Opinión

Autoritarismo colonial: la Junta manda, el PNP ejecuta

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Puerto Rico no está entrando en el autoritarismo: Puerto Rico vive dentro de él. La colonia, por definición, es un sistema donde el pueblo no decide lo esencial y la última palabra reside afuera. Aquí la “democracia” siempre ha sido restringida, condicionada, vigilada y, cuando conviene, suspendida.

Lo nuevo no es el dominio colonial; lo nuevo es su absolutización. Con PROMESA en 2016 se institucionalizó un gobierno sin voto y sin rostro: siete miembros no electos que dominan la política fiscal y convierten el presupuesto en un instrumento de mando. Desde entonces, la autonomía mínima del ELA quedó reducida a fachada administrativa: sirve para culpar al gobierno local y proteger al poder real.

Y, por si fuera poco, los gobiernos del PNP se insertaron en esa etapa post-PROMESA como ejecutores domésticos del mismo libreto neoliberal y autoritario. Opacidad, control del acceso a la información, ataques a la fiscalización, criminalización de la protesta y un giro legislativo para convertir el cuerpo de las mujeres en territorio del Estado. Si Ruth Ben-Ghiat describe las señales del autoritarismo contemporáneo, Puerto Rico exhibe una versión agravada: colonia sin soberanía y gobierno local dispuesto a normalizar la obediencia al trumpismo y MAGA.

Ruth Ben-Ghiat es historiadora, profesora de Historia e Italian Studies en la New York University, especializada en fascismo italiano, propaganda y autoritarismo comparado. En 2021 publicó Strongmen: Mussolini to the Present, donde estudia, a partir de casos históricos y contemporáneos, el “libreto” de los líderes autoritarios modernos: cómo capturan instituciones, explotan la corrupción y normalizan la violencia política.

Su advertencia central es simple: el autoritarismo no es una anomalía, es un método repetible. La democracia rara vez muere de un golpe; suele degradarse por etapas mediante propaganda, corrupción, ataques a la prensa y normalización de la violencia. El punto no es “psicología del líder”, sino herramientas de dominación del pueblo: fabricar enemigos, dividir y demonizar, castigar la verdad, capturar instituciones, enriquecerse y blindar la impunidad.

Ese marco teórico sirve porque nos obliga a mirar más allá del “escándalo del día” que consume las rutinas de la prensa defensora del sistema. Ben-Ghiat describe un sistema integrado: propaganda, corrupción, violencia y culto a la fuerza operan juntos. Cuando ese sistema se instala, la represión no siempre parece represión; muchas veces parece normalización y mero procedimiento.

Puerto Rico encaja en ese análisis con una diferencia decisiva: no es una república soberana en crisis institucional, sino un territorio colonial. Por eso, aquí la deriva autoritaria tiene un piso estructural anterior a cualquier partido político. La colonia es un régimen donde la última palabra no la tiene el pueblo que vive en el territorio, sino un poder externo. Esto ocasiona que nuestra situación sea más extrema y desesperante.

Mi tesis es sencilla y severa: Puerto Rico siempre ha vivido bajo autoridad colonial federal, pero con PROMESA y la Junta, entramos en una fase de autoritarismo colonial absoluto. Esa fase se exacerbó durante el primer término de Donald Trump y ha hecho crisis total con MAGA 2.0 y el Plan de la Heritage Foundation para empujar el fascismo en Estados Unidos. No es metáfora: es una arquitectura legal diseñada para subordinar al pueblo a los designios del capital neoliberal global.

PROMESA crea una Junta de siete miembros nombrados por el Presidente: seis surgen de listas de líderes del Congreso y uno queda a discreción presidencial. La soberanía democrática local no interviene en su composición. Luego, ese cuerpo certifica planes fiscales y presupuestos y puede activar mecanismos para impedir que se implemente legislación territorial si entiende que choca con el plan fiscal. La ley prevé que la Junta bloquee leyes aprobadas por la Legislatura si, a su juicio, son incompatibles con el plan fiscal. Ese poder de “no-ejecución” es el núcleo del autoritarismo administrativo: la política pública electa queda subordinada a un filtro externo. No es casualidad: el Congreso justificó esta criatura bajo la cláusula territorial y su autoridad plenaria sobre los territorios.

Y si alguien minimiza la gravedad del esquema, basta con recordar que se litigó hasta el Supremo de Estados Unidos. En Aurelius, el Tribunal validó el diseño de nombramientos y, con ello, normalizó un régimen de excepción permanente: una estructura de mando fiscal por encima de la representación política local.

Ese es el “techo” colonial. Lo que vuelve el cuadro explosivo es el “piso” local: desde enero de 2017, los gobiernos del PNP, en paralelo con el ascenso de MAGA, han alimentado una cultura política compatible con ese esquema. Sus medidas y controversias encajan indudablemente con los signos que Ben-Ghiat identifica como advertencias inequívocas del autoritarismo.

El primer signo es la guerra contra la verdad. No se trata solo de mentir; se trata de castigar a quien documenta y expone. Por eso el acceso a información pública no es tecnicismo: es control del poder. En diciembre de 2025, la gobernadora Jenniffer González firmó una ley que dificulta el acceso a documentos públicos: extiende términos, amplía discreción para clasificar información y se aprobó aceleradamente pese a oposición amplia de organizaciones de derechos civiles y prensa. La gobernadora lo vendió como “clarificación”; el saldo señalado por la sociedad civil es menos transparencia y más opacidad del régimen colonial.

La opacidad nunca es neutral. En regímenes autoritarios la información deja de ser derecho y se convierte en favor. Y cuando el Estado controla el flujo de datos, la propaganda no necesita sofisticación: basta con que falte evidencia para refutar la versión oficial. Eso es desarmar el periodismo, y con él, la fiscalización democrática.

A ese signo se suma el segundo: castigo e intimidación a la prensa crítica. A finales de 2025, el Centro de Periodismo Investigativo demandó a la gobernadora y a su secretaria de prensa por impedir acceso a conferencias en La Fortaleza bajo el pretexto de una credencial del Departamento de Estado que describen como requisito inconstitucional. Seleccionar quién puede preguntar es una tecnología de poder: produce silencio, disciplina y miedo.

Ben-Ghiat insiste en que el autoritarismo necesita una estética de fuerza: controlar el escenario, construir lealtades y pintar la crítica como “enemiga”. No hace falta cerrar periódicos para erosionar el pluralismo; basta con encarecer la fiscalización, restringir el acceso y convertir la información en laberinto. El resultado es autocensura y fatiga cívica.

Un tercer signo es criminalizar el discurso en crisis. Bajo Pedro Pierluisi, un tribunal federal bloqueó permanentemente una ley de “fake news” en emergencias por violar la Primera Enmienda al imponer una restricción por contenido sin justificación adecuada. Esa decisión describe, en clave jurídica, un fenómeno político: el impulso estatal de regular penalmente la “verdad” cuando la gente exige rendición de cuentas. El libreto autoritario usa “seguridad” como coartada perfecta: “es por tu bien”, “es por orden”, “es una emergencia”. Ben-Ghiat explica que los strongmen convierten la crisis en permiso para concentrar poder. En Puerto Rico esa tentación reaparece en huracanes, pandemia y colapso energético, y sus efectos ameritan crítica política, no complacencia.

El cuarto signo es la normalización de la violencia política, o su uso selectivo contra la protesta. En el verano de 2019, durante las manifestaciones que culminaron con la renuncia de Ricardo Rosselló, hubo represión policial documentada, incluyendo uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes. La protesta pasó de derecho ciudadano a “amenaza al orden”. En una democracia real, la protesta masiva mide legitimidad. En una pulsión autoritaria, la protesta se trata como delito. Ese giro, del ciudadano soberano al ciudadano sospechoso, es exactamente la línea roja que Ben-Ghiat señala: el Estado entrena a la población para ver al disidente como enemigo interno. Esa lógica se ve hoy en Estados Unidos con la ola represiva de ICE que aquí opera, muchas veces, de forma cotidiana y encubierta.

El quinto signo es la captura y degradación de controles institucionales. En Puerto Rico ocurre en dos capas: la federal, con PROMESA sacando lo fiscal fuera del voto; y la local, cuando se restringe la transparencia, se limita el acceso a prensa y se empuja legislación que polariza derechos fundamentales. Así se estrecha la deliberación, se controla férreamente el proceso político y se destruye el margen real de contrapesos indispensables.

El sexto signo es la corrupción como función del régimen: no accidente moral, sino método para comprar lealtades, enriquecerse y asegurar impunidad. Puerto Rico arrastra décadas de convulsiones por corrupción gubernamental. Pero lo decisivo aquí es el patrón: cuando la corrupción convive con opacidad y propaganda, el sistema se autoprotege y bloquea la corrección democrática.

El séptimo signo es el ataque sostenido a derechos civiles y la autonomía corporal. En meses recientes, el andamiaje antiaborto se endureció con medidas concretas. La Ley 122-2025 impone consentimiento informado por escrito de padres o custodios para menores de 15 años o menos en terminaciones de embarazo: se disfraza de “protocolo”, pero crea barreras reales. Más aún, la Ley 183-2025 enmendó el Código Civil para reconocer personalidad y capacidad jurídica “desde el momento de la concepción”. En enero de 2026 se aprobó una medida para armonizar el Código Penal con ese giro y tratar la muerte de un concebido como asesinato. Esto no es debate moral abstracto: es política de Estado que recorta derechos adquiridos de las mujeres.

En el libreto autoritario, el control del cuerpo es demostración de poder y mensaje disciplinario. Se instala la idea de que el Estado entra a la intimidad para imponer la moral oficial. Y cuando ese proceso se hace acelerado y sin deliberación amplia, confirma un gobierno fascista en versión MAGA 2.0.

El octavo signo es la alineación con proyectos autoritarios externos y la importación de su lenguaje. Aquí entra Trump. La prensa local e internacional ha descrito a Jenniffer González como aliada republicana y sus propias expresiones confirman esa alineación. En clave Ben-Ghiat, Puerto Rico enfrenta el riesgo añadido de una élite local que busca insertar al país en la agenda del proyecto MAGA: respaldo a la ola represiva de ICE y aval a la intensificación del militarismo en Puerto Rico son dos ejemplos emblemáticos.

Ese alineamiento no es solo de estilo. En energía, decisiones federales recientes bajo Trump han afectado programas de energía solar mientras la gobernadora navega la crisis eléctrica y pleitos contra operadores como LUMA. Esto nos hace más dependientes de los altos costos del gas natural y los intereses económicos extranjeros que lo controlan. No hace falta adjudicar intenciones: basta advertir el patrón de dependencia y acomodación que normaliza políticas federales que profundizan vulnerabilidad social y endurecen el ataque autoritario.

El noveno signo es el debilitamiento deliberado del interés público para favorecer intereses concentrados, aun frente a la oposición ciudadana. En esa clave, se denuncia el apoyo político y administrativo al Proyecto Esencia en Cabo Rojo, señalado por múltiples sectores como golpe de estado regulatorio y desplazamiento de prioridades colectivas. En el mismo registro, la controversia sobre la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera, con sus privilegios, excepciones y trato preferente, simboliza un Estado con dos varas: una para el ciudadano común y otra para los cercanos al poder. Eso se vende como “desarrollo” o “normalidad”, pero leído desde Ben-Ghiat es síntoma autoritario: cuando el gobierno se alinea con intereses particulares y erosiona reglas, fiscalización y transparencia, la democracia se vuelve decoración.

El décimo signo es el cinismo institucional: convencer al país de que no decide nada importante y debe acostumbrarse a la impotencia. PROMESA ya hizo ese trabajo en lo fiscal. Cuando el gobierno local además restringe el derecho a saber, filtra prensa y empuja legislación moralizante a toda velocidad, el mensaje es devastador: “aquí mandan otros”.

Por eso, decir que Puerto Rico es “la peor colonia” no es hipérbole: es descripción política de una colonia modernizada. La Junta opera como procónsules contemporáneos con poder fiscal sin voto. Y el gobierno local, en lugar de resistir esa lógica y ampliar la democracia y la soberanía, reproduce prácticas que reducen la fiscalización, estrechan derechos e imponen la peor agenda autoritaria.

Sí: esto es fascismo en clave colonial, y no hay que pedirle permiso a la academia para nombrarlo. El fascismo no es pieza de museo; es un método que reaparece cuando el poder capitalista decide gobernar por miedo, propaganda e impunidad y convierte al Estado en máquina para disciplinar a la sociedad.

Ben-Ghiat lo describe y el libreto se repite aquí: culto a la fuerza, enemigos internos, degradación deliberada de la verdad, corrupción como pegamento del régimen y violencia, o su amenaza, como instrumento político. Cuando ese sistema se integra y se normaliza, ya no hablamos de “excesos”: hablamos de un poder que se sostiene por intimidación y obediencia.

Puerto Rico cumple, además, una condición que agrava el cuadro: aquí el fascismo no necesita “tomar” el Estado, porque el Estado nació subordinado. Con PROMESA y la Junta, y con gobiernos locales que justifican esa lógica, lo que vemos es fascismo colonial absoluto: siete procónsules sin voto y un gobierno local que administra la disciplina. La colonia añade un ingrediente que el fascismo clásico no necesitaba: subordinación estructural a un poder externo que decide lo esencial sin rendir cuentas aquí. Eso convierte la mal llamada democracia puertorriqueña en democracia de mentiritas: administra obediencia, no garantiza soberanía popular.

Y esa ficción no se sostiene sola. La apuntala una prensa leal al régimen colonial, capitalista, corporativa y dependiente, que normaliza la tutela, encubre la captura institucional y, cuando hace falta, defiende el autoritarismo como “estabilidad”, “responsabilidad política” o “sentido común”. Ve la paja en el ojo ajeno, pero evita mirar la viga en el suyo: titulares dóciles, preguntas fáciles, eufemismos, silencios convenientes y analistas voceros del régimen colonial y el bipartidismo.

El resultado es un país de doble mando: mando fiscal de la Junta y mando político de una maquinaria local que desde 2017 acumula medidas y episodios compatibles con un estilo autoritario. Rosselló detonó la crisis; Vázquez administró el interregno; Pierluisi empujó la criminalización del discurso en emergencia y la privatización de servicios públicos; y Jenniffer González arranca con controversias de transparencia, acceso a prensa y un giro legislativo duro contra el aborto.

No faltan resistencias. La renuncia de Rosselló en 2019 probó que el pueblo puede romper el guion. Pero el autoritarismo aprende: ajusta tácticas, cambia de máscara y se vuelve “procedimiento” y normalización. El peligro no es solo el abuso: es el acostumbramiento.

Si esta columna tiene una sola función, es recordar que los derechos se pierden por acumulación: un término más para entregar documentos, una conferencia sin preguntas, una ley que enfría la crítica, una reforma que coloniza el cuerpo. Así se fabrica un país menos libre, aunque siga votando.

Pero en Puerto Rico esos retrocesos no son simple mala administración: son parte del diseño colonial. PROMESA institucionalizó un poder sin voto que decide lo fiscal y puede bloquear política pública; el gobierno local administra la disciplina e impone su versión doméstica del autoritarismo.

Por eso la salida no puede ser “mejor colonia”. Transparencia, prensa libre y deliberación real son indispensables, pero serán siempre insuficientes mientras exista un mando externo con autoridad última. La conclusión es inevitable: la única forma de terminar con este autoritarismo es terminar con la colonia. La independencia no es poesía; es la condición mínima para que la democracia deje de ser decorado y se convierta, por primera vez, en poder del pueblo.

