el colonialismo, por definición, imposibilita el autogobierno.

Mientras tanto, la prensa dominante evita discutir este colapso estructural. Se refugia en la cobertura superficial de la política cotidiana y bloquea —o ignora— la conversación seria que Puerto Rico necesita tener sobre su futuro.

Hacia la soberanía

Todo este cuadro apunta en una sola dirección: Puerto Rico no puede prosperar dentro de un régimen colonial. Un país sin control sobre su economía, su política laboral, su energía, su presupuesto, su comercio ni su política exterior está impedido de diseñar un proyecto de desarrollo real.

PROMESA no fue el error. Fue el síntoma final del agotamiento histórico del territorialismo. La única salida viable es la soberanía plena, ya sea mediante la independencia o la libre asociación. Solo así el país podría ejercer control sobre los instrumentos esenciales de desarrollo y superar el “súper-coloniaje” impuesto por PROMESA.

PROMESA no resolvió la crisis. La profundizó. No devolvió la confianza. La destruyó. No modernizó al país. Lo empobreció.

Pero, paradójicamente, dejó un regalo involuntario: demostró que la colonia es impracticable, que el Estado Libre Asociado está agotado, que la estadidad está bloqueada y que el militarismo no es más que el último recurso discursivo de un movimiento sin futuro.

La conversación que Puerto Rico necesita no es cómo operar dentro de PROMESA ni cómo administrar la cotidianidad colonial. Es cómo salir de ella. No es cómo ajustar el colonialismo, sino cómo superarlo.

Es hora de discutir seriamente la descolonización y la independencia, porque la alternativa es seguir atrapados en un sistema que ya colapsó ante nuestros ojos.

Fascismo en los Estados Unidos: del mito histórico a la amenaza viva para Puerto Rico

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

El fascismo no es un fantasma lejano de Europa en los años treinta. Es una lógica política que reaparece cuando el capitalismo entra en crisis y las élites recurren a soluciones autoritarias para preservar el orden. No es simplemente un estilo agresivo o un insulto, sino un fenómeno histórico con reglas propias: exige un mito de renacimiento nacional, busca destruir la oposición política, moviliza a las masas en torno al líder y, en su fase radicalizada, necesita guerra o represión para sostenerse.

La historia demuestra que ninguna sociedad capitalista que haya abrazado el fascismo radicalizado ha logrado estabilizarse sin desencadenar un conflicto civil interno o internacional. Alemania, Italia y España son la prueba viva: sus regímenes no pudieron vivir en paz con sus pueblos ni con sus vecinos. El fascismo no sabe gobernar en calma. Vive de la confrontación permanente, y cuando no hay enemigos, los inventa. Por eso vemos un Donald Trump con su Departamento de la Guerra, viendo enemigos fantasmagóricos tanto en Chicago como en Venezuela.

El teórico Roger Griffin definió el fascismo como un proyecto refundacional: la promesa de renacer la nación después de un supuesto período de decadencia. Esa narrativa exige enemigos internos y externos que expliquen la decadencia y que puedan ser eliminados para que la nación resucite. Robert Paxton, por su parte, explicó que el fascismo pasa por cinco etapas, y que en la última, cuando ya está en el poder, se radicaliza para cumplir su promesa de transformación total. Esa radicalización casi siempre conduce a la guerra interna o externa.

El fascismo no puede estabilizarse en frío porque su fuerza reside en la movilización permanente. Requiere victorias espectaculares: aplastar sindicatos, aniquilar minorías, conquistar territorios. Sin esas hazañas, las masas movilizadas se frustran, los líderes pierden legitimidad, y el régimen se desmorona. Por eso la historia muestra que los fascismos se sostienen solo mientras generan violencia, represión o expansión.

El ejemplo más contundente es la Alemania nazi. Hitler consolidó su poder destruyendo el movimiento obrero, ilegalizando partidos, y persiguiendo a judíos, comunistas y opositores. Pero esa represión no era suficiente para mantener la ilusión del renacimiento alemán. La economía nazi, como demostró el historiador Adam Tooze, estaba llena de cuellos de botella: faltaban divisas, materias primas y alimentos. La única salida era la expansión imperial mediante la guerra.

Así, la “estabilidad” del Tercer Reich se construyó sobre el saqueo de Europa, el trabajo forzado de millones de esclavos, y el genocidio. Fue una estabilidad efímera y criminal, que se sostuvo mientras la Wehrmacht avanzaba y saqueaba. Cuando la guerra se perdió, el régimen colapsó. El fascismo no pudo sobrevivir sin guerra, porque la guerra era su motor vital.

Italia bajo Mussolini siguió un camino paralelo. Prometió orden y grandeza, pero la economía permanecía débil, y la sociedad seguía dividida. Para ocultar el fracaso, el régimen impulsóguerras: Etiopía en 1935, España en 1936, y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Cada conflicto buscaba dar sentido a la retórica del renacimiento imperial romano.

La realidad fue que, sin esas guerras, el régimen habría colapsado mucho antes. La represión interna y la propaganda no bastaban; hacía falta una epopeya exterior. Como en Alemania, la derrota militar reveló la fragilidad del experimento fascista.

España mostró otra vía: la guerra civil. Franco se impuso tras un conflicto fratricida que dejó medio millón de muertos. Su régimen se estabilizó porque aniquiló físicamente a sus adversarios. La paz franquista no fue diálogo, fue la paz de los cementerios. Décadas de represión, cárcel y fusilamientos aseguraron que la oposición no pudiera reorganizarse.