REPENSANDO A HOSTOS DESDE EL PRESENTE:

SOBRE SU PROPUESTA DE INDEPENDENCIA Y LA DEL PLAN B INDEPENDENCIA*

Carlos Rivera Lugo**

         ¡Vivimos tiempos turbulentos y caóticos, tiempos de guerra y de rupturas! La prepotencia imperialista vuelve a campar por sus anchas y el autoritarismo fascista del gobierno actual en Estados Unidos pone en entredicho todo el orden internacional, así como el orden doméstico en ese país. Al igual que en los tiempos vividos por Hostos, el derecho vuela en cantos y se imponen los hechos de fuerza. Estamos ante el “derecho del más fuerte”, el que siempre anida oculto en las sombras de ese otro derecho que tendemos a fetichizar como si sus enunciados normativos tuviesen una vida propia ajena, en última instancia, a las relaciones de poder o las luchas entre clases y pueblos.

         Hemos vuelto a la barbarie del derecho del más fuerte. Con ello muere específicamente el derecho internacional, su justificación y sus criterios para determinar la legitimidad de los hechos de fuerza. Con ello se pasa de la idea de que vivimos bajo un Estado de derecho que es igual para todos, a la posición de que en realidad se vive al amparo de un Estado de hecho, es decir, basado en los hechos de fuerza y la eficacia que en la práctica se le reconoce a estos, voluntaria o involuntariamente.  Además, se ha incapacitado mortalmente su institucionalidad, en particular la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[1] que luego de concluida la llamada Segunda Guerra Mundial se había planteado garantizar la paz y la seguridad internacional basada en los principios de la igualdad soberana de los estados, la no-intervención en los asuntos internos de otros estados, la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, así como la solución pacífica de los conflictos y la libre determinación de los pueblos. Su Consejo de Seguridad ha sido reducido a un club de debates sin consecuencias prácticas dado el poder de veto ejercido por Estados Unidos. Con una excepción: la aprobación reciente por éste del plan de pacificación y reconstrucción del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, bajo una llamada Junta de Paz, sin la presencia de los palestinos y de la ONU, y a ser regentada por él de por vida. Algunos se sospechan que dicha Junta constituye el preludio de la sustitución eventual por Washington de la misma ONU.[2] El Tribunal Internacional de Justicia ha sido igualmente inmovilizado, así como otra institución internacional, la Corte Penal Internacional, cuyos jueces y fiscales han sido sometidos al régimen de amenazas y sanciones por parte de Estados Unidos para obligarles a no perseguir penalmente sus crímenes y violaciones del derecho internacional y las de sus aliados.

         La guerra vuelve a convertirse en el instrumento político y económico preferido del imperialismo yanqui para imponer su dominación, pues ya no puede contar con el consentimiento libre de los demás pueblos. Estamos desde por lo menos el 2022 en lo que yo y otros hemos afirmado es ya la Tercera Guerra Mundial[3]; y luego de abiertos los frentes de guerra contra Rusia, China y el pueblo palestino, se ha dado inicio a un nuevo frente esta vez en Latinoamérica y el Caribe. La agresión a Venezuela, incluida la remilitarización forzada de Puerto Rico en apoyo de ésta, y el ilegal secuestro de su presidente constitucional Nicolás Maduro tan sólo se viene a sumar a las fulminantes ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico de alegados narcotraficantes. La barbarie vuelve a asomar la cabeza.

         Da lo mismo que sea William McKinley o Donald Trump: ambos representan el insaciable expansionismo imperial que desde sus orígenes estuvo presente como objetivo de la República estadouniense. Ello explica la inclusión de la notoria Cláusula Territorial en su Constitución, como bien delatan los debates en la Convención Constituyente.[4] A ello habrá que añadirle el reconocimiento que su Tribunal Supremo le dio en los notorios Casos Insulares al derecho de conquista y a la administración permanente de colonias como un derecho y poder alegadamente inherente a su soberanía nacional.

         Hoy Trump nos devuelve a la era de las cañoneras y las intervenciones militares. Vuelve a empuñar la funesta Doctrina Monroe para justificar nuevamente lo que Washington considera su destino manifiesto a gobernar sobre la totalidad de las Américas, desde Groenlandia hasta la Patagonia. Y para ello se vuelve a acudir a la guerra y a todas sus barbaridades.

         La guerra que hoy estamos presenciando trasciende también y sobre todo a lo económico. Es también una guerra cognitiva, pues no solo se pretende someter nuestros cuerpos, sino que también aspira a someter nuestras mentes a sus falsas narrativas. En el caso de Venezuela, se pretende sobre todo poner fin a su revolución bolivariana como expresión de lo que Hugo Chávez Frías bautizó como el Socialismo del Siglo XXI. ¿Otro trágico revés para la historia libertadora de Nuestra América o un nuevo testimonio de que la lucha revolucionaria es una trinchera sin fin?

         Hablando ya de Eugenio María de Hostos, para 1868, impactado por lo que valoró como la contribución fundamental que había representado en ese año la revolución de Lares, éste terminó por desencantarse con el autonomismo como solución al problema colonial nuestro.  Se dio cuenta que bajo el régimen político español no había lugar para el reconocimiento de la libertad del pueblo puertorriqueño, como pretendían los autonomistas. De ahí que concluyese que: “En la Constitución española no cabe mi patria, y donde no cabe mi patria no quepo yo”.  Lo mismo se repetirá luego de la invasión y ocupación estadounidense. Tampoco cabrá su patria en la Constitución de dicho país y se inventarán eso del territorio no incorporado, el cual “pertenece a pero no es parte de Estados Unidos”.

         A partir de su toma de posición a favor de la independencia nunca perdió la fe en que sólo a través de ésta lograría Puerto Rico hacer la revolución que tanto necesitaba su sociedad para superar sus graves males. Para él la colonia no era un mero problema jurídico, sino que era sobre todo un problema político. Había que gobernar no con reformas inconsecuentes sino que a partir de la potenciación de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que sólo serían posibles bajo la independencia. La clave para la transformación revolucionaria de nuestra sociedad estaba en la potenciación de la libertad del trabajo. Para él, Puerto Rico vivía un momento crítico en que se abría la posibilidad de poner fin al yugo colonial español. Pero ya en Nueva York Hostos toma consciencia de la amenaza inminente que representan las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos. Como consecuencia, adopta una clara posición antianexionista.

         En 1869 se traslada a Nueva York desde donde se dedica a trabajar para la independencia de Puerto Rico y Cuba. Ya para abril de 1876 se halla Hostos enfrascado en el desarrollo de lo que llama la Liga de los Independientes. Sobre ésta señala: “El objeto de la Liga es trabajar material, intelectual y moralmente en favor de la independencia absoluta de Cuba y Puerto Rico, hasta conseguir su total separación de España y su indiscutible existencia como naciones soberanas”. Hostos veía el acuerdo de paz suscrito en 1878 entre los independentistas cubanos y el régimen español como un error estratégico.

         En medio de su actividad política Hostos descubre lo que constituye tal vez su destino como educador para la libertad. Estaba convencido de que si lo que se buscaba era crear una nueva sociedad, había que crear sujetos nuevos para la tarea. Habia que educar la consciencia para la revolución.

         Con la vuelta, en 1895, de los independentistas cubanos a la revolución armada contra el dominio español, Estados Unidos vé una oportunidad para insertarse en la guerra cubana-hispana para adelantar sus propios intereses expansionistas. Ya para 1898, Hostos se da cuenta que Washington tenía preparada la expedición para invadir a Puerto Rico. A petición de Ramón Emeterio Betances regresa de Chile, donde se hallaba, a Nueva York pero sus intentos para cumplir con la encomienda que se le había hecho para que consiguiese al menos la concesión de la independencia a Puerto Rico, como estaba planteada para Cuba, resultaron infructuosos ante el anexionismo que ya corroía la voluntad política de la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Se trata del mismo anexionismo que hoy sólo contempla la sustitución de una dominación imperial por otra. Sin embargo, Hostos estaba convencido de que la anexión no estaba en el mejor interés de los puertorriqueños y que solo la independencia más absoluta nos podía salvar de ser reducidos a mera mercancía o botín de guerra, desprovisto de todo poder soberano para decidir sobre nuestro presente y futuro.

         Al entrar las tropas invasoras por Guanica el 25 de julio de 1898, el notorio General Nelson Miles, el mismo que estuvo al mando de las tropas responsables de la histórica masacre de Wounded Knee, proclamó que traía la libertad a nuestro país, para de inmediato instituir un gobierno militar que sirviese para consolidar la ocupación y conquista definitiva de Puerto Rico. Hostos denunció el hecho consumado como un acto que solo buscaba la “sujeción violenta” de nuestro pueblo a la dominación estadounidense. Critica lo que entiende es una traición por parte de Washington a sus propios principios constitucionales.

La propuesta de Hostos

         Ante ello, Hostos perdía las esperanzas de que Estados Unidos reconociese que Puerto Rico no era una mera mercancía sino que gozaba de una personalidad jurídica propia. Seguía no obstante confiado, un tanto ingénuamente, en que pudiese apelar a los principios anticoloniales en los que se fundó el estado de derecho en ese país. En relación a las expectativas de Hostos, hay que tomar en cuenta que en esa época había una tendencia a idealizar a Estados Unidos y su régimen jurídico-político. Se hacia abstracción de la medida en que ese estado de derecho se había montado sobre la negación de los derechos de los pueblos originarios de esas tierras norteamericanas, incluyendo el genocidio, sin hablar de la esclavitud de la población de orígen africana, la cual el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos había dictado en el caso de Dred Scott (1857) que era solo propiedad absoluta de sus dueños. 

         El derecho liberal burgués era, como bien señaló Karl Marx en su seminal obra El capital (1867), un reflejo en el fondo de la forma mercancía y de la economía política a la que sirve como célula básica. Como tal, así llegó la idea y la forma social del derecho inicialmente a Nuestra América para validar la conquista, desposesión y sobreexplotación de nuestros pueblos originarios. El llamado Derecho de Gentes, posteriormente rebautizado como Derecho Internacional, no fue otra cosa que el derecho de dominación de los imperios con el que se legitimó eso que históricamente sería la acumulación originaria en que se fundamentó el desarrollo del capitalismo en Europa y luego en Estados Unidos. Antes que Marx, el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau había declarado que el derecho cargaba con un pecado original: la propiedad privada burguesa. De ahí que los alegados fundamentos jurídicos anticoloniales solo eran aplicables a la clase propietaria que se erigió en clase dominante en la nueva República y no a los pueblos considerados por ésta incivilizados y salvajes, incapaces de gobernarse a sí mismos, tal y como Washington concebía en ese momento a los puertorriqueños.

Hostos pasó luego de Nueva York a Puerto Rico donde se encuentra a un país invadido, empobrecido y gobernado por un régimen militar.  Le duele confirmar la limitada resistencia contra el nuevo orden impuesto por las tropas yanquis. Reconoce que tal vez otro hubiese sido el desenlace de la invasión y la ocupación militar si se hubiese producido una firme y amplia protesta armada. Funda la Liga de Patriotas, una concertación política que incluyó representantes no sólo de la independencia sino que también del anexionismo y el autonomismo. La unidad nacional frente a Estados Unidos podría representar la suma de fuerzas necesarias para obligarlo a escuchar los reclamos de los puertorriqueños. Su objetivo principal era tratar de negociar con Washington una propuesta de descolonización que permitiera afirmar nuevamente la personalidad jurídica de Puerto Rico, acompañada de una campaña para educar al pueblo sobre sus derechos.

Sobre esto último Hostos se dedicó a dictar una serie de conferencias en las que elaboró su pensamiento en torno a una sociedad y un derecho centrado en la promoción del bienestar común y la satisfacción de sus necesidades conforme a ello. De ahí que entiende que la sociedad no puede basarse sólo en relaciones de fuerza y menos puede ser gobernado por un régimen fundado sólo en la fuerza. Tiene que fundarse en un estado de derecho y el reconocimiento efectivo de los derechos que son consustanciales a nuestra condición humana. Desde su concepción sociológica del fenómeno jurídico, para Hostos el poder último no radica en el Estado sino que en la sociedad dedicada a la producción del bienestar común. La soberanía radica en el pueblo. Cualquier otra cosa, por más que se le adorne con retórica hueca, es negación de una sociedad libre y democrática, además de una afrenta a nuesta dignidad como pueblo.

         En una Asamblea realizada en el Teatro Municipal de San Juan el 30 de octubre de 1898, Hostos da a conocer el objetivo político de la Liga: el cambio del gobierno militar por un gobierno civil a modo de “gobierno temporal” y la transición de éste a la condición de Estado soberano, así como a la celebración de un plebiscito en que el pueblo decidiera soberanamente entre la independencia o la anexión como destino final. Esta anexión, claro está, nada tiene que ver con la propuesta de hoy empuñada por los anexionistas del patio, la cual no parte de nuestra soberanía previa como condición indispensable para decidir libremente. De ahí que la llamada “estadidad” nada tiene que ver con la opción de la integración entre dos estados soberanos reconocida bajo la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de la ONU.

Hostos estaba convencido de que la única manera de negociar con el imperio era de tú a tú, “de pueblo a pueblo”, de soberano a soberano, ya que si se le enfoca y trata como poder dominante, jamás se logrará que se reconozcan nuestros derechos nacionales. Hay que hablar, pensar y proceder proactivamente como pueblo soberano que reclama haber sido robado de su libertad e independencia nacional, a la que tiene un derecho inalienable, o de lo contrario se nos tratará como un pueblo subordinado e incapaz de gobernarse a sí mismo.

El Programa de la Liga contenía todo un proyecto de país dirigido al desarrollo de una sociedad libre y democrática, así como a una educación común para el ejercicio de la libertad colectiva e individual, y una economía centrada en la organización del trabajo para la producción autogestionada y solidaria en función del bienestar general de la sociedad.

De ahí la propuesta que Hostos y la Liga de los Patriotas le somete al presidente McKinley en enero de 1899. En ésta piden:

·   Que se reconozcan los derechos nacionales del pueblo puertorriqueño;

·   Que, conforme a ello, se proceda a sustituir el régimen de fuerza con un gobierno civil basado en el derecho, a modo de un protectorado, el cual incluiría la formación de un cuerpo militar propio.

·   Que se le reconozca el derecho a comerciar libremente no sólo con Estados Unidos sino con el mundo entero o en la alternativa la otorgación de concesiones económicas inmediatas para atender las necesidades de subsistencia, salud y educación, entre otras.

·   Aborda lo relativo al canje de la moneda entre el peso y el dólar, la regulación del sistema bancario y la propiedad privada.

·   Un plan de transición de 25 años al cabo del cual nuestro pueblo debía decidir libremente en un plebiscito entre la independencia o la anexión.

         Demás está decir, que si bien McKinley aceptó estudiar la propuesta, los hechos posteriores demostraron que Washington sólo estaba interesado en la ampliación cada vez mayor de su dominación colonial. Esa era la lógica impuesta a la política exterior estadounidense a partir de la adopción de la Doctrina Monroe, la misma que hoy anima la política exterior bajo Trump.

         Ante el fracaso de la gestión con McKinley, Hostos publica una serie de ensayos en que su tesis principal es que si bien no se produjo una protesta armada contra la invasión y ocupación de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, ello no impedía que en cambio se realizase una protesta jurídica. Insistía en que Puerto Rico es una persona jurídica que no puede haber perdido ninguno de sus derechos nacionales por una guerra de la que no era parte. Incluso, cuestiona la legalidad de la cesión hecha por España en el Tratado de París de 1898, sin haber obtenido previamente el consentimiento del pueblo puertorriqueño. En el mismo ensayo, titulado El Plebiscito (15 de septiembre de 1899), abunda sobre el derecho que tiene el pueblo de un territorio ocupado a ser consultado previamente. Propone al respecto una modalidad alternativa de consulta, en manos de unos delegados o representantes de una Convención o Asamblea para la negociación de un acuerdo conducente al establecimiento de un gobierno temporal, en la forma de un protectorado en transición a la independencia, o la anexión. Sin duda, estamos aquí ante lo que posteriormente irá tomando la forma de una Asamblea Constituyente soberana para la negociación de los términos de una transición hacia la independencia.