Estos tres casos muestran la misma lógica. El fascismo radicalizado no se puede sostener sin violencia. Sus tres motores principales lo empujan siempre al conflicto:

1. La necesidad de movilizar masas exige enemigos constantes.

2. La economía dirigida se enfrenta a límites que solo la expansión promete resolver.

3. La eliminación del pluralismo canaliza la energía política hacia la represión.

El fascismo no administra; combate. No negocia; aplasta. No gobierna; guerrear es su modo de existir. ¿Suena Familiar?

Muchos creen que Estados Unidos nunca estuvo en riesgo de fascismo. La realidad es más incómoda. En los años treinta, la crisis económica creó un terreno fértil para discursos autoritarios. El “Padre Coughlin” llegó a tener audiencias de millones con mensajes antidemocráticos y antisemitas. El German-American Bund llenó el Madison Square Garden en 1939 con 20,000 simpatizantes nazis. Y el llamado “Business Plot” intentó articular un golpe contra Roosevelt para instaurar un régimen corporativo.

La diferencia estuvo en el New Deal y en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt canalizó el descontento mediante reformas sociales: seguridad social, derechos laborales, regulación financiera. Y la guerra movilizó a millones, reactivó la economía y neutralizó tentaciones fascistas. Estados Unidos desvió el camino porque reformó hacia adentro y guerreó hacia afuera.

Tras 1945, Estados Unidos no desmovilizó su aparato bélico. Creó el complejo militar-industrial, al que Eisenhower advirtió en 1961. Ese sistema funcionó como una válvula: mantenía un estado de movilización permanente, pero dentro de un marco democrático. La Guerra Fría fue una guerra constante de baja intensidad que justificó presupuestos gigantescos de defensa y disciplina nacional, sin necesidad de instaurar un fascismo formal.

Ese equilibrio permitió al capitalismo estadounidense estabilizarse, pero no eliminó el riesgo. Solo lo canalizó hacia fuera.

Hoy, el fascismo no aparece con camisas pardas ni marchas con antorchas, sino con tuits y transmisiones. Un ejemplo palpable es Laura Loomer, activista de extrema derecha, cercana a sectores trumpistas. Su discurso concentra todos los elementos fascistas: odio racial, demonización de la inmigración, conspiracionismo, y llamados explícitos a destruir a la izquierda.

En junio de 2025, Loomer escribió en Twitter: “Alligator Alcatraz. Feeding illegals to the gators. We need more of this energy.” (“Alcatraz de caimanes. Alimentando indocumentados a los caimanes. Necesitamos más de esta energía.”). En otro mensaje añadió: “Alligator lives matter. The good news is, alligators are guaranteed at least 65 million meals if we get started now.” (“Las vidas de los caimanes importan. La buena noticia es que los caimanes tienen garantizadas al menos 65 millones de comidas si comenzamos ya.”).

Estas frases no son bromas oscuras, sino metáforas genocidas. Transforman a inmigrantes en “comida para caimanes”, los reducen a desechos que deben ser eliminados físicamente. No hay aquí un debate sobre política migratoria, sino la deshumanización absoluta del enemigo interno.

En septiembre de 2025, tras el asesinato de Charlie Kirk, Loomer fue más lejos: “It’s time for the Trump administration to shut down, defund & prosecute every single Leftist organization. We must shut these lunatic leftists down. Once and for all. The Left is a national security threat.”(“Es hora de que el gobierno de Trump cierre, desfinancie y procese judicialmente a todas las organizaciones de izquierda. Debemos cerrar a estos izquierdistas lunáticos. De una vez y para siempre. La izquierda es una amenaza a la seguridad nacional.”).

Este no es un simple exabrupto. Es una exigencia de usar el aparato del Estado para encarcelar a los adversarios políticos, sin juicio político democrático, sin diálogo. La izquierda ya no es un adversario con ideas distintas; es un “enemigo de la nación” que debe ser aplastado y eliminado. Esa es la lógica fascista en su forma más pura.

Muchos dirán que Loomer es solo una provocadora marginal. Pero esa lectura es peligrosa. La historia muestra que los fascismos comenzaron precisamente en los márgenes, con voces que parecían exageradas hasta que encontraron la coyuntura para entrar en el centro. Mussolini empezó con camisas negras que parecían pandillas; Hitler con discursos de taberna. El fascismo se normaliza cuando sus expresiones dejan de ser impensables y pasan a ser parte del debate público.

En Estados Unidos, frases como las de Loomer normalizan la idea de que hay enemigos internos que deben ser eliminados, no persuadidos. Eso erosiona la base misma de la democracia: el reconocimiento de que los adversarios son parte del mismo cuerpo político. Cuando el adversario se convierte en “amenaza existencial” y “cáncer”, la consecuencia lógica es la violencia o la cárcel. Desafortunadamente, el presidente Trump es un promotor incuestionable de estas ideas.

¿Significa esto que Estados Unidos ya es un país fascista? Formalmente no, pero está cerca, pues todavía quedan ciertos pesos y contrapesos. Pero el discurso fascista está normalizado en sectores amplios. La criminalización de la inmigración masiva, la identificación de la izquierda como enemigo interno, y el llamado a usar el Estado para encarcelar opositores son rasgos inconfundibles del fascismo.

La existencia de estos discursos en la esfera pública, amplificados por figuras como Loomer, y repetidos por el presidente Trump, muestra que Estados Unidos no es inmune. Como en los años treinta, las tensiones sociales, el racismo estructural, y la polarización política crean el terreno fértil. La diferencia es que ahora la retórica circula en tiempo real, amplificada por plataformas digitales con millones de seguidores.

Para la nación latina puertorriqueña, este panorama tiene un matiz aún más grave. Puerto Rico vive bajo un régimen colonial que lo ata a las decisiones de Washington sin derecho real a voz ni voto. Si los Estados Unidos se deslizan hacia un fascismo radicalizado, sus consecuencias no serán abstractas ni lejanas: caerán de lleno sobre el pueblo puertorriqueño.