         Empero, ya para este momento, Hostos se sintió forzado a admitir que no habían condiciones para su proyecto de independencia. Al respecto, confesaba que “a esa independencia no hay ya como ir, y no hay fuerza, ni poder, ni voluntad que sean capaces de establecer circunstancias que han pasado. Las que subsisten nos piden otro esfuerzo.” Sin embargo, también afirmaba que si no era viable la independencia en lo inmediato, tampoco debía aceptarse una anexión forzada, es decir, una anexión que no fuese producto de nuestra voluntad soberana.

         La respuesta de Washington a la propuesta de Hostos y la Liga de Patriotas fue la promulgación el 11 de abril de 1900 de la Ley Foraker. Hostos reaccionó de inmediato a finales de junio tildándola de aparentar la institución de un gobierno civil cuando en realidad lo que hacia era legalizar y dar legitimidad constitucional a la sujeción continuada de Puerto Rico bajo un régimen impuesto por la fuerza. Si bien se reconocía la existencia formal de una ciudadanía de Puerto Rico, ésta sería representada internacionalmente por Estados Unidos como soberano, algo así como un protectorado. Nada decía en cuanto a la temporalidad del gobierno civil como parte de una transición hacia la independencia o la anexión.

         Ante ello, Hostos vuelve a hablar sobre la fragilidad jurídica del Tratado de París de 1898. Insiste en que nada en ese Tratado, hecho a espaldas nuestras, es decir, sin nuestro consentimiento, podía obligar jurídicamente a nuestro pueblo. Frente a la ilegitimidad de una cesión de Puerto Rico basada estrictamente en hechos de fuerza y no jurídicos, Hostos llama a la revolución contra el orden de sujección colonial refrendado por la Ley Foraker. Al respecto, convoca a los delegados electos de la Cámara de Delegados, instituida bajo la Ley Foraker, para que se constituyesen, por mayoría, en el gobierno temporal propuesto por él como instrumento político a cargo de promover una transición hacia la independencia o la anexión en ejercicio de las funciones propias del poder soberano que le han sido delegadas. Deben legislar para materializar lo que llamó “las convicciones del país”.

         ¿Cuáles son esas convicciones del país según la propuesta hostosiana?

1. La terminación del gobierno militar y su sustitución por un gobierno civil basado en la soberanía del pueblo puertorriqueño;

2. El establecimiento de un gobierno temporal o provisional, es decir, un gobierno civil a cargo del desarrollo de la instituciones políticas, económicas y sociales, incluyendo las educativas, que permitiese a Puerto Rico el ejercicio de su soberanía para decidir su destino final como pueblo. Hostos prefiere la independencia y si bien no apoya la anexión, respetaría la voluntad del pueblo de Puerto Rico si fuese ese el resultado de una decisión libre y no impuesta. Al respecto de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, escribió Hostos en octubre de 1900, en La Correspondencia, lo siguiente: “Aquellos de entre los puertorriqueños que vean más a fondo en el porvenir, seguirán queriendo que Puerto Rico sea un Estado confederado de las Antillas Unidas en un todo político y nacional, y esos puertorriqueños saben ya que ni hoy ni mañana ni nunca, mientras quede un vislumbre de derecho en la vida norteamericana, está perdido para nosotros el derecho a reclamar la independencia, porque hoy ni mañana ni nunca dejará nuestra patria de ser nuestra.” En ese sentido, Hostos reclamaba como inalienable el derecho a la autodeterminación y a la separación como república independiente, aún de darse la anexión.

3. El gobierno temporal o provisional debe ser por un periodo de transición de por lo menos 25 años.

4. El gobierno debe ser republicano en su forma, entendido como una democracia representativa del pueblo por el pueblo, la cual incluye la separación de poderes o de las instancias gubernamentales en que se divide el ejercicio del poder soberano, pues poder hay solo uno, el del pueblo soberano.

5. Ni el Presidente ni el Congreso de Estados Unidos puede vetar las leyes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. En ese sentido, no aplicará la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos ni tendrá el Congreso poderes plenarios para gobernar en nuestro país, ya que Puerto Rico se estará gobernando soberanamente bajo los términos del periodo de transición.

6. Se aprobará una ley para regular el servicio civil o público.

7. La Asamblea Legislativa regulará todo lo relativo al derecho económico y a las relaciones comerciales.  Se combatirá el capital monopolístico.

8. Puerto Rico se caracterizará por la neutralidad en caso de guerras. Puerto Rico se hará cargo de establecer su propia fuerza militar para su defensa. Así las cosas, Estados Unidos irá reduciendo hasta eliminar su presencia militar en el país.

9. Se tendrá control total sobre la educación, el correo y el telégrafo.

10.  Se reclamará un derecho a la reparación por daños a la naturaleza.

11.  Por Pueblo de Puerto Rico se entenderá exclusivamente los hijos e hijas del país, quienes son los que disfrutan de la ciudadanía puertorriqueña.

12.  Finalmente, está el derecho al plebiscito para decidir, al final del periodo de transición, el destino final de Puerto Rico.

         Hay que reconocer, además, la importancia especial que Hostos le da al papel que desempeñará la solidaridad de la América Latina y el Caribe con nuestra lucha por la independencia. Igualmente, no podemos olvidar la importancia que Hostos, como otros independentistas de ese momento, le otorgaban a la organización de los puertorriqueños en Estados Unidos para auxiliar la lucha por la independencia nacional.

         Lamentablemente, la propuesta de Hostos cayó en oídos sordos, tanto dentro como fuera del país. Pero la historia tiene esa costumbre de repetirse, aunque con sus propios matices, sobre todo cuando sigue girando esencialmente en torno a la misma contradicción, en este caso la existente entre el imperio y la colonia. Si bien el tiempo histórico en que le tocó vivir y luchar a Hostos no es idéntico al de hoy, comparte unas similitudes signinificativas.

         Ahora bien, hay que advertir que McKinley presidió sobre un periodo de expansión territorial hacia el sur del imperialismo yanqui, al igual que hoy Trump retoma y renueva esa misma agenda expansionista, reapuntalando la dominación colonial de Puerto Rico y su uso militar en apoyo a la nueva agenda imperial, especialmente en este hemisferio. No obstante, a McKinley le tocó actuar dentro de un ciclo histórico que resultó ser ascendente para el poderío estadounidense y que culminó en su eventual elevación a superpotencia hegemónica, desplazando a Gran Bretaña, luego de la Segunda Guerra Mundial. Trump, sin embargo, le ha tocado gobernar sobre un ciclo histórico caracterizado por el declive de la hegemonía unipolar estadounidense y el ascenso de un nuevo mundo multipolar, encabezado por China, un país socialista, no en el sentido del socialismo real europeo sino anclado en sus particularidades como orden civilizatorio diferenciado del occidental. Y como tiende a ocurrir históricamente cuando se producen estas reestructuraciones de las relaciones de poder en el mundo, la potencia en declive acude a la guerra para intentar frenar lo nuevo que está aún en trance de ser.[5] Estamos en ese sentido en un periodo de transición[6] entre lo viejo que muere y lo nuevo que va naciendo, y como advirtió Antonio Gramsci, en momentos así surgen los monstruos y se multiplican los conflictos.

La propuesta de Plan B Independencia

         La historia tiene que ser vista con el objetivo de actualizar y repotenciar los impulsos revolucionarios legados del pasado, en este caso los contenidos en la propuesta revolucionaria de Hostos hacia nuestra independencia. El tiempo histórico es algo vivo, aún el pasado sigue irradiando su influencia sobre el presente. Sus protagonistas, luchas e ideas siguen vivas en nuestra memoria colectiva, como ejemplos que nos sirven de referentes que nos pueden servir para orientar nuestro andar en el presente.

         Aún así, no puedo dejar de recordar la advertencia que nos hace Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte en contra de que en el presente la revolución pretenda encontrar su sentido estrictamente en el pasado y sentencia que hay que estar dispuestos a enterrar a “sus muertos”.  La revolución tiene que ser fruto del porvenir, sentencia. Afirmación ésta que comparto pero, no obstante, entiendo que no debemos pretender enterrar a todos nuestros “muertos” del pasado, ya que en algunos casos -como el mismo Marx e, incluso, Hostos, entre otros- de lo que se trata es de aprender críticamente de estos.

         La historia no avanza por medio de borrones y cuentas nuevas, sino que a partir de una dialéctica material entre el contenido de lo nuevo que irrumpe y lo viejo que logra persistir aún en éste. Es ese despliegue real de la contradicción al que Hegel se refería como el fenómeno histórico del Aufhebung. De ahí que aún la conciencia, en el presente, acerca del porvenir de nuestra lucha por la independencia no puede prescindir de la influencia y enseñanzas que aún irradian figuras de nuestra historia tales como Hostos. Por ello quisiera ahora abordar precisamente esa actualidad histórica que persiste en la propuesta hostosiana por la independencia de Puerto Rico y cómo compara con la más reciente propuesta hecha por el Plan B Independencia el pasado año.[7]

         Lo primero que hay que decir es que tanto la propuesta de Hostos como la contenida en el Plan B Independencia no estaban limitadas para su éxito o pertinencia a que fueran adoptadas por los presidentes McKinley o Trump, respectivamente. Claro que se hubiese preferido que McKinley acogiera e implantase la propuesta de la Liga de Patriotas o que Trump emitiera la Orden Ejecutiva propuesta por el grupo del Plan B Independencia. Pero sus negativas no anulan el valor de ambas propuestas. En especial, ambas comparten la convicción de que, ausente la capacidad y condiciones para una propuesta armada en lo inmediato, la mejor manera para adelantar una iniciativa para la descolonización de Puerto Rico hacia la independencia es por medio de la Presidencia de Estados Unidos como representante máximo del poder soberano de ese país y no el Congreso, compuesto de 535 miembros, con sus poderes plenarios para gobernar sobre nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Paris. Junto a ello, lo esencial de ambas propuestas es el plan concreto de transición hacia la estructuración de Puerto Rico como un estado soberano. En el caso de Hostos, éste propone un periodo de transición de 25 años al cabo del cual el pueblo de Puerto Rico decidiría soberanamente, por medio de un plebiscito, su futuro político definitivo: la independencia, la opción preferida por Hostos, o la anexión, con la condición de que sea libremente decidida y no impuesta. En el caso de la propuesta del Plan B Independencia, se opta por una ruta diferente a la del plebiscito: una Orden Ejecutiva en que se reconoce formalmente que ni la anexión o la continuación del territorio no-incorporado son opciones que están en el mejor interés de Estados Unidos y Puerto Rico, y se dispone que la independencia es la opción que serviría mejor para adelantar los intereses de ambos pueblos. Dice al respecto el proyecto de Orden Ejecutiva:

“De conformidad con la expansión constitucional de la autoridad presidencial que se ha experimentado en los últimos tiempos en Estados Unidos, encaminándose éste recientemente hacia un sistema presidencialista y, más específicamente, su autoridad para decidir y representar la política exterior, se decide la disposición del territorio y el fin de su status territorial como botín de guerra y mera posesión colonial, según legalizado por el Tratado de Paris de 1898 y la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.”

Y continúa:

“Se dispone el traspaso de todos los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico en un periodo de dos años conforme al poder de política exterior del Presidente, acompañado del poder del Congreso para ratificar cualquier tratado que se suscriba o de aprobar cualquier legislación habilitadora en apoyo a la transición.”

         Sobre las objecciones levantadas por algunos de que esto constituiría una imposición antidemocrática, estos se olvidan de que, en primer lugar, la invasión y la ocupación tampoco fueron democráticas, así como todos los demás actos políticos y jurídicos del imperio que se basan, en última instancia, en el régimen de fuerza que establecieron aquí. Eso de que en el 1952 consentimos a ello es parte de la gran farsa que se montó a partir de ese año con el nombre de “estado libre asociado”.  No se puede consentir al colonialismo pues ha sido proscrito bajo el derecho internacional. Estados Unidos tiene en ese sentido una obligación jurídica a poner fin de inmediato al colonialismo en el caso nuestro, el cual no depende de la voluntad de los puertorriqueños.  Eso de que Washington no nos descoloniza porque no sabe lo que quiere el pueblo puertorriqueño es una excusa barata para continuar con su dominación colonial sobre nuestro pueblo y seguir cultivando entre éste una subjetividad colonizada y dependiente. Sólo un pueblo soberano es libre para decidir. Por lo tanto, no puede haber acto democrático más fundamental que poner fin, sin condiciones ni reservas, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y reconocer la soberanía de Puerto Rico, es decir, el poder de nuestro pueblo para decidir libremente sobre su presente y futuro.

         Además, la anexión no es un derecho del pueblo puertorriqueño sino una determinación que le corresponde exclusivamente a Estados Unidos y éste ha dado muestras continúas desde 1898 de que no tiene la intención de hacernos parte de Estados Unidos. ¿Es democrático que el Congreso siga legislando unilateralmente para Puerto Rico? ¿Es fuente de derechos democráticos el Tratado de París de 1898 mediante el cual España cedió a Puerto Rico a Estados Unidos en calidad de botín de guerra? ¿Fue democrática la imposición unilateral a los puertorriqueños de la ciudadanía de Estados Unidos bajo la Ley Orgánica Jones de 1917? ¿Y qué me dicen de esa otra imposición unilateral, la del presidente Barack Obama y el Congreso de la Junta de Control Fiscal? ¿Fue democrática? ¿Es democrática la actual remilitarización de Puerto Rico decidida unilateralmente por el Ejecutivo estadounidense, el cual incluye la reapertura de la base de Roosevelt Roads, entre otras cosas? La lista no tiene fin. La colonia no es democrática. Y más allá, ¿la abolición de la esclavitud promulgada en Estados Unidos por Abraham Lincoln fue un acto antidemocrático ya que no se realizó una consulta previa entre los esclavistas y los esclavos? Absurdo, verdad. Pues, igual de absurdo es tachar de antidemocrático la decisión de poner fin a la esclavitud moderna del coloniaje. Ambos la esclavitud y el colonialismo están proscritos bajo el derecho internacional.

         Más adelante, la Orden Ejecutiva propuesta dispone del establecimiento de una Comisión del Ejecutivo para la Transición, el cual operará a modo de gobierno provisional teniendo a su cargo todo lo relativo a la transición. La vida de la Comisión  no se extenderá por más de dos años, al cabo de los cuales debe haberse dado el traspaso completo de poderes soberanos y funciones gubernamentales. Dicha Comisión estaría a cargo de administrar los fondos federales asignados para garantizar una transición ordenada. Este gobierno provisional es algo parecido al gobierno temporal propuesto por Hostos. Se diferencian, entre otras cosas, en que se provee para que el gobierno colonial (territorial) siga a cargo de proveer los servicios públicos esenciales a la población, hasta el momento de que Puerto Rico acceda a la soberanía e independencia. En ese momento se disuelve.

         Asimismo, se provee para la organización y operación paralelamente de una Asamblea Constituyente para la revisión de la Constitución actual o la redacción de una nueva, la cual debe ser aprobada por el pueblo en referéndum al cabo del primer año del periodo de transición. Una vez aprobada se pasará a realizar el proceso para elegir las nuevas autoridades del gobierno soberano e independiente de Puerto Rico. También tendrá a su cargo disponer de una reestructuración, de carácter constitucional, de los procesos de consulta electoral,  así como también de los referendos y plebiscitos.