Ya lo vemos con PROMESA y la Junta de Control Fiscal, un experimento autoritario impuesto desde el Congreso sin consentimiento de nuestro pueblo. Si hoy, bajo una democracia liberal debilitada, se nos impone un tutelaje colonial con poderes dictatoriales, ¿qué podemos esperar de un Estados Unidos fascizado? La persecución a los inmigrantes, la represión de la izquierda y la criminalización de la disidencia se volcarán inevitablemente contra nosotros, un pueblo latino, colonizado, históricamente tratado como ciudadanos de segunda clase.

La radicalización fascista en Estados Unidos convierte a Puerto Rico en territorio de sacrificio. Seríamos el laboratorio donde aplicar políticas de represión sin costo político interno: el cierre de organizaciones independentistas, la persecución de movimientos sociales, la represión de la prensa crítica y la militarización. No es una conjetura lejana; ya en el pasado el colonialismo estadounidense usó la Ley de la Mordaza de 1948 para encarcelar independentistas. Un fascismo pleno no tendría reparos en repetir y multiplicar esa experiencia.

Por eso, la única garantía para la supervivencia política, cultural y social de Puerto Rico es la independencia. Solo como nación soberana podremos protegernos de la deriva autoritaria de Estados Unidos. Solo como Estado libre e independiente podremos establecer nuestras propias defensas legales, económicas y sociales contra un imperio que amenaza con hundirse en el fascismo.

La historia nos muestra que el fascismo necesita enemigos internos. Para Estados Unidos, Puerto Rico es un candidato perfecto: un pueblo latino, pobre, colonizado, con aspiraciones de soberanía. Si no rompemos las cadenas coloniales, seremos el próximo chivo expiatorio de una nación que, en su radicalización, necesitará sangre para sostener su mito de grandeza. La independencia no es solo un proyecto político; es un acto de autodefensa histórica.

Bad Bunny y la imposibilidad de la estadidad

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas

Puerto Rico atraviesa una coyuntura en la que cultura y política se confunden, se entrelazan y se fortalecen mutuamente. La residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny, que reunió cerca de medio millón de personas en treinta y una funciones en el Coliseo de San Juan, fue más que un espectáculo musical: constituyó una afirmación masiva de identidad. Fue un acto colectivo de resistencia contra el colonialismo y contra la ilusión de la estadidad, en momentos en que Estados Unidos vive bajo un clima de intolerancia política, cultural y racismo visceral,impulsado por el movimiento MAGA y el presidente Donald Trump.

En ese contexto, lo que ocurrió en el Choliseo no puede analizarse como mero entretenimiento. La música de Bad Bunny, transmitida luego al planeta entero a través de Amazon Prime, se convirtió en el grito de un pueblo que insiste en existir como nación distinta y separada. Ese grito tiene implicaciones políticas: revela las contradicciones insalvables de la relación con Estados Unidos y la estadidad. Además, desnuda y denuncia las cadenas del colonialismo y refuerza que la independencia es la única salida posible para Puerto Rico.

El impacto trascendió las paredes del Choliseo. La transmisión por Amazon Prime multiplicó la experiencia y la llevó a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, a millones de fanáticos en América Latina y Europa, y a los estadounidenses que, sin entender el español, se sintieron atraídos por la energía, los ritmos y la estética de un espectáculo profundamente puertorriqueño.Esto envió un fuerte mensaje al poder colonial sobre la identidad indisoluble de nuestra puertorriqueñidad y que el movimiento MAGA seguro ha tomado nota.

Lo que hizo Bad Bunny fue mucho más que cantar reguetón o trap. En su puesta en escena predominaron elementos de la bomba y la plena y la herencia africana de Puerto Rico. Hubo expresiones contundentes del jíbaro y su música típica, la salsa, los paisajes de la Isla, la memoria del huracán María, y la emigración forzada. Cada símbolo colocado en el escenario fue un recordatorio de que Puerto Rico tiene raíces profundas y una cultura que no se borra con decretos ni plebiscitos.

El título de la residencia, No Me Quiero Ir de Aquí, fue una consigna política disfrazada de nostalgia. En un país donde cientos de miles han tenido que irse por falta de oportunidades, la frase adquirió un carácter de resistencia: permanecer, amar lo propio, luchar por quedarse.

Y como si eso no bastara, el público, al unísono, llenó los pequeños silencios y los intermedios con un grito que retumbaba más fuerte que cualquier canción: “¡Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas!”. Ese coro también acompañaba la salida del concierto, como un eco que se extendía hacia las calles de San Juan. El estribillo no fue una consigna improvisada, sino la reafirmación popular de que nuestra identidad no se negocia.

Mientras todo esto ocurría en San Juan, Estados Unidos se hunde en un discurso hostil hacia lo latino y hacia todo lo que no se ajuste al molde anglosajón. El movimiento MAGA, bajo el liderato de Donald Trump y de otros políticos republicanos, ha sembrado la idea de que los inmigrantes latinos son criminales, que el español es una amenaza y que la diversidad cultural es una debilidad para la nación.

Esta hostilidad tiene consecuencias directas para Puerto Rico. Siendo una nación de habla española, con identidad cultural caribeña y latinoamericana, la estadidad no sería una integración armoniosa. Sería una asimilación forzosa y violenta. Una erosión de la libertad política, los derechos humanos, la lengua y la cultura para poder encajar en un país que no tolera lo distinto.

La residencia de Bad Bunny, al reafirmar la cultura puertorriqueña como algo distinto y valioso, choca de frente con esa visión estadounidense. Los conciertos fueron un recordatorio masivo de que Puerto Rico no quiere convertirse en una réplica de Hawaii. La gente cantó, bailó y gritó que la Isla tiene su propio ritmo, su propio idioma y su propia manera de estar en el mundo.

Bad Bunny y su residencia demostraron que el pueblo no está dispuesto a ese sacrificio. La cultura puertorriqueña se reafirma en cada esquina, en cada canción, en cada baile. Y si algo quedó claro con medio millón de personas abarrotando el Choliseo es que la identidad no está en venta.

La residencia dejó al descubierto cuatro realidades políticas que tienen que discutirse de frente:

1. Visibilidad global: El mundo entero vio a Puerto Rico como nación étnica y cultural. No como un territorio de Estados Unidos, sino como un país con vida propia. Amazon Prime se convirtió en un escaparate internacional que proyectó la diferencia y la unicidad de la Isla.

2. Fortalecimiento de la diáspora: Los puertorriqueños que viven en Nueva York, Orlando, Chicago o Filadelfia sintieron que la Isla los llamaba. La residencia funcionó como un puente emocional que refuerza la identidad a pesar de la distancia. La diáspora no se asimila del todo porque tiene raíces culturales profundas que siguen vivas.

3. Rechazo al silencio colonial: En tiempos donde la crisis económica y política genera resignación, la frase No Me Quiero Ir de Aquí fue una bofetada al conformismo. La gente se apropió del lema como consigna contra la migración forzada y contra el colonialismo que nos expulsa de nuestra tierra.

4. MAGA no quiere integrar a Puerto Rico como estado: El racismo y hostilidad del gobierno de Donald Trump y el movimiento MAGA jamás aceptarán que Puerto Rico se integre como estado. La integración de Puerto Rico va en contra de todo lo que esa ideología perversa postula para el futuro de Estados Unidos.

Por tanto, Estados Unidos tiene un problema en sus manos. Puerto Rico no quiere dejar de ser lo que es. El Estado Libre Asociado está agotado y no ofrece soluciones. La estadidad exige una asimilación imposible. Y el colonialismo actual, donde la Junta de Control Fiscal decide sobre nuestras finanzas, es insostenible.

El concierto de Bad Bunny dejó claro que el pueblo quiere afirmarse como nación. La pregunta es: ¿qué hará Estados Unidos ante esa realidad? Seguir alargando el limbo colonial es condenar a Puerto Rico a la inestabilidad permanente. La única salida lógica, justa y coherente es la independencia. No como una fantasía romántica, sino como una necesidad histórica y de supervivencia. La independencia permitiría a Puerto Rico proteger su idioma, desarrollar su cultura sin presiones externas, diseñar su política económica y negociar en igualdad de condiciones con el resto del mundo.

Los detractores repetirán que la independencia es pobreza. Pero la verdad es que la pobreza ya existe bajo el colonialismo. La emigración masiva, la deuda impagable, la austeridad impuesta por la Junta, son consecuencias del estatus actual. La estadidad no ofrece una solución porque choca con la identidad étnica y cultural. La independencia, en cambio, abre la puerta a un futuro donde podamos ser nosotros mismos sin pedir permiso.

La residencia No Me Quiero Ir de Aquí fue, en la práctica, un referéndum nacional. El pueblo votó con sus piernas, caderas y brazos, con su entusiasmo y con su orgullo. Y el resultado fue claro: Puerto Rico quiere seguir siendo Puerto Rico.

En un Estados Unidos donde el racismo y la intolerancia se intensifican, la estadidad es una promesa vacía y peligrosa. La cultura puertorriqueña no cabe en el molde de la asimilación. BadBunny lo recordó al mundo entero: ¡Acho PR es otra cosa! Somos diferentes y esa diferencia es nuestra mayor riqueza.

Estados Unidos debe reconocerlo de una vez. El coloniaje no puede seguir siendo la respuesta. La única salida es la independencia, para que cuando digamos No Me Quiero Ir de Aquí, lo hagamos acompañados de ese grito unánime que vibró en cada concierto: “¡Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas!”.

Trumpismo y cristofascismo: la amenaza que se cierne sobre Puerto Rico

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La historia de Estados Unidos carga con una herida que nunca cicatrizó. La Guerra Civil abolió la esclavitud en los libros, pero no en las mentes. La victoria militar de un bando no significó la derrota del racismo ni de la idea de superioridad racial y religiosa. Esa visión excluyente sobrevivió latente y disfrazada, lista para resurgir cuando las circunstancias lo permitieran.

Un siglo después, en 1964, se aprobó la Ley de Derechos Civiles. Fue un paso importante, pero no suficiente. La supremacía blanca, las leyes de Jim Crow y la segregación habían sembrado raíces profundas. La nueva legislación prohibió ciertos lenguajes y conductas, pero nunca eliminó la ideología y el modo de vida que los sustentaba.

Donald Trump abrió la compuerta que mantenía reprimida esa bilis. Su discurso normalizó el racismo, la misoginia y el desprecio por las libertades civiles. Con él, millones de personas encontraron licencia para decir en voz alta lo que antes susurraban en privado. No sienten vergüenza en afirmar que la esclavitud fue un mal menor, que las reparaciones son innecesarias, que hay que expulsar del país a los librepensadores o que las mujeres no tienen derecho sobre sus cuerpos.

Durante su primer cuatrienio de Trump, esa retórica se desbordó. En este segundo, la situación es aún más peligrosa. Trump ya no necesita contenerse ni guardar las apariencias. Ha institucionalizado un lenguaje de odio y exclusión que permea todas las esferas del poder estadounidense. Ese lenguaje ahora se ha traducido en acciones represivas locales e internacionales.