         En el proyecto de Orden Ejecutiva también se provee para lo siguiente:

·      Un Plan de Transición ordenado que sirva para romper con la dependencia colonial en fondos federales y encamine a Puerto Rico al desarrollo de una economía productiva, autosustentable y solidaria. El Plan B Independencia tiene también un Plan Económico Nacional más concreto y elaborado para los primeros 20 años de independencia.

·      La condonación de la deuda pública para facilitar la transición económica ordenada, pasándole al Departamento del Tesoro federal la responsabilidad para hacerse cargo de cualquier obligación existente o futura en relación a ésta. Se entiende que la deuda es odiosa y no nos corresponde asumir la responsabilida de su pago.

·      La terminación de la actual Junta de Control Fiscal.

·      Se garantizan los beneficios del Seguro Social y Veteranos.

·      La ciudadanía  puertorriqueña, así como la ciudadanía dual para los que le interese. Se garantiza la ciudadanía estadounidense para los nacidos en Puerto Rico antes de la independencia.

·      El libre tránsito de ciudadanos entre ambos países, lo que resulta sumamente importante por el hecho de que aproximadamente el 60 por ciento de nuestro pueblo reside en Estados Unidos.

·      Un nuevo marco de relaciones con EEUU basado en el principio de la igualdad soberana.

·      Un Tratado de Libre Comercio bajo el cual se reconoce a Puerto Rico como nación más favorecida.

·      El uso del dólar como moneda en la República. Aún así, la economista Martha Quiñones, una de las autoras del Plan Económico Nacional, recomienda que se evalúe la deseabilidad y posibilidad de desarrollar e implantar un sistema monetario propio.

         En cuanto a la política exterior y de defensa, se dispone del reconocimiento de nuestra igualdad soberana con Estados Unidos para decidir al respecto y suscribir aquellos acuerdos que estimemos estén conformes a nuestros intereses como nación soberana e independiente.  En relación a este tema, personalmente me identifico con el reclamo de Hostos para que un Puerto Rico soberano e independiente cuente con su propia fuerza militar para propósitos estrictamente defensivos. Asimismo, me identifico con su reclamo a favor del objetivo de poner fin a la presencia militar de Estados Unidos en nuestro país. La posibilidad de una soberanía e independencia real dependerá, en gran medida, de que podamos decidir libre y soberanamente una política exterior y de defensa independiente de la de Estados Unidos y cualquier agenda de dominación imperialista, sobre todo en nuestra región como si fuese su “patio trasero”, sobre el que puede disponer como le dé la gana. No debemos aceptar ser aliados del intervencionismo contra la soberanía e independencia de los demás pueblos hermanos de Nuestra América. En todo caso, solo debemos aceptar ser aliados de iniciativas por la paz y el progreso socioeconómico, basadas en aquellos principios y normas universalmente consensuadas y reconocidas para la regulación de las relaciones internacionales y la cooperación mutuamente beneficiosa entre los pueblos. La República de Puerto Rico debe ser un promotor y participé activo de ese nuevo orden político y económico multipolar que está naciendo.

         Más recientemente, Plan B Independencia ha redactado también el borrador de un proyecto legislativo dirigido a la descolonización de Puerto Rico hacia su soberanía, el cual ha sido compartido con representantes tanto republicanos como demócratas. Al igual que en el proyecto de Orden Ejecutiva, dicho proyecto parte del traspaso previo de la soberanía el pueblo de Puerto Rico para que se pueda negociar con Estados Unidos. Asimismo, incluye la determinación de que la anexión no cuenta con el apoyo congresional necesario y, por ende, sólo provee para una proceso de transición hacia la independencia o la libre asociación.  Dicho proyecto se le presentó a la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez.  También, se ha compartido una versión revisada a favor de un proceso de transición hacia la independencia, con la organización de la diáspora Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), quien está trabajando con el proyecto que ha anunciado el congresista republicano por California, Tom McKlintock, a favor también de una descolonización hacia la independencia de Puerto Rico.

¿Qué hacer ante las circunstancias actuales?   

         Ahora bien, francamente, con la actual deriva autoritaria y la renovada agenda imperialista promovida hoy por el gobierno de Estados Unidos, se ha hecho patente que dificilmente Estados Unidos permita que bajo una libre asociación Puerto Rico pueda negarse a ser usado militarmente por Washington para servir de apoyo a sus guerras de agresión. Así ha quedado evidenciado además por la propuesta de libre asociación que Washington ha dado a conocer en estos días en relación a Groenlandia. De todas maneras, ¿acaso se va a seguir insistiendo, como una opción positiva, en una asociación con el país que representa hoy la barbarie, la desposesión de la mayoría a favor de una ínfima minoría y la guerra contra la humanidad toda? ¿No estaríamos de facto pasando de ser una colonia para convertirnos en neocolonia con una soberanía limitada a lo que permita o desee el imperialismo de acuerdo a sus intereses geoestratégicos y visión de mundo?

         Claro está, el caso de Venezuela nos ilustra hoy las limitaciones que enfrenta también la soberanía e independencia de nuestros pueblos ante la agresiva agenda del imperialismo estadounidense en nuestra región.  De ahí que también tendríamos que estar dispuestos a preguntarnos si acaso esas mismas circunstancias abiertamente contrarias al derecho internacional e, incluso, al derecho constitucional de Estados Unidos, ¿pondrían hoy en jaque también la posibilidad misma de la independencia nacional? Al igual que McKinley, Trump ha optado por reapuntalar de inmediato la condición de subordinación colonial de Puerto Rico por el valor geoestratégico que tiene.

         A pesar de ello, no creemos que hay que dar ya por perdida la apuesta hecha por Plan B Independencia en torno al proyecto de Orden Ejecutiva o la más reciente de un proyecto congresional que parta del reconocimiento de nuestra soberanía para el inicio de un proceso de negociación de los términos de una transición hacia la independencia. En cualquier caso, hay que estar claro de que nada nos caerá como maná del cielo sino que sólo como producto de la multiplicación de nuestras luchas de insumisión, anticoloniales y antiimperialistas, y la suma de fuerzas que logremos que converjan en torno a éstas. Sólo nos escuchará Washington si nos convertimos en un serio problema político para éste como ocurrió, por ejemplo, cuando las luchas para sacar a la Marina de Guerra estadounidense de Culebra y Vieques.  En última instancia, al igual que Hostos, tenemos que reconocer que estamos ante un problema que en el fondo no es jurídico  sino que más bien político, es decir, de poder. Además, hay que estar conscientes de que toda dominación nunca es absoluta, le acaba siempre por surgir grietas, y desde la profundización de éstas se va potenciando su contrario: la lucha desde la cual crear la posibilidad de poner fin a dicha dominación.   

         Por otra parte, sigue siendo válido el argumento de que la independencia es la opción que permite una redefinición mutuamente beneficiosa de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, que nos ponga en condiciones de asumir la responsabilidad por nuestro propio desarrollo político, económico y social, además de poner fin a la dependencia colonial en transferencias federales. Por otra parte, dado el rechazo reiterado de Trump a la anexión, sobre todo por entender que alteraría la relación de fuerzas en el Senado federal en contra del gobernante Partido Republicano, no entiendo como éste y sus allegados más cercanos no logran tomar conocimiento del hecho de que la manera más efectiva de cerrarle la puerta definitivamente a esa amenaza es mediante la promulgación de la independencia de Puerto Rico. Están tan ofuscados en su cruzada imperial del momento en nuestra región, que parecen no ver más allá de nuestra utilidad estratégica.

         Sin embargo, la dirección actual del Partido Demócrata sí parece estar mirando más allá y ha declarado recientemente que de recuperar este año la mayoría en el Congreso, producto de las elecciones de medio término, su partido estará promoviendo la anexión de Puerto Rico precisamente con el propósito de producir un cambio en la relación de fuerzas en el Senado, cambio éste que podría contribuir al residenciamiento de Trump. Aunque si a éste se le residencia o no por sus ínfulas y actos dictatoriales, ello no debe depender de movidas igualmente autocráticas e imperialistas de parte del Partido Demócrata contra los inalienables derechos  nacionales del pueblo de Puerto Rico. En todo caso, si quiere contribuir a la salida de Trump, ello debe ser el resultado de las luchas que hoy se libran en Estados Unidos, por el pueblo de ese país, contra sus desmanes y crímenes. Hay que entender que nuestras luchas no son las mismas, independientemente de la solidaridad mutua que debe haber siempre entre éstas. La lucha del pueblo estadounidense en estos momentos, más específicamente de sus sectores progresistas, es por sus derechos democráticos, incluyendo los socioeconómicos, mientras que la lucha de nuestro pueblo va más allá pues es también una lucha a favor de nuestros derechos nacionales, incluyendo la soberanía e independencia.  Demás está decir, que también nos identificamos plenamente con los reclamos y las luchas democráticas y progresistas de aquella parte de nuestro pueblo y nación que reside en Estados Unidos. Su lucha es también nuestra lucha.

         En ese sentido, sigue en pie nuestro objetivo estratégico de poner de inmediato sobre el tablero político la necesidad y viabilidad de la independencia, en momentos en que por razones tácticas y electorales el principal partido de la Independencia parece inclinado a postergarla para un futuro indefinido y concentrarse en el objetivo de ganar las próximas elecciones generales en el 2028 y, en su lugar, ofrecerle al país una mejor gobernanza, incluyendo la solución del problema colonial por medio de una Asamblea Constitucional de Status, la cual estaría regida por la Constitución del imperio y lo que queda de la de Puerto Rico. Demás esta decir que los anexionistas jamás se unirán a esta propuesta pues entienden que serían minoría ante una posible alianza del independentismo, soberanismo y el autonomismo. Por eso ellos favorecen el plebiscito como mecanismo, dadas sus lógicas matemáticas, el control del aparato electoral, el inversionismo de dicha opción por los sectores dominantes de la clase capitalista en Puerto Rico y la sumisión también de los medios de comunicación principales a las campañas de miedo en contra de la independencia, sin hablar del socialismo.

         Por otro lado, también nos tenemos que preguntar, ¿cómo se puede ofrecer una mejor gobernanza sin los poderes soberanos para ello? El colapso de la colonia no tiene que ver exclusivamente con la mediocridad y corrupción de sus gobernantes, sino que la raíz del problema es estructural. De ahí que hay que abordarlo de raíz, con transformaciones estructurales, empezando por la soberanía y el poder para decidir sobre nuestro propio rumbo político y económico en este mundo nuevo que se abre paso.

         Recordemos que Hostos no se amilanó con el rechazo de McKinley a su propuesta. Estaba consciente de que no habían condiciones en el momento para pasar de la protesta jurídica a la protesta armada. Tenía, sin embargo, la esperanza de que aún así podría lograr que con el reconocimiento de la soberanía se pudiera poner fin al régimen militar impuesto e ir progresivamente desmilitarizando al país y educando a la población nuestra sobre la necesidad de reclamar sus derechos nacionales. Fue así, como previamente mencioné, que Hostos se propuso conseguir que se pasase de la protesta jurídica a la protesta política. Siendo la Cámara de Delegados la única institución con representación puertorriqueña en el gobierno civil constituido bajo la Ley Foraker, le pidió que protagonizaran una rebelión soberana y promoviesen legislación afín a los intereses nacionales de Puerto Rico. La rebelión soberana reclamada por Hostos no se produjo por la división que había en ese momento entre los políticos puertorriqueños, y las falsas expectativas de autonomistas y anexionistas de que Washington eventualmente respondería positivamente a sus respectivos reclamos. Claro está, hoy en Puerto Rico tampoco hay las condiciones inmediatas para pasar a la protesta armada y tampoco la más mínima posibilidad de que la Asamblea Legislativa, también dividida aunque dominada por los anexionistas, asuma una protesta jurídico-política a favor de los derechos nacionales del pueblo puertorriqueño.

         De ahí que el Plan B Independencia, convertido hoy en un centro de pensamiento para la acción, está dedicado a promover la concertación necesaria de las fuerzas independentistas y soberanistas mediante nuestra participación proactiva en una serie de frentes que se han abierto: el de las fuerzas del independentismo y socialismo que organizaron la reciente Marcha por la Independencia, hasta la iniciativa de un Congreso por la  Descolonización hacia la Soberanía que está propuesto para finales de junio de este año. Dicho Congreso podría constituir el embrión de una eventual Asamblea Constituyente -que no es lo mismo que una Asamblea Constitucional de Status- desde la cual articular soberanamente la protesta jurídico-política tanto de independentistas como de soberanistas, en todas sus formas, y representar nuestra voluntad como pueblo para demandar y negociar bilateralmente con Estados Unidos un proceso de transición hacia nuestra soberanía e independencia, algo parecido a lo propuesto también por Hostos.  Ojalá prosperase alguna iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo estadounidense en favor de nuestra soberanía e independencia, pero si ello no fuese así en última instancia hay que estar dispuestos a crear las condiciones para proclamar y ejercer la soberanía, y no esperar por su concesión por Washington. También hemos estado participando en un diálogo en torno a otra iniciativa unitaria que está promoviendo por su lado el Movimiento de Diálogo Soberanista, en la que también ha estado participando el PIP, entre otros. Nuestro deseo es que se produzca, más temprano que tarde, una convergencia entre los distintos esfuerzos, preferiblemente en torno al propuesto Congreso como paso inicial hacia la institución soberana de una Asamblea Constituyente.

         Cómo se verá, Plan B Independencia sigue vivo y haciendo los ajustes que requieren el movimiento real de las circunstancias y los retos que plantea. Sigue pensando, como se dice, “outside the box”. En todo caso, el objetivo es seguir potenciando la suma necesaria de fuerzas en torno a propuestas concretas para poder revolucionar definitivamente las circunstancias actuales a favor de nuestra independencia nacional. Sólo así se le hace honor al legado revolucionario y también vivo de Hostos.

* Versión editada del texto que sirvió de base para el mensaje del autor como invitado especial del Comité Hostos 180 a la conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos, efectuada el 11 de enero de 2026 en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

** Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco. Posee además una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Columbia, Nueva York; un Certificado de Estudios de Posgrado en Ciencia Política de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago de Chile; y un grado de Juris Doctor (J.D.) y un B.A. en Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fue decano-fundador de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico (1993-2003) y también Catedrático (1995-2013). Actualmente es integrante del Grupo de Trabajo Pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, Argentina, y del cual es también Editor de su Boletín Crítica jurídica y política en Nuestra América. Es además uno de los fundadores y portavoces de Plan B: Independencia, un centro de pensamiento para la acción comprometido con la descolonización hacia la soberanía e independencia de Puerto Rico. Entre sus numerosas publicaciones está su obra del 2004 titulada La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas (San Juan: Ediciones Callejón), por la cual recibió un Reconocimiento Especial de parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Su obra más reciente es Crítica a la economía política del derecho (Ciudad de México/Buenos Aires: CEIICH-UNAM/CLACSO, 2024). Finalmente, es coautor, junto a Juan M. García Passalacqua, de la obra en dos volúmenes Puerto Rico y Estados Unidos: El proceso de consulta y negociación 1989-1990 (Río Piedras: Editorial UPR, 1990, 1991). 

[1] Al respecto, véase a Sergio Rodríguez Gelfenstein, “La ONU no vale nada, no vale medio.” El Ciudadano. 7 julio 2025. https://www.elciudadano.com/columnas/la-onu-no-vale-nada-no-vale-medio/07/07/

[2] En una entrevista con el presidente Trump publicada el 11 de enero de 2026 por el periódico The New York Times, éste confesó abiertamente que ya no creía en el derecho internacional y que sus acciones y las de su gobierno se estarían guiando por su moral personal y lo que considere conveniente para adelantar los intereses estratégicos de Estados Unidos. Posteriormente, se ha criticado el carácter autocrático de los integrantes iniciales de la susodicha Junta de Paz.