Hace apenas unos días, Trump firmó el memorando conocido como NSPM-7. Con ese documento instruyó a los Departamentos de Justicia y del Tesoro, al FBI y a otras agencias de seguridad nacional a perseguir y reprimir a individuos u organizaciones que “fomenten violencia política”. Pero la definición es tan vaga y amplia que cabe todo. El memorando permite la intervención y represión antes de que se cometa cualquier crimen.  Esto es el epítome del castigo criminal por lo que pensemos.

¿Qué es “violencia política” para Trump? Puede ser criticar el capitalismo, apoyar los derechos de las personas trans, cuestionar la supremacía blanca o respaldar la independencia de Puerto Rico. Es decir, cualquier posición que choque con la visión de los MAGA y cristofascistas.

Ese memorando convierte la mera disidencia en un delito. No se persigue la acción violenta, sino el pensamiento crítico previo. Se criminaliza la oposición política bajo el disfraz de proteger a la nación. Eso es fascismo puro: suprimir la diversidad ideológica para imponer una verdad única.

Trump ha declarado enemigos a quienes no encajen en su molde de familia, religión y raza. Cree que defender los derechos de las personas LGBT es un extremismo. Que hablar de igualdad racial es un extremismo. Que cuestionar los privilegios del cristianismo fundamentalista es un extremismo.

Bajo esa lógica, millones de ciudadanos estadounidenses —y prácticamente todos los puertorriqueños— somos potenciales sospechosos. Puerto Rico, mestizo por naturaleza, jamás podrá entrar en ese club de “pureza racial” que promueve la ultraderecha. Por eso la estadidad es, además de indeseable, imposible.

El fenómeno se agudiza con el peso del cristofascismo: la fusión del fundamentalismo religioso con el autoritarismo político. Bajo la excusa de defender la fe, se persigue, se discrimina y se excluye. Se utiliza la Biblia como arma para legitimar la violencia y negar derechos. Se impone lo que dice una creencia o un libro religioso por sobre lo que opinan los demás.

En Puerto Rico ya vemos señales claras. Sectores religiosos ultraconservadores se alinean con Trump y con figuras como Charlie Kirk, uno de los voceros más tóxicos del fascismo estadounidense. Ese grupo pretende exportar a la isla una agenda ajena a nuestra realidad social, sembrando división en un país que siempre ha sido mestizo, empático y diverso.

El peligro encuentra un caldo de cultivo cuando quienes gobiernan a Puerto Rico se arrodillan ante esa ideología. Jennifer González ha decidido plegarse sin reservas al trumpismo. En lugar de defender los intereses de nuestra gente, adopta las posturas más retrógradas de la derecha norteamericana.

Un ejemplo claro fue su decisión de apoyar las políticas abusivas antiinmigrantes y de retirar a Puerto Rico de una demanda multimillonaria contra las compañías petroleras responsables del cambio climático. En vez de luchar por compensaciones que podrían salvar vidas en una isla golpeada por huracanes, prefirió complacer a Trump, que niega el calentamiento global.

Ese acto de sumisión es una traición a nuestro pueblo. Puerto Rico, de todos los lugares, debería estar en la primera línea de combate contra la crisis climática. Pero nuestra gobernadora prefiere congraciarse con quienes nos desprecian.

El NSPM-7 abre la puerta a revivir las prácticas más nefastas de nuestra historia: la persecución política y las carpetas. Bajo el pretexto de vigilar “extremismos”, se puede fichar a todo el que piense distinto, desde independentistas hasta feministas o ambientalistas. Ya sabemos cómo termina eso: represión, miedo y división. Convertir la diferencia en crimen es repetir las peores páginas del pasado. Esto nos llevaría a la violencia y a esfuerzos genocidas.

Muchos analistas coinciden en que Estados Unidos se acerca a una nueva guerra civil. Las tensiones ideológicas son irreconciliables. El diálogo se ha sustituido por insultos y amenazas de exterminio. El otro ya no es adversario político, sino enemigo a destruir. Trump alimenta esa dinámica porque sabe que el caos le beneficia. No piensa entregar el poder, aunque pierda elecciones. Ya lo demostró en 2020 y lo repite cada día. Sus órdenes ejecutivas y sus discursos van dirigidos a crear un clima de violencia que justifique la represión militar para perpetuarse en el poder político y económico.

El resultado es un país donde la gente camina armada por las calles, donde los tiroteos masivos son cotidianos y donde se criminaliza la protesta. Ese es el modelo que algunos quieren importar a Puerto Rico.

Frente a este panorama, insistir en la estadidad es una ilusión peligrosa. Estados Unidos jamás aceptará como iguales a los puertorriqueños. No lo hizo en 1898, ni en 1964, ni lo hará ahora. Nuestra piel mestiza y nuestro idioma nos condenan a ser vistos como extranjeros en nuestra propia tierra. La retórica del “somos americanos” choca con la realidad diaria de millones de boricuas discriminados en Estados Unidos. Para los MAGA, siempre seremos “aliens”, “savages”, o como dicen los Casos Insulares, pueblos incapaces de gobernarse. Esa mentalidad no ha cambiado y no cambiará.

Puerto Rico ya vive una nueva versión del coloniaje. La primera etapa fue el Estado Libre Asociado, que nunca resolvió nuestros problemas democráticos. La segunda llegó con PROMESA y la Junta de Control Fiscal, que despojó al país de su soberanía fiscal y económica.Ahora enfrentamos la colonia 3.0: un gobierno local sometido al trumpismo y a una visión fascista importada desde Estados Unidos. Con una gobernadora sumisa y una Junta más dura, el margen de autogobierno es cada vez más estrecho.