[3] Véase al respecto, por ejemplo, a Carlos Rivera Lugo, “La Tercera Guerra Mundial”, Claridad, San Juan, 13 abril 2022; Emmanuel Todd, “La Tercera Guerra Mundial ya comenzó”, La Onda Digital, https://www.laondadigital.com.uy/archivos/69119; y John Pilger, “A World War Has Begun: Break the Silence”, johnpilger.com, March 20, 2016.

[4] Carlos Rivera Lugo, “Los orígenes de la Cláusula Territorial”, 46 Rev. Col. Abog. P.R. 63 (1985). 

[5] Sobre el particular, véase a Graham Allison, “The Thucydides Trap”, The Atlantic, September 24, 2015.

[6] Carlos Rivera Lugo, “Pashukanis en Ucrania: El derecho internacional en un period de transición geoestratégica”, El conflicto ruso-ucraniano. Perspectivas caribeñas sobre su impacto internacional, Mariana Editores, Ponce, 2025, pp. 61-102.

[7] Sobre la propuesta del Plan B Independencia, los documentos que integran ésta y artículos sobre la misma, puede acceder a éstos en https://www.planbindependencia.org/. La propuesta de transición del Plan B Independencia tiene como referentes principales: la Resolución radicada en el 1982 por el congresista afronorteamericano y socialdemócrata de California, Ronald Dellums para un traspaso previo de poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico como condición sine qua non para un proceso de libre determinación; la propuesta de transición a la independencia hecha por el Partido Independentista Puertorriqueño al Senado de Estados Unidos en el proceso de consulta y negociación que se celebró en el Congreso federal entre 1989 y comienzos de 1991, y la cual fue acogida positivamente en dicho foro legislativo; y finalmente la propuesta política a favor de la independencia como “derecho de necesidad” enunciada por el líder Machetero Filiberto Ojeda Ríos en el 2005, poco antes de ser asesinado en septiembre de ese año por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Añado aquí la propuesta de Ojeda Ríos para la constitución de un Frente Popular para la Salvación Nacional. Sobre ambas propuestas, véase a José Elías Torres, Filiberto Ojeda Ríos: su propuesta, su visión. San Juan: Ediciones Callejón/Claridad, 2006.

Yo Acuso

Pliego acusatorio contra la clase política colonial y sus cómplices

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Yo acuso.

Y acuso con plena conciencia de lo que significa hacerlo en un momento histórico como este. No acuso por efectismo ni por provocación. Acuso porque el fascismo, cuando no se nombra, se normaliza; y cuando se normaliza, se consolida. La historia del siglo XX es clara al respecto, y fingir sorpresa ante lo que hoy ocurre es una forma sofisticada de negación y complicidad.

El título de esta columna no es una licencia literaria. Es una referencia deliberada y necesaria a J’Accuse…! de Émile Zola, publicado en 1898 para denunciar la corrupción moral del Estado francés en el caso Dreyfus. Zola entendió algo que sigue siendo incómodo más de un siglo después: que las grandes injusticias no se sostienen solo por la acción de un poder autoritario, sino por la colaboración activa o pasiva de instituciones, élites políticas, medios de comunicación y comentaristas que prefieren el orden a la verdad. Zola no escribió para convencer a los poderosos; escribió para dejar constancia histórica de quiénes sabían y aun así callaron. Esa es la función de esta acusación.

Hablar de fascismo hoy incomoda porque obliga a abandonar la ficción de que se trata de un fenómeno superado, confinado a libros de historia o a imágenes en blanco y negro. Pero el fascismo no es una estética ni un recuerdo; es una forma concreta de organización del poder que emerge cuando el capitalismo entra en crisis estructural y ya no puede gobernar mediante consensos democráticos mínimos. En ese momento, el capital recurre al Estado autoritario para asegurar la continuidad de la acumulación, el control de poblaciones consideradas excedentes y el dominio sobre territorios y recursos naturales estratégicos.

El fascismo no surge contra el capital, sino como su tabla de salvación. Cuando la desigualdad se vuelve insostenible, cuando los derechos sociales estorban la rentabilidad, cuando las mayorías comienzan a reclamar justicia material, el sistema responde sustituyendo la política por la fuerza, el derecho por la excepción y la ciudadanía por la obediencia. El enemigo, real o fabricado, se vuelve indispensable para justificar ese tránsito. Ayer fue el judío, el comunista o el gitano. Hoy es el migrante latino, el pobre, el disidente, el que protesta y el Antifa.

En la Alemania de los años treinta, nada de lo que ocurrió comenzó con cámaras de gas. Comenzó con decretos. Con listas. Con discursos que hablaban de “invasiones”, “enemigos internos” y “restaurar el orden”. Comenzó con jueces que miraron hacia otro lado, con empresarios que aplaudieron, con periodistas que justificaron y con políticos que calcularon que podían convivir con el monstruo. Así ocurrió en la Europa de entreguerras del siglo XX. Así ocurre hoy, con nuevas tecnologías, nuevos lenguajes y redes sociales, pero con las mismas lógicas de fondo.

Al principio persiguieron a otros y muchos guardaron silencio, convencidos de que no les concernía. Luego, la injusticia avanzó, apresando a más personas, y aun así, la comodidad, el miedo o el cálculo político impusieron la mudez. Cada atropello tolerado fue allanando el camino al siguiente, hasta normalizar el abuso como si fuera ajeno o inevitable. Como advirtió el pastor alemán Martin Niemöller, cuando finalmente fueron por quienes callaron, ya no quedaba nadie con la voz intacta para protestar.

Bajo ese marco histórico y económico, lo que representa Donald Trump no es una anomalía personal ni una excentricidad ideológica. Es la expresión coherente de un proyecto autoritario que responde a un capitalismo estadounidense en crisis, decidido a preservar su hegemonía mediante la fuerza, el miedo y el despojo. El lenguaje de “invasión” para describir la migración no es un exceso retórico: es la deshumanización necesaria para suspender derechos y normalizar la violencia estatal. Cuando se declara una invasión, se habilita el estado de excepción. Cuando se declara un enemigo interno, se justifica su persecución y asesinato.

Las políticas migratorias de Trump no buscan regular flujos; buscan disciplinar poblaciones. Las redadas masivas, las detenciones administrativas sin debido proceso real, el uso de la fuerza letal por parte de ICE y la defensa automática de los agentes que matan civiles responden a una lógica clara: el Estado no rinde cuentas cuando ejerce violencia contra quienes han sido previamente despojados de su condición humana. El asesinato de la activista Renee Nicole Good en Minneapolis y la reacción oficial que lo justificó y encubrió no son accidentes; son la consecuencia directa de ese marco autoritario. Cuando la protesta que sigue a la muerte se criminaliza y se califica de terrorismo interno, el círculo se cierra: la violencia estatal se legitima y la disidencia se convierte en delito.

A esta arquitectura del miedo se añade un elemento fundamental del fascismo contemporáneo: el uso de la tecnología y de bases de datos civiles para la persecución política y social. El control ya no requiere campos de concentración; requiere información, cooperación administrativa y gobiernos locales dispuestos a servir de engranaje. Y aquí es donde la clase política de Puerto Rico deja de ser un espectador distante para convertirse en cómplice.

Puerto Rico, como colonia, ha sido históricamente un territorio funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Lo nuevo es la naturalidad con que su gobierno electo se integra al proyecto autoritario sin siquiera intentar disimularlo. La entrega por parte de la gobernadora Jennifer González de información confidencial de inmigrantes con licencia de conducir a agencias federales represivas no fue un acto neutral ni inevitable. Fue una decisión política consciente que colocó a la colonia al servicio de una maquinaria de persecución. Defender esa entrega en nombre del “cumplimiento de la ley” es repetir, palabra por palabra, el argumento clásico de los burócratas que hicieron posibles las peores atrocidades del siglo XX.

El silencio de la gobernadora Jennifer González ante el uso de fuerza letal contra una activista por parte del aparato federal no es prudencia; es complicidad. La celebración de la militarización del Caribe y de Puerto Rico bajo la doctrina de “America First” no es estrategia; es alineamiento ideológico y sumisión. La firma de legislación que facilita la militarización de las escuelas públicas no es una política educativa inocente; es la normalización de la lógica castrense en la formación de menores, especialmente de aquellos provenientes de sectores empobrecidos que el sistema ya considera prescindibles salvo como carne de cañón.

Lo mismo ocurre con la política energética. El giro hacia combustibles fósiles y la adopción de la narrativa de “dominación energética” no responden al bienestar colectivo, sino a la lógica del saqueo capitalista. El fascismo siempre ha protegido intereses corporativos estratégicos mediante el Estado autoritario, sacrificando derechos sociales, ambientales y comunitarios en nombre de la seguridad y el crecimiento. Puerto Rico, una vez más, se ofrece como territorio de extracción y laboratorio de políticas regresivas.

La acusación se vuelve aún más grave cuando el poder local no solo calla, sino que aplaude la violencia imperial. El respaldo público de la gobernadora al secuestro extraterritorial del presidente Nicolás Maduro, independientemente de cualquier juicio político sobre su gobierno, revela una aceptación abierta del principio fascista según el cual la fuerza sustituye al derecho y el multilateralismo es un estorbo. El fascismo siempre desprecia la legalidad internacional porque reconoce límites; y el autoritarismo no tolera límites.

Nada de esto ocurre en el vacío. Su gabinete ejecuta o tolera sin cuestionar. La prensa dominante normaliza, minimiza o diluye la gravedad de los hechos. Los comentaristas repiten los marcos del poder y llaman extremismo a la denuncia. Así fue en la Alemania nazi. Así fue en la Italia fascista. Así fue en todas las experiencias autoritarias que luego afirmaron no haber sabido lo que ocurría.

Por todo lo anterior, yo acuso.

Acuso a la gobernadora de Puerto Rico de haberse colocado conscientemente del lado equivocado de la historia. No por error, no por ingenuidad, sino por alineamiento político con un proyecto fascista contemporáneo. Acuso a su gabinete de administrar sin escrúpulos un poder que persigue, silencia y militariza. Acuso a la prensa y a los comentaristas que le hacen coro de contribuir a la normalización de lo inaceptable.

La historia no juzga discursos; juzga consecuencias. Y cuando este ciclo de autoritarismo deje tras de sí el daño que siempre deja, no habrá espacio para la excusa del desconocimiento. Como entendió Zola, hay momentos en que escribir es acusar, y acusar es un deber.

Yo acuso.

Diez verdades inconvenientes ante el autoritarismo estadounidense

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Hay momentos históricos en los que las señales son tan claras que ignorarlas deja de ser ingenuidad y se convierte en complicidad. El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, acompañado por una cúpula política abiertamente autoritaria, nacionalista y militarista, marca uno de esos momentos. No estamos ante exabruptos aislados ni simples excesos retóricos, sino frente a un proyecto de poder coherente que amenaza el estado de derecho, el orden internacional, la estabilidad y futuro de la humanidad como especie. 

Luego de la Guerra Fría nos hemos olvidado de que aún existe el peligro de una guerra termonuclear final, pues el planeta descansa en la voluntad de tres líderes mundiales, uno de los cuales es Donald Trump. Esto le impone a la humanidad la necesidad existencial de negociar nuevos consensos para lidiar con las siguientes verdades inconvenientes:

La primera verdad inconveniente es que la democracia estadounidense ya no puede presentarse como un modelo universal. El desprecio sistemático por los límites constitucionales, la instrumentalización de los tribunales, la politización de las fuerzas armadas y la normalización del discurso del enemigo interno han erosionado los fundamentos del constitucionalismo liberal. Lo que antes se denunciaba como una deriva autoritaria hoy se ejerce sin pudor y con respaldo político.

La segunda verdad es que este autoritarismo se proyecta peligrosamente hacia el resto del planeta. La política exterior estadounidense ha abandonado cualquier pretensión de sujeción al derecho internacional. Las amenazas y acciones abiertas contra varios países del hemisferio, México, Colombia, Cuba y Venezuela, revelan una lógica de fuerza que sustituye a la diplomacia y al multilateralismo. Ya no se trata de contención ni de disuasión, sino de intimidación y acción cinética abierta.

La tercera verdad es que el mundo se encuentra peligrosamente cerca de conflictos armados regionales en al menos tres zonas estratégicas, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad global. Cuando una potencia militar se arroga el derecho de intervenir, secuestrar dirigentes o “corregir” gobiernos que considera hostiles, se activa una cadena de respuestas que ningún actor controla del todo. América Latina vuelve a ser tratada como un tablero geopolítico y no como un conjunto de pueblos con derecho a la autodeterminación. Esto agrava el potencial explosivo del terrible abuso hacia Palestina y los países circundantes y una nueva escalada del latente conflicto de la soberanía de China sobre Taiwán. 

La cuarta verdad es que los consensos internacionales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial han sido, en la práctica, despedazados. El sistema que emergió de Yalta, con todas sus limitaciones y abusos, descansaba sobre ciertos mínimos: respeto a la soberanía estatal, prohibición del uso unilateral de la fuerza y primacía del derecho internacional. Hoy esos principios son tratados por Estados Unidos como obstáculos que deben ser removidos.

La quinta verdad es que el derecho internacional atraviesa una crisis profunda de eficacia, no porque haya perdido legitimidad normativa, sino porque las grandes potencias han decidido incumplirlo selectivamente. Cuando el actor hegemónico actúa al margen de las reglas, el mensaje al resto del mundo es devastador: la legalidad es opcional y la fuerza vuelve a ser la norma.

La sexta verdad es que el discurso de la “seguridad nacional” se ha convertido en la coartada perfecta para justificar cualquier atropello. Bajo ese concepto elástico se legitiman intervenciones militares, sanciones económicas que castigan a poblaciones civiles y operaciones encubiertas que violan la Carta de las Naciones Unidas. La seguridad deja de ser un concepto jurídico y se transforma en una herramienta ideológica.

La séptima verdad, particularmente relevante para Puerto Rico, es que el colonialismo nunca fue una anomalía del sistema estadounidense, sino una de sus expresiones más persistentes. El mismo poder que hoy amenaza a Estados soberanos es el que impuso PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y un régimen de excepción permanente sobre el pueblo puertorriqueño. El autoritarismo externo y la dominación colonial interna responden a la misma lógica.

La octava verdad es que Puerto Rico se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema ante este nuevo escenario geopolítico. Sin soberanía, sin representación internacional y sin control sobre su política exterior o de defensa, la isla queda atrapada en conflictos que no decide y cuyas consecuencias sí padece. La historia demuestra que los territorios coloniales siempre pagan un precio desproporcionado en contextos de militarización o guerra.

La novena verdad es que la narrativa de la “protección” estadounidense hacia Puerto Rico ha quedado completamente desacreditada. No hay protección cuando se gobierna por decreto, cuando se amenaza a pueblos enteros o cuando se desprecia el derecho internacional. Lo que existe es subordinación, dependencia y silencio impuesto.

A estas verdades se suma una décima realidad aún más inquietante: la defensa abierta que la derecha fascista global, incluida su expresión pedestre en Puerto Rico pregonada por los medios de prensa corporativa, ha hecho de actos que constituyen crímenes internacionales, como el secuestro y extracción forzada del presidente venezolano Nicolás Maduro. No se trata de confusión jurídica ni de torpeza política o intelectual. Es una toma de posición consciente a favor de la ilegalidad y de la ley del más fuerte.

Resulta especialmente grave que sectores que se autodenominan “defensores de la libertad” justifiquen prácticas que violan de forma palmaria la soberanía estatal y la prohibición del uso de la fuerza. Secuestrar a un jefe de Estado no es un acto de justicia ni de liberación: es un crimen que, de normalizarse, destruye cualquier posibilidad de orden jurídico internacional mínimamente estable.