En medio de este clima, la cultura también juega un papel. La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl será un terremoto cultural. En la “fiesta sagrada” del americanismo, aparecerá un artista boricua que canta en español, denuncia la gentrificación y dice “acho PR es otra cosa”. Ese gesto enviará un mensaje claro: no somos americanos, somos otra nación. Y ese recordatorio, en un escenario global, provocará reacciones violentas de quienes quieren imponer uniformidad cultural.

Puerto Rico no puede seguir a ciegas esa ruta de odio y violencia. Nuestra historia nos ha enseñado el valor de la resistencia. Como pueblo mestizo, sabemos que la diversidad no es amenaza, sino riqueza.

El trumpismo y el cristofascismo representan lo contrario: la imposición de un solo color, una sola fe, una sola voz. Si dejamos que esas ideas arraiguen aquí, perderemos décadas en sanar las heridas que provocarán.

Hoy estamos ante una encrucijada. Podemos aceptar la sumisión a un imperio que se hunde en el fascismo o podemos levantar la voz para defender nuestras libertades civiles, nuestra diversidad y nuestro derecho a ser diferentes. El trumpismo no ofrece futuro para Puerto Rico. Solo promete persecución, pobreza y violencia. La estadidad, lejos de ser solución, sería nuestra condena para vivir como ciudadanos de segunda en un país que no nos quiere.

La alternativa es clara: reconstruir un proyecto de país libre, soberano y democrático, donde la diversidad sea fuerza y no motivo de persecución. Donde la religión no se use como arma, sino que cada cual pueda creer —o no creer— en libertad.

Ese es el desafío de nuestra generación: impedir que el fascismo se aferre al suelo boricua. Denunciarlo, organizarse y resistir. Solo así podremos garantizar que Puerto Rico no se hunda en la marea de odio que arrastra a Estados Unidos.

La Costosa Factura de la Junta de Supervisión Fiscal

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Desde el 1 de septiembre de 2025, entraron en vigor dos cargos nuevos en la factura de la energía eléctrica: un “ajuste provisional” para costear operaciones de LUMA y Genera, y un cargo para pagar las pensiones de los retirados de la AEE. Aunque no ha sido una sorpresa, el aumento en el costo ha creado conmoción en el pueblo de Puerto Rico y augura problemas económicos adicionales para la AEE, y las familias y negocios puertorriqueños.

Ambos cargos se cobran por kilovatio hora. El de pensiones ronda 1.9 ¢/kWh y el ajuste provisional cerca de 1.5 ¢/kWh. Para un hogar de consumo alto, eso son decenas de dólares extra; para un comercio, cientos. Es el síntoma más visible de una cadena de errores que tienen nombre y apellido: la Junta de Supervisión Fiscal y sus promotores del bipartidismo local.  

Voy al origen. La ley PROMESA exige que los planes fiscales “provean financiamiento adecuado para los sistemas de retiro”. Esa obligación está escrita con toda claridad en el Título II. Aun así, desde 2017 lo advertimos y en 2018 se lo reiteramos cara a cara a la entonces directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko: sin aportar lo que correspondía, el sistema de retiro de la AEE colapsaría. La Junta hizo caso omiso. Hoy, el pago de pensiones “pay-as-you-go” se transfiere al abonado vía la tarifa de energía. Eso no es culpa de los pensionados ni de UTIER; es un craso incumplimiento de la ley por parte de la Junta y una irresponsabilidad de la clase política bipartita que se cruzó de brazos ante la inminencia del desastre.  

El Negociado de Energía, ante el vacío creado por la Junta, terminó imponiendo un cargo para cubrir pensiones y otro “provisional” para mantener operando a los privatizadores. Es un parche, no una solución. Y es un parche que sangra a un país cansado de pagar caro por un servicio eléctrico inestable.  

También lo dijimos desde el día uno: la privatización encarece el costo de la energía porque su razón de ser es generar ganancias a los accionistas de las privatizadoras. Los contratos de privatización crearon un ecosistema de transacciones entre partes relacionadas y acuerdos “entre casa” propensos a rentas y conflictos de interés. Desde que se dio a conocer el contrato de Luma, el Centro para una Nueva Economía (“CNE”) lo confirmó: la estructura que amarra GridCo, GenCo y LUMA abre las puertas a “related-party transactions” y oportunidades de “rent-seeking”. Es decir, que las mismas empresas que administran la red y la generación pueden contratarse a sí mismas o a sus afiliadas, facturarse servicios, inflar costos y repartirse beneficios a espaldas del consumidor. ¿Sorpresa? Ninguna. 

Esa arquitectura se convirtió en negocio antes que servicio. Mientras el país paga, el operador maneja presupuestos, compartidos y reembolsos de FEMA con márgenes de maniobra para obtener ganancias adicionales. CNE pidió un escrutinio estricto de estas transacciones precisamente por el riesgo de rentas ocultas y malversación. Ese llamado sigue vigente y totalmente desoído.  

¿Y la eficiencia? Recientemente, Luma admitió ante el Negociado de Energía que no iba a cumplir con las promesas de eficiencias económicas que iban a bajar la factura. En cuanto al servicio, los propios comunicados de Luma y Genera muestran que la duración de las interrupciones subió en los últimos 12 meses y que proyectos críticos quedaron sin financiamiento apropiado. Privatizar no arregló la red; le agregó capas de costos administrativos y conflictos, sin los resultados prometidos.  

Mientras tanto, la discusión de la deuda de los bonistas sigue colgando de un hilo. A inicios de año, la Junta dijo que no subiría las tarifas para pagar bonos; en agosto esta postura colapsó con los despidos de los miembros de la Junta. Esa incertidumbre, y balance nuevo de poder, anuncia más aumentos futuros—el famoso “cargo legado” o cualquier nombre que inventen—con el nuevo tablero político inclinado a favor de los acreedores.  