La derecha autoritaria ha decidido ignorar los daños irreparables que estas posturas y acciones ya están ocasionando y seguirán ocasionando a la humanidad. Cuando se legitima la captura, derrocamiento o eliminación violenta de dirigentes políticos, se cruza una línea histórica peligrosa. Se instala la idea de que ningún conflicto tiene límites y de que toda diferencia ideológica puede resolverse mediante la fuerza extrema. Esto es caos.

Más aún, estas posturas irresponsables aumentan exponencialmente el riesgo de una escalada bélica global, incluyendo la posibilidad real de un conflicto nuclear. No se trata de alarmismo. Es la consecuencia lógica de un sistema internacional donde los tratados se incumplen, las normas se desprecian y la fuerza militar sustituye al derecho. El siglo XX ya demostró adónde conduce esa lógica.

Que en Puerto Rico existan voces que aplaudan o minimicen estos actos revela hasta qué punto el colonialismo político e intelectual ha erosionado el juicio ético de ciertos sectores. Defender secuestros, invasiones o intervenciones ilegales no es pragmatismo: es una renuncia abierta a la civilización jurídica construida tras dos guerras mundiales.

Esta deriva fascista, tanto global como local, no solo amenaza a los pueblos directamente atacados. Amenaza a toda la humanidad. Amenaza la posibilidad misma de resolver conflictos por vías racionales, jurídicas y democráticas. Y amenaza de forma particular a los pueblos coloniales, que siempre terminan siendo utilizados como peones, bases militares o daños colaterales.

La conclusión inescapable a este escenario trágico es que este momento histórico obliga a repensarlo todo. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad política. La independencia de Puerto Rico deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una necesidad histórica urgente de supervivencia democrática. Un país sin soberanía es un país sin capacidad real de proteger a su gente frente a los excesos de un poder imperial cada vez más dispuesto a llevar al mundo al borde del abismo.

Guardar silencio ante estas barbaridades no es neutralidad.

Es complicidad.

Cuando la Junta pretende legalizar lo ilegal

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La demanda de nulidad de la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy no es una controversia contractual ordinaria. Tampoco es un simple choque entre el gobierno de Puerto Rico y una empresa privada. Se trata de un caso que expone, con una claridad inquietante, hasta dónde está dispuesta a llegar la Junta de Supervisión Fiscal para imponer su poder por encima del derecho vigente en Puerto Rico. Aquí no está en juego solo un contrato, sino la vigencia misma del Código Civil y la capacidad del gobierno de Puerto Rico para hacer cumplir la ley.

En noviembre de 2022 se suscribió una extensión del contrato suplementario mediante el cual LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esa extensión alteró términos esenciales del acuerdo original y, según alegan tanto la Gobernadora de Puerto Rico como la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, se firmó sin cumplir con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico. No se obtuvieron las autorizaciones necesarias de los organismos competentes ni se observaron las formalidades que la ley impone para este tipo de contratos públicos. Por esa razón, el gobierno acudió al tribunal solicitando que se declarara nula dicha extensión.

Ese planteamiento no tiene nada de exótico ni de radical. El Código Civil de Puerto Rico de 2020 es categórico al establecer que los contratos que no cumplen con los requisitos esenciales de validez son nulos. La nulidad absoluta implica que el contrato no produce efectos jurídicos, porque nunca llegó a existir válidamente en el mundo del derecho. No se trata de una sanción discrecional ni de una preferencia política, sino de una consecuencia jurídica automática cuando se viola la ley.

Desde esa perspectiva, la controversia parecería encajar perfectamente dentro del ámbito del derecho local de contratos. Son los tribunales locales los que, tradicionalmente, determinan si un contrato celebrado en Puerto Rico cumple o no con los requisitos del Código Civil. Más aún, cuando es el propio gobierno quien alega que actuó sin la autoridad necesaria o que se violentaron normas imperativas. En cualquier jurisdicción con un mínimo de normalidad constitucional, ese sería el final del análisis del tribunal.

Por eso, cuando LUMA solicitó remover el caso al Tribunal Federal bajo el Título III de PROMESA, el desenlace parecía previsible. En controversias anteriores relacionadas con LUMA, la jueza Laura Taylor Swain optó por abstenerse de intervenir. Así ocurrió en el caso de DACO, donde se cuestionaba la inmunidad otorgada a LUMA por daños causados por apagones y fluctuaciones de voltaje, y también en disputas contractuales entre LUMA y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas sobre cláusulas de mediación y arbitraje. En ambos casos, el tribunal federal reconoció que se trataba de asuntos de derecho local o regulatorio fuera del alcance de la Ley PROMESA.

Sin embargo, en esta ocasión el escenario cambió de manera sustancial. No porque la naturaleza del contrato sea distinta, sino porque la Junta de Supervisión Fiscal decidió intervenir. Y esa intervención transformó una controversia contractual en algo mucho más grave: una disputa sobre si el plan fiscal puede colocarse por encima del Código Civil. La Junta solicitó que el tribunal federal retuviera jurisdicción y evitara que el contrato fuera declarado nulo, alegando que su cancelación violaría el plan fiscal certificado para la Autoridad de Energía Eléctrica.

Ese planteamiento merece ser examinado con detenimiento, porque encierra una pretensión de poder inédita. La Junta no está defendiendo que el contrato sea válido conforme al derecho puertorriqueño. Tampoco está argumentando que se cumplieron los requisitos del Código Civil. Lo que sostiene es que, aunque el contrato sea nulo, debe mantenerse vigente porque el plan fiscal así lo contempla.

En otras palabras, la Junta está diciendo que la ilegalidad del contrato es irrelevante. Que no importa si faltó consentimiento válido, si no hubo autorización de la Junta de Directores o si se violaron normas imperativas. Lo único que importa es que el contrato está integrado al plan fiscal y que su nulidad afectaría el proceso de reestructuración. Ese razonamiento subvierte por completo la lógica del derecho civil y la precaria situación del balance de poderes colonial bajo PROMESA.

Hasta ahora, la Junta había utilizado su poder para objetar leyes nuevas, reglamentos o políticas públicas adoptadas después de PROMESA, alegando que eran incompatibles con los planes fiscales. Ese poder ya era problemático, pero al menos se ejercía sobre actos normativos futuros. Aquí, en cambio, la Junta pretende impedir que el gobierno ejerza un poder básico e histórico: el de declarar nulo un contrato ilegal. Se trata de una expansión cualitativa del control colonial.

El efecto práctico de ese planteamiento es devastador. Si el gobierno no puede alegar la nulidad de un contrato que viola la ley, el Código Civil queda reducido a un adorno retórico. Si un plan fiscal puede validar lo que la ley declara inexistente, entonces la jerarquía normativa se invierte por completo. La ley deja de ser el marco que rige los contratos y pasa a ser subordinada a documentos fiscales aprobados por una entidad no electa. Además, convierte a la Junta de Supervisión Fiscal en un ente legislativo que puede dejar sin efecto requisitos legales para la legalidad de los contratos.

El derecho civil no funciona así. Un contrato nulo no puede ser “conveniente” o “inconveniente”; simplemente no existe jurídicamente. No puede producir efectos, no puede generar obligaciones válidas y no puede sostenerse por razones de eficiencia administrativa o estabilidad financiera. Pretender lo contrario es convertir la nulidad en una cuestión política y no jurídica.

Lo que la Junta está reclamando, en la práctica, es la facultad de eximir a LUMA del cumplimiento de las leyes de Puerto Rico. Una entidad territorial creada por el Congreso estaría protegiendo a una empresa privada frente al propio ordenamiento jurídico del país donde opera. Ese es un salto cualitativo en el ejercicio del poder colonial, porque ya no se trata solo de controlar presupuestos, sino de suspender a su arbitrio la aplicación o no de los requisitos de ley para la validez de los contratos.

Este conflicto también anula, en los hechos, el poder del gobierno de Puerto Rico de actuar como parens patriae y de ejercer la razón de Estado. La Gobernadora no está actuando aquí como una parte privada inconforme, sino como la jefa del Ejecutivo defendiendo la legalidad de los actos del Estado. Si ni siquiera en ese contexto puede invocarse la nulidad, entonces el gobierno queda jurídicamente incapacitado para proteger el interés público.

Las implicaciones de aceptar ese planteamiento son profundas. Significaría que ningún contrato vinculado a PROMESA puede ser realmente impugnado por ilegal. Bastaría con integrarlo al plan fiscal para blindarlo contra el derecho civil. El mensaje sería claro: bajo el régimen de PROMESA, la ley aplica solo mientras no interfiera con la reestructuración según entendida por siete procónsules no electos por el pueblo de Puerto Rico.

Ese es el punto donde esta controversia deja de ser técnica y se vuelve política en el sentido más profundo. Estamos ante un régimen en el que una Junta no electa puede decidir qué contratos se rigen por la ley y cuáles quedan fuera de ella. Un régimen donde la legalidad se subordina a la contabilidad financiera y donde el Estado de derecho se suspende por conveniencia colonial.

Por eso, este caso confirma algo que ya no debería sorprendernos. PROMESA no es simplemente una ley para manejar una crisis fiscal. Es un andamiaje de dominación que permite desplazar el derecho local cuando estorba los intereses del capitalismo neoliberal. Mientras Puerto Rico permanezca bajo ese régimen, ninguna reforma legal será suficiente para proteger la soberanía del derecho.

La lección es clara y dura. No hay forma de reconciliar un Código Civil que declara nulos los contratos ilegales con un sistema que insiste en mantenerlos vigentes por mandato colonial. No hay equilibrio posible entre legalidad y subordinación absoluta. La única salida real a esta contradicción estructural es política, no jurídica.

Y esa salida tiene un nombre. Se llama independencia.

Puerto Rico ante la nueva doctrina imperial: hora de despertar y organizarnos

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre por Estados Unidos redefine al Caribe como un espacio exclusivamente subordinado a su poder militar, económico y geopolítico. Bajo el llamado “Trump Corollary” a la Doctrina Monroe, Washington declara abiertamente que controlará rutas marítimas, infraestructura crítica, recursos energéticos y estratégicos y movimientos migratorios en todo el hemisferio. No hay sutilezas: el documento deja claro que ninguna potencia extranjera puede tener presencia en la región y que Estados Unidos se reserva el derecho de usar fuerza militar donde lo estime necesario. Puerto Rico, por su ubicación estratégica, vuelve a colocarse en el centro de una lógica colonial que pretende administrar nuestro territorio como si fuéramos una base militar gigante y no un pueblo con derecho a existir y decidir.

Mientras esto ocurre, los puertorriqueños seguimos atrapados en un estatus territorial que sirve precisamente para perpetuar esa visión. No tenemos control sobre nuestra política energética, nuestras telecomunicaciones, nuestros puertos, ni siquiera sobre el manejo de emergencias que debería ser un asunto estrictamente nacional. El propio documento federal reconoce que Puerto Rico es un nodo crítico en las cadenas de suministro, en la vigilancia marítima y en la proyección de poder hacia el Caribe y América Latina. Esa clasificación no nos otorga derechos: nos convierte en instrumento, en plataforma, en pieza de ajedrez movida por manos ajenas.

El problema no es nuevo, pero ahora es explícito. El lenguaje de “seguridad nacional” y “protección del hemisferio” reaviva la misma lógica de ocupación que justificó la invasión de 1898, la expropiación de tierras, la imposición de bases militares y experimentos sociales sobre nuestra gente. Puerto Rico vuelve a ser tratado como una frontera militarizada, no como una nación. Y cada vez que un estratega en Washington mira un mapa del Caribe, nuestro país aparece subrayado como activo, no como patria.

Esa mirada colonial explica por qué no avanzan las reformas políticas y por qué el Congreso evita discutir seriamente cualquier fórmula descolonizadora. El territorio sirve demasiado bien a los intereses imperiales: está cerca de las rutas, es controlable, no tiene voto, no tiene soberanía y ha sido moldeado durante un siglo bajo un marco jurídico subordinado. Por eso nos entretienen con la promesa eterna de la estadidad, una narrativa diseñada para posponer la discusión real de la descolonización y desviar la atención del poder que podríamos ejercer si asumimos la lucha de frente. Esa estrategia no debe desanimarnos, sino recordarnos que la descolonización avanza precisamente cuando el pueblo decide organizarse y reclamar su lugar en la historia.

Sin embargo, esta coyuntura, por dolorosa que sea, también ilumina el camino. Si los Estados Unidos han decidido reafirmar su control, entonces a nosotros nos toca reafirmar nuestra voluntad de ser libres. No se trata de victimismo ni de indignación momentánea: se trata de organización, conciencia y acción política. Es la hora de que la independencia deje de ser vista como un sueño lejano o como una consigna para convencidos, y se convierta en proyecto nacional capaz de disputar el futuro inmediato del país.

Los independentistas —y todos los puertorriqueños que aspiran a vivir en un país digno— tienen la obligación histórica de levantarse en este momento. La doctrina imperial no se combate con silencio ni con resignación, sino con militancia, con educación política, con trabajo nacional y con propuestas claras que demuestren que un Puerto Rico soberano es viable, necesario y urgente. Cada organización, cada colectivo, cada ciudadano tiene un rol que asumir, porque la colonia no colapsa sola: se desmonta con presión política sostenida y con voluntad colectiva.

La estrategia estadounidense nos recuerda que ningún imperio renuncia a un territorio estratégico por cortesía. La única fuerza capaz de romper el diseño colonial es un pueblo movilizado, consciente de su presente y dueño de su porvenir. Ya no basta con observar el deterioro democrático desde la distancia ni lamentar la intervención constante en nuestras decisiones internas. Ahora es el momento de convertir la indignación en organización y la esperanza en acción.

Puerto Rico merece un futuro que no esté definido por intereses militares ajenos, sino por las aspiraciones de su gente. Ese futuro comienza cuando nosotros decidimos ponernos de pie, hablar sin miedo y construir, desde ahora, el país que queremos heredar. La historia nos está llamando otra vez: respondamos con firmeza, con creatividad y con la convicción profunda de que la libertad no se mendiga, se ejerce.

PROMESA: El experimento colonial que empobreció a Puerto Rico y confirmó el colapso final del régimen territorial

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA en 2016, la presentó como el remedio indispensable para corregir la crisis fiscal de Puerto Rico. El discurso oficial afirmaba que la Junta de Supervisión Fiscal devolvería disciplina presupuestaria, renegociaría la deuda y encaminaría a la Isla hacia un futuro de estabilidad económica.

Nueve años después, la realidad es otra. PROMESA profundizó la crisis, acentuó la desigualdad, debilitó las instituciones públicas y expuso, con brutal claridad, el agotamiento histórico del régimen colonial. No fue una solución. Fue la confirmación de que la colonia ya no se sostiene.

Colonialismo, Casos Insulares y poder federal absoluto

PROMESA no puede analizarse fuera del marco colonial que define la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico desde 1898. La Cláusula Territorial, reforzada por los Casos Insulares, mantiene a Puerto Rico como un territorio subordinado, donde el Congreso posee poder absoluto y el pueblo carece de soberanía.

Esa estructura política explica por qué el país no tiene control real sobre sus decisiones económicas, fiscales o de desarrollo. El Estado Libre Asociado nunca fue un pacto bilateral. Fue una narrativa política diseñada para ocultar la continuidad del dominio congresional.

Los Casos Insulares, decididos entre 1901 y 1922, crearon la doctrina del “territorio no incorporado”, una ficción legal que permite a Estados Unidos ejercer soberanía sin conceder derechos plenos a la población. Bajo esa doctrina, Puerto Rico “pertenece a, pero no forma parte de” Estados Unidos. Esto justifica el trato desigual, la exclusión de programas federales, la ausencia de representación efectiva y la subordinación total al Congreso.

Su efecto no es histórico únicamente. Es actual y determinante. Cada vez que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de corregir esta doctrina —como en Sánchez Valle, Aurelius y Vaello Madero— la ha reafirmado. Por eso los Casos Insulares no son un residuo del pasado. Son el fundamento vivo del régimen colonial contemporáneo y sostienen estructuras como la Junta de Supervisión Fiscal, que solo pueden existir en un territorio desprovisto de soberanía.

La jurisprudencia reciente: un colonialismo reafirmado

Durante la última década, el Tribunal Supremo federal no solo ha mantenido el poder colonial del Congreso sobre Puerto Rico. Lo ha profundizado sin ambigüedades.

En Puerto Rico v. Sánchez Valle (2016) el Tribunal afirmó que la fuente última de soberanía en Puerto Rico sigue siendo el Congreso. En Financial Oversight and Management Board v. Aurelius (2020) sostuvo que los miembros de la Junta no son “oficiales federales” para fines de la Cláusula de Nombramientos, sino funcionarios de un gobierno territorial que existe únicamente por delegación del Congreso.

En United States v. Vaello Madero (2022) el Supremo fue aún más claro. Sostuvo que el Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico de programas federales esenciales como el Seguro Social Suplementario, aunque esa exclusión afecte gravemente a personas vulnerables y constituya un trato desigual dentro de la ciudadanía estadounidense. El mensaje es inequívoco: el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico porque Puerto Rico es un territorio.

A ello se añade el caso Centro de Periodismo Investigativo v. Junta de Supervisión Fiscal (2023), en el cual el Tribunal Supremo resolvió que la Junta goza de inmunidad soberana frente a reclamaciones que buscan transparencia y acceso a la información pública. La institución que controla las finanzas del país quedó blindada de tener que rendir cuentas, aun cuando sus decisiones afectan directamente la vida y el futuro del pueblo.

Esa inmunidad, combinada con la doctrina reafirmada en Aurelius, convirtió a la Junta en un organismo prácticamente intocable. El Tribunal de Título III y el Primer Circuito, alineados con esta lógica, han desestimado sistemáticamente los casos que cuestionan la constitucionalidad de sus actos, ya sea por falta de standing, por supuesta “no justiciabilidad” o por una lectura extremadamente amplia de los poderes e inmunidades de PROMESA.

La conclusión es clara. Los tribunales federales han cerrado la puerta a cualquier vía judicial eficaz para limitar o revertir el poder de la Junta. Han consolidado el tutelaje colonial como parte estructural del régimen fiscal impuesto a Puerto Rico.

El modelo económico agotado y la crisis como pretexto

Durante décadas, Puerto Rico operó bajo un modelo económico fundamentado en incentivos federales, intervención externa y dependencia estructural. Ese sistema funcionó mientras existían mecanismos artificiales —como la sección 936— que subsidiaban indirectamente la actividad económica en la Isla.

Su eliminación en 2006 reveló la fragilidad de un modelo incapaz de sostenerse sin esos incentivos. El resultado fue una recesión prolongada, pérdida masiva de empleos, contracción económica y migración a gran escala.

La deuda pública se convirtió entonces en el mecanismo para posponer el colapso. Pero ese endeudamiento excesivo no puede separarse de las decisiones federales que restringieron la capacidad económica de Puerto Rico ni de un sistema colonial que impide al país diseñar su propio proyecto de desarrollo.

En ese contexto, PROMESA no fue un plan de rescate. Fue la administración colonial de un fracaso estructural político y económico.

La imposición de PROMESA: un régimen de control financiero

Cuando Puerto Rico perdió acceso a los mercados, el Congreso actuó rápidamente para imponer un régimen de control fiscal directo. No hubo consulta pública ni análisis participativo. La legislación fue diseñada por el Tesoro federal, fondos buitres y consultores financieros cuyo objetivo principal era asegurar el cobro de la deuda.

La crisis se convirtió en una oportunidad para intensificar el control colonial y proteger a los acreedores. PROMESA no fue una invitación al diálogo democrático. Fue una imposición unilateral que ignoró por completo la voz del pueblo y colocó a Puerto Rico bajo la supervisión de un organismo que responde a intereses externos.

La Ley PROMESA constituye uno de los ejercicios más agresivos de poder federal sobre un territorio estadounidense en tiempos contemporáneos. La Junta de Supervisión Fiscal posee autoridad para imponer planes fiscales, vetar leyes, modificar presupuestos, ordenar reformas estructurales y dirigir la estrategia de negociación de la deuda.

La decisión del Tribunal Supremo federal que afirma que la Junta es un componente del “gobierno de Puerto Rico” no se sostiene en la realidad política. Es una ficción jurídica utilizada para justificar un sistema antidemocrático en donde siete personas no electas controlan el destino de un país.

Este mecanismo revive la lógica tutelar de principios del siglo XX. Un ente no electo, dirigido desde Washington, gobierna por encima del pueblo. PROMESA, en esencia, es la reedición moderna de la Ley Foraker bajo el régimen de los Casos Insulares.

La Junta, el Título VII y el laboratorio neoliberal

A pesar de haberse presentado como un cuerpo de expertos, la Junta ha operado con una dependencia desmedida en consultores externos. Sus honorarios ya superan los 2,000 millones de dólares desde 2017 hasta el primer trimestre de 2024, según un informe de Espacios Abiertos, que estima 1,702 millones en gastos vinculados a los casos del Título III y 308 millones en consultores fuera del proceso de quiebra.

Investigaciones del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) documentan que muchas firmas de consultoría cobraban tarifas superiores a 1,200 dólares por hora y que solo alrededor de un 3% de los contratos se adjudicó a firmas puertorriqueñas. Este gasto desproporcionado, lejos de mejorar el rigor técnico de la Junta, revela una estructura que privilegia la industria de la reestructuración por encima de las necesidades fiscales y sociales del pueblo.

Lejos de ser una institución técnica, la Junta ha demostrado ser un ente profundamente político. Su actuación responde a un proyecto neoliberal habilitado explícitamente por el Título VII de PROMESA, que la faculta a imponer “reformas estructurales” permanentes que faciliten el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Ese título otorga a la Junta poder para intervenir en legislación laboral, políticas de inversión pública, estructura gubernamental y modelos de prestación de servicios esenciales. La convierte en un vehículo institucional de la ortodoxia neoliberal: reducción del Estado, privatización de servicios, flexibilización laboral y subordinación total del gasto social a la disciplina fiscal.

No se trata de torpeza técnica. Es un patrón coherente con la ideología económica que PROMESA incorpora como diseño central. Por eso la Junta ha impulsado privatizaciones fallidas como la de LUMA y Genera, ha bloqueado leyes laborales protectoras, ha recortado agresivamente la Universidad de Puerto Rico y ha debilitado servicios esenciales para privilegiar el pago a acreedores y la reconfiguración del Estado según criterios de “eficiencia” divorciados de la realidad social del país.

En la práctica, el Título VII convierte a la Junta en el brazo ejecutor de un laboratorio neoliberal que solo puede imponerse porque Puerto Rico es un territorio sin soberanía. Aquí no existe la capacidad democrática para rechazar políticas que nunca pasarían el escrutinio del voto. La Junta no es técnica porque PROMESA no es técnica: es un proyecto político que utiliza la crisis fiscal como excusa para reordenar el país según intereses externos.

Austeridad, derechos humanos y empobrecimiento permanente

Los planes fiscales impuestos por la Junta han instaurado un régimen de austeridad que ha reducido los recursos de la Universidad de Puerto Rico, debilitado el sistema de educación pública, comprometido los servicios de salud y precarizado las condiciones laborales del país.

Este enfoque no ha generado crecimiento económico. Lo ha reprimido. La austeridad ha expulsado a decenas de miles de puertorriqueños, ha profundizado la desigualdad y ha deteriorado instituciones esenciales para cualquier modelo de desarrollo sostenible. PROMESA convirtió la austeridad en doctrina. Ese ha sido uno de los daños más severos.

Desde el derecho internacional, PROMESA viola el principio de libre determinación al imponer un ente no electo con autoridad sobre decisiones vitales del país. Asimismo, la austeridad ha afectado gravemente derechos económicos y sociales como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social.

El trato que recibe Puerto Rico reproduce desigualdades raciales y económicas que colocan al país en una posición inferior frente a los estados. El impacto humano de la ley es innegable. Constituye un retroceso histórico en la protección de derechos básicos reconocidos por la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por sus resoluciones interpretativas.

Reestructuraciones insuficientes y riesgo de una nueva quiebra

Las reestructuraciones de deuda bajo la tutela de la Junta han sido, en el mejor de los casos, parciales y limitadas en su efecto real. El organismo informa haber reducido significativamente la deuda financiera del país, bajando pasivos de más de 70,000 millones de dólares a aproximadamente 37,000 millones.

Sin embargo, informes independientes advierten que los recortes operativos y la liberación de recursos han sido demasiado modestos ante la magnitud de la crisis estructural. Espacios Abiertos señala que los últimos planes fiscales proyectan la reaparición de un déficit estructural tan pronto como el año 2028.

Esa advertencia confirma que la supuesta “salida” de la quiebra no equivale a un saneamiento sostenible, sino a una pausa temporal. Mientras persistan los desequilibrios fiscales, y en ausencia de un crecimiento económico robusto, el riesgo de una segunda crisis o “re-quiebra” permanece latente. La reparación de la deuda no ha sido acompañada de un plan eficaz de desarrollo que modifique la base estructural de ingresos y gastos del gobierno.

Cualquier avance nominal se convierte en mera ilusión si no se atiende la raíz del problema.

Aun bajo la narrativa oficial de que el Plan de Ajuste de 2022 representó un “gran alivio” para Puerto Rico, las cifras demuestran lo contrario. El servicio anual total de la deuda del gobierno central asciende a aproximadamente 4,350 millones de dólares. Esa suma incluye 1,150 millones anuales para los bonistas, 2,200 millones para el pago directo a los pensionados —al tratarlos como acreedores en vez de financiar adecuadamente el sistema de retiro— y 1,000 millones destinados al fideicomiso de pensiones.

Cuando estas obligaciones se comparan con el presupuesto anual promedio del gobierno central, que ronda entre 11,000 y 12,000 millones, queda claro que más de una tercera parte del gasto público disponible queda automáticamente comprometida para atender deudas pasadas. Es dinero que no va a servicios esenciales ni a proyectos de desarrollo económico.

El supuesto “alivio” es, en realidad, una camisa de fuerza fiscal. La Junta prefirió reclasificar a los pensionados como acreedores, inflando artificialmente el tamaño de la reestructuración, en vez de cumplir con la obligación que impone la propia PROMESA de asegurar un financiamiento adecuado y sostenible de los sistemas de retiro. El resultado es un esquema en el que el país dedica una porción exorbitante de su presupuesto a pagar deuda, mientras carece de los recursos necesarios para atender las necesidades urgentes de su población.

AEE, LUMA, Genera: el laboratorio del desastre energético

El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica es el ejemplo más devastador del fracaso de PROMESA y del colapso del régimen colonial. Tras décadas de abandono político y de decisiones gerenciales erradas, la intervención de la Junta no trajo planificación estratégica ni una política energética moderna.

Lo que produjo fue una privatización improvisada que entregó la transmisión y distribución a LUMA Energy y la operación de las plantas a Genera PR. Ambos contratos se aprobaron sin un marco de rendimiento exigente, sin métricas de servicio vinculadas a penalidades significativas y sin una rendición de cuentas efectiva.

El resultado es un sistema más caro, más inestable y vulnerable que antes. Los apagones son constantes porque la red no ha sido modernizada. Las tarifas continúan en ascenso, aun cuando el costo del combustible ha fluctuado a la baja en distintos periodos. La confiabilidad del servicio sigue entre las peores jurisdicciones bajo la bandera estadounidense.

Mientras tanto, LUMA y Genera operan bajo contratos que les garantizan ingresos multimillonarios independientemente de su desempeño real. Se ha creado un incentivo perverso donde el lucro privado está desligado de la calidad del servicio.

A esta crisis se suma un elemento aún más grave y menos discutido. LUMA Energy no ha cumplido con obligaciones contractuales esenciales relacionadas con la recaudación eficiente de los ingresos mediante la factura eléctrica ni con la tramitación oportuna de los reembolsos de FEMA. Ese incumplimiento ha provocado un déficit operativo crónico dentro del propio sistema privatizado.

Es lo que he denominado “la quiebra dentro de la quiebra”: un colapso financiero adicional, generado no por la insolvencia heredada de la antigua AEE, sino por la incapacidad del privatizador para manejar adecuadamente el flujo de caja diario. Como consecuencia directa, LUMA ha acudido repetidamente al Negociado de Energía para solicitar aumentos tarifarios insostenibles que trasladan al consumidor el costo de su mala administración.

Esos aumentos —como ha advertido el economista Dr. Ramón Cao— no resuelven la crisis, la agravan. Cada incremento tarifario reduce la demanda, expulsa abonados hacia sistemas alternos, acelera la desconexión de la red y disminuye los ingresos disponibles para operar el sistema. Se genera así un ciclo de colapso conocido como “death spiral”.

En ese escenario, la privatización no solo ha degradado la confiabilidad del servicio. Amenaza con destruir la viabilidad económica misma del sistema eléctrico, empujando a Puerto Rico hacia un abismo energético sin precedentes.

A nivel fiscal, la situación no es mejor. La deuda propuesta para la AEE es impagable. Imponer cargos adicionales sobre una población ya empobrecida no resolverá la insolvencia estructural de una corporación pública destruida por décadas de politización y por un modelo energético obsoleto, dependiente del petróleo y sin inversión sostenida en renovables.

La Junta, en vez de liderar una reestructuración responsable y alineada con las necesidades de un sistema resiliente, ha impulsado acuerdos diseñados para satisfacer primero a ciertos acreedores. Lo hace sin considerar la capacidad real de pago de los abonados ni la situación de emergencia energética que vive el país.

Esta visión fragmentada, que prioriza la contabilidad sobre la ingeniería, ha dejado a Puerto Rico atrapado en un círculo vicioso: un sistema energético colapsado que no puede atraer inversión, una economía paralizada por la inestabilidad del servicio y una población obligada a subsidiar un modelo que solo beneficia a operadores privados y consultores de la Junta.

La Junta no se irá sola

Uno de los temas más engañosos del discurso oficial sobre PROMESA es la supuesta “salida natural” de la Junta cuando se cumplan los criterios establecidos en la ley. PROMESA habla de “cuatro presupuestos balanceados consecutivos” y de “acceso sostenible a los mercados de capital”.

Sin embargo, esa terminología es tan ambigua y manipulable que convierte la permanencia de la Junta en una decisión discrecional del propio organismo. La Junta certifica los planes fiscales, determina si hay balance, define qué significa “sostenibilidad” y establece si la confianza de los mercados se ha recuperado. En otras palabras, se evalúa a sí misma, con criterios que ella misma interpreta, sin obligación de someterse a un examen independiente.

En ese escenario, la “transitoriedad” de la Junta no es más que un recurso retórico para justificar su instalación. En la práctica, la ley la convirtió en un tutelaje de duración indefinida.

Esa ambigüedad estructural, combinada con el interés político del Congreso y del Tesoro en mantener un mecanismo de control colonial sobre las finanzas del país, lleva a una conclusión inevitable: la Junta no se va a ir por su propia voluntad ni como resultado automático del cumplimiento de criterios vagos.