Encima, los atrasos en pagos y la morosidad crecen porque la gente no puede pagar su factura. Los clientes deben actualmente más de $1,300 millones. El déficit operacional de Luma es de más de $500 millones. La respuesta de la política pública, en vez de atacar la raíz—financiamiento de pensiones como manda la ley, planificación seria, control de costos y fin de los incentivos privados perversos—ha sido pasar el costo al consumidor. No hay economía que resista un servicio esencial que se cobra como lujo.  

¿A dónde conduce todo esto? A una espiral de muerte del sistema eléctrico. Significa que cada aumento en la tarifa hace que más familias y negocios no puedan pagar la luz y busquen alternativas, como instalar placas solares o reducir drásticamente su consumo. Al irse esos clientes, la AEE y las privatizadoras reciben menos ingresos, lo que obliga a subir aún más la tarifa para cubrir sus costos fijos. Ese nuevo aumento expulsa todavía a más clientes, y el círculo se repite sin parar. En poco tiempo, solo los que no tienen recursos para moverse a renovables quedan atrapados pagando las tarifas más altas. El economista Ramón Cao lo advirtió esta semana: con los aumentos actuales, esa espiral no es una hipótesis, es un escenario muy probable. En palabras sencillas, es como una bola de nieve que rueda cuesta abajo: cada vuelta es más grande y más destructiva, hasta que el sistema colapsa.

Algunos dirán que “no hay de otra”. Falso. La “otra” era cumplir PROMESA donde obliga: financiar el sistema de retiro a tiempo; reestructurar con realismo y sin convertir la tarifa en cajero automático de bonistas y contratistas; y mantener la operación en una autoridad pública reconstituida, despolitizada, autónoma, profesional y democrática, con controles férreos contra la corrupción y la captura. Eso sí abarata y mejora el servicio de energía.

Por eso sostengo, sin rodeos: la responsable principal del desastre energético es de la Junta de Supervisión Fiscal, por omitir su deber con las pensiones y por forzar una privatización costosa e ineficiente. Cómplices son los gobiernos rojos y azules que allanaron el camino, aplaudieron los contratos y miraron hacia otro lado cuando fallaron. El pueblo paga, los accionistas cobran, y la luz sigue parpadeando.  

¿Qué toca ahora? Romper de raíz con la fórmula que nos trajo a este desastre. Eso significa cancelar los contratos que han convertido la electricidad en un negocio privado, y devolver la administración del sistema a un modelo público que responda al interés colectivo. Hay que eliminar los incentivos que hoy favorecen ganancias privadas a costa del pueblo y garantizar que la ley se cumpla donde más importa: en proteger las pensiones y derechos de los trabajadores que construyeron y mantuvieron la red por décadas. De lo contrario, seguiremos tirando dinero bueno detrás del malo sin obtener resultados.

Contra la remilitarización: un error histórico para Puerto Rico

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La derecha colonial en Puerto Rico vuelve a coquetear con una de las peores pesadillas de nuestra historia: la remilitarización de la isla. Con discursos que venden espejismos de seguridad y progreso, sectores del PNP y sus aliados intentan justificar la reapertura de bases y la presencia visible de fuerzas militares. Lo hacen en un cálculo torpe, ignorando lo que significa en términos de ambiente, economía y dignidad nacional.

El militarismo nunca ha traído desarrollo económico a Puerto Rico. Basta mirar a Vieques y Culebra. Durante décadas soportaron la ocupación militar más brutal, con bombardeos, desplazamientos y enfermedades provocadas por la contaminación. ¿Cuál fue el legado económico de esa presencia? Desempleo, pobreza y estancamiento poblacional. Hoy, como ayer, las estadísticas muestran tasas de desempleo superiores al 15%, idénticas a las de la era de la Marina. La ilusión de que una base militar impulsa la economía local es una falacia tan vieja como peligrosa.

En el plano ambiental, la experiencia de Vieques es un recordatorio doloroso. Las explosiones dejaron cráteres en el terreno, aguas contaminadas y una de las incidencias más altas de cáncer en todo Puerto Rico. Esa herida ambiental aún no ha sido reparada, y a veinte años de la salida de la Marina, el pueblo sigue esperando justicia. Apostar a nuevas instalaciones militares equivale a perpetuar un modelo de destrucción ecológica que condena a nuestras comunidades a enfermedades y muerte.

Quienes defienden la remilitarización repiten la narrativa colonial de que Estados Unidos “nos protege” de amenazas externas. Sin embargo, lo que realmente hacen es convertirnos en objetivo militar. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico era blanco de los misiles soviéticos por la cantidad de instalaciones militares en la isla. ¿Queremos volver a ser carne de cañón en los conflictos de potencias extranjeras? Pretender que eso fortalece nuestra seguridad es otra mentira que esconde el verdadero fin: afianzar el control imperial sobre nuestro territorio.

La ingenuidad colonial se disfraza de entusiasmo cuando algunos celebran la llegada de barcos de guerra o se retratan sonrientes con marines. Esa mentalidad, cultivada por décadas de propaganda, reduce la tragedia de la militarización a un espectáculo folclórico. Pero detrás de la foto está la realidad: esos barcos están diseñados para matar, arrasar y sembrar terror. No se trata de héroes de cómic, sino de la maquinaria bélica más poderosa del planeta usando nuestra tierra como plataforma.

El error histórico del PNP y de la derecha es pensar que esta vez el pueblo aceptará sin resistencia. Ya lo vimos con las marchas recientes contra la remilitarización y lo vimos antes con Vieques. Cuando la Marina asesinó a David Sáenz, más de 100 mil personas salieron a la calle a exigir su salida. Esa lucha unió a Puerto Rico en una sola voz. Hoy, dos décadas después, las nuevas generaciones están retomando la causa, conscientes de que lo que está en juego no es solo el ambiente ni la economía, sino la soberanía.

Sin embargo, la lucha no puede quedarse en un episodio puntual. Sería un grave error repetir lo ocurrido tras la salida de la Marina en Vieques o la renuncia de Ricardo Rosselló: victorias importantes, pero sin un proyecto de descolonización inmediato. El verdadero objetivo no es solo detener la remilitarización, sino erradicar el coloniaje. Solo un Puerto Rico independiente podrá decidir sobre su territorio y garantizar que nunca más seamos usados como base de guerra.

Por eso es urgente que el independentismo y la izquierda actúen unidos, no únicamente en protestas reactivas, sino en una campaña permanente de educación y organización. La denuncia contra la remilitarización debe ir acompañada de la afirmación de un proyecto nacional: descolonización e independencia. Ese es el horizonte que evitará que las luchas se evaporen en victorias parciales.

Puerto Rico no necesita bases militares, necesita justicia, desarrollo sustentable y soberanía. Decir no a la remilitarización es decir sí a la vida, a la dignidad y al futuro. La historia nos dio otra oportunidad: no la desperdiciemos.

Expresiones de Plan B: Independencia ante el reciente apagón general de Semana Santa

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

“Puerto Rico toca fondo. Esto tiene que cambiar y ya”.

El apagón general del día de hoy que ha dejado al país entero sin electricidad, es la gota que finalmente colma la copa. A Genera PR la gobernadora Jennifer González Colón le regaló recientemente otros $110 millones para que sigan haciendo y deshaciendo a costa de nuestro progreso y bienestar. Por su parte a Luma, le pospuso su salida. Otra de esas farsas que ha montado en torno a dos entidades corporativas incompetentes incapaces, a todas luces de garantizar el efectivo funcionamiento y mejoramiento de nuestro sistema energético. 

Sin embargo, Puerto Rico está hoy no solo sin luz sino sin gobernadora, quien está tan desconectada de la realidad y la crisis nuestra aunque regrese de sus vacaciones. 

Y para colmo, la gobernadora interina la Lcda. Verónica Ferraiolli no ha sido aún confirmada en medio de controversias legales y éticas que se han suscitado en torno suyo. Asimismo, la Secretaria de Justicia Lcda. Janet Parra segunda en la línea de sucesión constitucional, tampoco ha sido confirmada. 

Entre los ya confirmados, sobresalen también los cuestionamientos legales y éticos de algunos. Por ejemplo, en relación al Secretario de Salud, el presidente del Senado se vio en la obligación de lavarse las manos como Poncio Pilatos en el caso de que su gestión termine en el desastre. Del Zar de la Energía, ni hablemos, otra farsa propia del “reality show” que nos ha estado vendiendo la publicidad engañosa de la gobernadora, pagada por el pueblo, la mayor parte de la cual no votó por ella.

En fin, luego de 100 días, estamos sin un gobierno debidamente constituido y, lo que es peor, sin un gobierno con planes y acciones concretas para solucionar efectivamente los problemas críticos a los que se enfrenta nuestro país.

La crisis actual ha desbordado a la administración, dando testimonio fehaciente de que la gobernadora no sabe gobernar. Mejor le fue como candidata y por ello se decidió en estos días por volver a serlo para el 2028. 

Entretanto, a ver qué pasa con los daños que le están infligiendo a nuestro pueblo los recortes y despidos, así como la guerra económica del presidente Donald Trump contra casi todo el mundo. La gobernadora ha dicho que no se opondrá a nada. Admite que le teme. Tampoco le importan los derechos, entre otros, de nuestros trabajadores, de nuestros hermanos dominicanos y menos aún los derechos de equidad y a no ser discriminados de la comunidad LGBTQ+. Ha optado por defender la libertad para discriminar. Evidentemente no podemos contar con ella para que defienda los derechos nacionales de Puerto Rico. 

Es un gobierno que anda a la deriva, sin un Plan propio. De ahí que se reduce a ser un apéndice a la trágala de la agenda económica y política del gobierno de Trump. 

Ante ello, cobra una urgencia mayor la propuesta de un Plan B que nos permita salvarnos del desgobierno actual. No podemos seguir empantanados en este punto muerto en que nos tienen los dos principales partidos coloniales: el PNP, con su estadidad imposible con más fondos federales, y el PPD, con su “ela” o estatus territorial actual, también con más fondos federales. Son dos opciones sin futuro alguno en el Washington de Trump. Ante esa realidad, innegable, la soberanía e independencia vuelve a imponerse no sólo como un derecho sino como una necesidad.

De ahí que nuestro grupo ha puesto sobre la mesa la propuesta de un Plan de Transición urgente hacia la soberanía e independencia de Puerto Rico. En días próximos estaremos complementando dicho Plan de Transición con un Plan de Desarrollo hacia una Economía Productiva y Solidaria. Ésta se trata de una propuesta concreta y viable para, una vez marginados los colonialistas de una y otra seña, y habiendo abierto un nuevo mapa de ruta aún en Washington para la descolonización plena de Puerto Rico, potenciar nuevamente el progreso social de todos los puertorriqueños que aspiran a la construcción inmediata de una Patria Nueva y una Nueva Sociedad.

Grupo Plan B-Independencia

Puerto Ricos´s housing crisis is no accident-it´s by design

La hora del Plan B: Trump y una orden ejecutiva de descolonización

El colonianismo cuesta

La Independencia es Posible

No es momento para la resignación: Puerto Rico enfrenta una encrucijada