La Junta permanece mientras le sea útil al gobierno federal y mientras sirva para mantener el orden colonial y garantizar el cobro de intereses económicos externos. La idea de que PROMESA contiene una salida clara y objetiva es sencillamente falsa.

Por eso sostengo que a la Junta no se la convence: se la saca. Y eso requiere presión política, movilización social, ejercicio afirmado de soberanía y un proyecto de país que confronte directamente el colonialismo fiscal. Puerto Rico no puede esperar pasivamente a que la Junta decida retirarse. Debe articular un movimiento político e institucional que la desplace.

El callejón sin salida del ELA, la estadidad y el militarismo

PROMESA demostró que el régimen territorial llegó a su límite histórico. El Estado Libre Asociado no posee instrumentos para crear desarrollo económico, defender las instituciones del país, manejar crisis fiscales o influir en la política federal. Las propuestas de “mejoras” o “modernizaciones” son ejercicios retóricos sin viabilidad jurídica ni política.

Por otro lado, la estadidad, constantemente presentada como alternativa, enfrenta una oposición firme dentro del Partido Republicano. Como ha denunciado públicamente Plan B: Independencia, la facción estadista local, consciente de ese rechazo, ha comenzado a promover un discurso de militarización como especie de salvoconducto político ante Washington.

Bajo esa narrativa, se intenta presentar a Puerto Rico como un bastión militar estratégico que justificaría la estadidad o, al menos, impediría el cierre definitivo de la puerta federal. Ese argumento —que vincula obras de infraestructura, expansión militar encubierta y alineamiento geopolítico— no tiene nada que ver con el desarrollo económico del país. Tiene todo que ver con un intento desesperado de evitar aceptar la realidad: la estadidad no tiene futuro porque el Partido Republicano no la quiere.

Este giro hacia el militarismo no solo es peligroso. Es la confirmación final de que la colonia no tiene alternativas. Ningún partido colonial ha podido articular un modelo de desarrollo creíble dentro del territorialismo porque el colonialismo, por definición, imposibilita el autogobierno.

Mientras tanto, la prensa dominante evita discutir este colapso estructural. Se refugia en la cobertura superficial de la política cotidiana y bloquea —o ignora— la conversación seria que Puerto Rico necesita tener sobre su futuro.

Hacia la soberanía

Todo este cuadro apunta en una sola dirección: Puerto Rico no puede prosperar dentro de un régimen colonial. Un país sin control sobre su economía, su política laboral, su energía, su presupuesto, su comercio ni su política exterior está impedido de diseñar un proyecto de desarrollo real.

PROMESA no fue el error. Fue el síntoma final del agotamiento histórico del territorialismo. La única salida viable es la soberanía plena, ya sea mediante la independencia o la libre asociación. Solo así el país podría ejercer control sobre los instrumentos esenciales de desarrollo y superar el “súper-coloniaje” impuesto por PROMESA.

PROMESA no resolvió la crisis. La profundizó. No devolvió la confianza. La destruyó. No modernizó al país. Lo empobreció.

Pero, paradójicamente, dejó un regalo involuntario: demostró que la colonia es impracticable, que el Estado Libre Asociado está agotado, que la estadidad está bloqueada y que el militarismo no es más que el último recurso discursivo de un movimiento sin futuro.

La conversación que Puerto Rico necesita no es cómo operar dentro de PROMESA ni cómo administrar la cotidianidad colonial. Es cómo salir de ella. No es cómo ajustar el colonialismo, sino cómo superarlo.

Es hora de discutir seriamente la descolonización y la independencia, porque la alternativa es seguir atrapados en un sistema que ya colapsó ante nuestros ojos.

Fascismo en los Estados Unidos: del mito histórico a la amenaza viva para Puerto Rico

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

El fascismo no es un fantasma lejano de Europa en los años treinta. Es una lógica política que reaparece cuando el capitalismo entra en crisis y las élites recurren a soluciones autoritarias para preservar el orden. No es simplemente un estilo agresivo o un insulto, sino un fenómeno histórico con reglas propias: exige un mito de renacimiento nacional, busca destruir la oposición política, moviliza a las masas en torno al líder y, en su fase radicalizada, necesita guerra o represión para sostenerse.

La historia demuestra que ninguna sociedad capitalista que haya abrazado el fascismo radicalizado ha logrado estabilizarse sin desencadenar un conflicto civil interno o internacional. Alemania, Italia y España son la prueba viva: sus regímenes no pudieron vivir en paz con sus pueblos ni con sus vecinos. El fascismo no sabe gobernar en calma. Vive de la confrontación permanente, y cuando no hay enemigos, los inventa. Por eso vemos un Donald Trump con su Departamento de la Guerra, viendo enemigos fantasmagóricos tanto en Chicago como en Venezuela.

El teórico Roger Griffin definió el fascismo como un proyecto refundacional: la promesa de renacer la nación después de un supuesto período de decadencia. Esa narrativa exige enemigos internos y externos que expliquen la decadencia y que puedan ser eliminados para que la nación resucite. Robert Paxton, por su parte, explicó que el fascismo pasa por cinco etapas, y que en la última, cuando ya está en el poder, se radicaliza para cumplir su promesa de transformación total. Esa radicalización casi siempre conduce a la guerra interna o externa.

El fascismo no puede estabilizarse en frío porque su fuerza reside en la movilización permanente. Requiere victorias espectaculares: aplastar sindicatos, aniquilar minorías, conquistar territorios. Sin esas hazañas, las masas movilizadas se frustran, los líderes pierden legitimidad, y el régimen se desmorona. Por eso la historia muestra que los fascismos se sostienen solo mientras generan violencia, represión o expansión.

El ejemplo más contundente es la Alemania nazi. Hitler consolidó su poder destruyendo el movimiento obrero, ilegalizando partidos, y persiguiendo a judíos, comunistas y opositores. Pero esa represión no era suficiente para mantener la ilusión del renacimiento alemán. La economía nazi, como demostró el historiador Adam Tooze, estaba llena de cuellos de botella: faltaban divisas, materias primas y alimentos. La única salida era la expansión imperial mediante la guerra.

Así, la “estabilidad” del Tercer Reich se construyó sobre el saqueo de Europa, el trabajo forzado de millones de esclavos, y el genocidio. Fue una estabilidad efímera y criminal, que se sostuvo mientras la Wehrmacht avanzaba y saqueaba. Cuando la guerra se perdió, el régimen colapsó. El fascismo no pudo sobrevivir sin guerra, porque la guerra era su motor vital.

Italia bajo Mussolini siguió un camino paralelo. Prometió orden y grandeza, pero la economía permanecía débil, y la sociedad seguía dividida. Para ocultar el fracaso, el régimen impulsóguerras: Etiopía en 1935, España en 1936, y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Cada conflicto buscaba dar sentido a la retórica del renacimiento imperial romano.

La realidad fue que, sin esas guerras, el régimen habría colapsado mucho antes. La represión interna y la propaganda no bastaban; hacía falta una epopeya exterior. Como en Alemania, la derrota militar reveló la fragilidad del experimento fascista.

España mostró otra vía: la guerra civil. Franco se impuso tras un conflicto fratricida que dejó medio millón de muertos. Su régimen se estabilizó porque aniquiló físicamente a sus adversarios. La paz franquista no fue diálogo, fue la paz de los cementerios. Décadas de represión, cárcel y fusilamientos aseguraron que la oposición no pudiera reorganizarse.

Estos tres casos muestran la misma lógica. El fascismo radicalizado no se puede sostener sin violencia. Sus tres motores principales lo empujan siempre al conflicto:

1. La necesidad de movilizar masas exige enemigos constantes.

2. La economía dirigida se enfrenta a límites que solo la expansión promete resolver.

3. La eliminación del pluralismo canaliza la energía política hacia la represión.

El fascismo no administra; combate. No negocia; aplasta. No gobierna; guerrear es su modo de existir. ¿Suena Familiar?

Muchos creen que Estados Unidos nunca estuvo en riesgo de fascismo. La realidad es más incómoda. En los años treinta, la crisis económica creó un terreno fértil para discursos autoritarios. El “Padre Coughlin” llegó a tener audiencias de millones con mensajes antidemocráticos y antisemitas. El German-American Bund llenó el Madison Square Garden en 1939 con 20,000 simpatizantes nazis. Y el llamado “Business Plot” intentó articular un golpe contra Roosevelt para instaurar un régimen corporativo.

La diferencia estuvo en el New Deal y en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt canalizó el descontento mediante reformas sociales: seguridad social, derechos laborales, regulación financiera. Y la guerra movilizó a millones, reactivó la economía y neutralizó tentaciones fascistas. Estados Unidos desvió el camino porque reformó hacia adentro y guerreó hacia afuera.

Tras 1945, Estados Unidos no desmovilizó su aparato bélico. Creó el complejo militar-industrial, al que Eisenhower advirtió en 1961. Ese sistema funcionó como una válvula: mantenía un estado de movilización permanente, pero dentro de un marco democrático. La Guerra Fría fue una guerra constante de baja intensidad que justificó presupuestos gigantescos de defensa y disciplina nacional, sin necesidad de instaurar un fascismo formal.

Ese equilibrio permitió al capitalismo estadounidense estabilizarse, pero no eliminó el riesgo. Solo lo canalizó hacia fuera.

Hoy, el fascismo no aparece con camisas pardas ni marchas con antorchas, sino con tuits y transmisiones. Un ejemplo palpable es Laura Loomer, activista de extrema derecha, cercana a sectores trumpistas. Su discurso concentra todos los elementos fascistas: odio racial, demonización de la inmigración, conspiracionismo, y llamados explícitos a destruir a la izquierda.

En junio de 2025, Loomer escribió en Twitter: “Alligator Alcatraz. Feeding illegals to the gators. We need more of this energy.” (“Alcatraz de caimanes. Alimentando indocumentados a los caimanes. Necesitamos más de esta energía.”). En otro mensaje añadió: “Alligator lives matter. The good news is, alligators are guaranteed at least 65 million meals if we get started now.” (“Las vidas de los caimanes importan. La buena noticia es que los caimanes tienen garantizadas al menos 65 millones de comidas si comenzamos ya.”).

Estas frases no son bromas oscuras, sino metáforas genocidas. Transforman a inmigrantes en “comida para caimanes”, los reducen a desechos que deben ser eliminados físicamente. No hay aquí un debate sobre política migratoria, sino la deshumanización absoluta del enemigo interno.

En septiembre de 2025, tras el asesinato de Charlie Kirk, Loomer fue más lejos: “It’s time for the Trump administration to shut down, defund & prosecute every single Leftist organization. We must shut these lunatic leftists down. Once and for all. The Left is a national security threat.”(“Es hora de que el gobierno de Trump cierre, desfinancie y procese judicialmente a todas las organizaciones de izquierda. Debemos cerrar a estos izquierdistas lunáticos. De una vez y para siempre. La izquierda es una amenaza a la seguridad nacional.”).

Este no es un simple exabrupto. Es una exigencia de usar el aparato del Estado para encarcelar a los adversarios políticos, sin juicio político democrático, sin diálogo. La izquierda ya no es un adversario con ideas distintas; es un “enemigo de la nación” que debe ser aplastado y eliminado. Esa es la lógica fascista en su forma más pura.

Muchos dirán que Loomer es solo una provocadora marginal. Pero esa lectura es peligrosa. La historia muestra que los fascismos comenzaron precisamente en los márgenes, con voces que parecían exageradas hasta que encontraron la coyuntura para entrar en el centro. Mussolini empezó con camisas negras que parecían pandillas; Hitler con discursos de taberna. El fascismo se normaliza cuando sus expresiones dejan de ser impensables y pasan a ser parte del debate público.

En Estados Unidos, frases como las de Loomer normalizan la idea de que hay enemigos internos que deben ser eliminados, no persuadidos. Eso erosiona la base misma de la democracia: el reconocimiento de que los adversarios son parte del mismo cuerpo político. Cuando el adversario se convierte en “amenaza existencial” y “cáncer”, la consecuencia lógica es la violencia o la cárcel. Desafortunadamente, el presidente Trump es un promotor incuestionable de estas ideas.

¿Significa esto que Estados Unidos ya es un país fascista? Formalmente no, pero está cerca, pues todavía quedan ciertos pesos y contrapesos. Pero el discurso fascista está normalizado en sectores amplios. La criminalización de la inmigración masiva, la identificación de la izquierda como enemigo interno, y el llamado a usar el Estado para encarcelar opositores son rasgos inconfundibles del fascismo.

La existencia de estos discursos en la esfera pública, amplificados por figuras como Loomer, y repetidos por el presidente Trump, muestra que Estados Unidos no es inmune. Como en los años treinta, las tensiones sociales, el racismo estructural, y la polarización política crean el terreno fértil. La diferencia es que ahora la retórica circula en tiempo real, amplificada por plataformas digitales con millones de seguidores.

Para la nación latina puertorriqueña, este panorama tiene un matiz aún más grave. Puerto Rico vive bajo un régimen colonial que lo ata a las decisiones de Washington sin derecho real a voz ni voto. Si los Estados Unidos se deslizan hacia un fascismo radicalizado, sus consecuencias no serán abstractas ni lejanas: caerán de lleno sobre el pueblo puertorriqueño.

Ya lo vemos con PROMESA y la Junta de Control Fiscal, un experimento autoritario impuesto desde el Congreso sin consentimiento de nuestro pueblo. Si hoy, bajo una democracia liberal debilitada, se nos impone un tutelaje colonial con poderes dictatoriales, ¿qué podemos esperar de un Estados Unidos fascizado? La persecución a los inmigrantes, la represión de la izquierda y la criminalización de la disidencia se volcarán inevitablemente contra nosotros, un pueblo latino, colonizado, históricamente tratado como ciudadanos de segunda clase.

La radicalización fascista en Estados Unidos convierte a Puerto Rico en territorio de sacrificio. Seríamos el laboratorio donde aplicar políticas de represión sin costo político interno: el cierre de organizaciones independentistas, la persecución de movimientos sociales, la represión de la prensa crítica y la militarización. No es una conjetura lejana; ya en el pasado el colonialismo estadounidense usó la Ley de la Mordaza de 1948 para encarcelar independentistas. Un fascismo pleno no tendría reparos en repetir y multiplicar esa experiencia.

Por eso, la única garantía para la supervivencia política, cultural y social de Puerto Rico es la independencia. Solo como nación soberana podremos protegernos de la deriva autoritaria de Estados Unidos. Solo como Estado libre e independiente podremos establecer nuestras propias defensas legales, económicas y sociales contra un imperio que amenaza con hundirse en el fascismo.

La historia nos muestra que el fascismo necesita enemigos internos. Para Estados Unidos, Puerto Rico es un candidato perfecto: un pueblo latino, pobre, colonizado, con aspiraciones de soberanía. Si no rompemos las cadenas coloniales, seremos el próximo chivo expiatorio de una nación que, en su radicalización, necesitará sangre para sostener su mito de grandeza. La independencia no es solo un proyecto político; es un acto de autodefensa histórica.

Bad Bunny y la imposibilidad de la estadidad

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas

Puerto Rico atraviesa una coyuntura en la que cultura y política se confunden, se entrelazan y se fortalecen mutuamente. La residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny, que reunió cerca de medio millón de personas en treinta y una funciones en el Coliseo de San Juan, fue más que un espectáculo musical: constituyó una afirmación masiva de identidad. Fue un acto colectivo de resistencia contra el colonialismo y contra la ilusión de la estadidad, en momentos en que Estados Unidos vive bajo un clima de intolerancia política, cultural y racismo visceral,impulsado por el movimiento MAGA y el presidente Donald Trump.

En ese contexto, lo que ocurrió en el Choliseo no puede analizarse como mero entretenimiento. La música de Bad Bunny, transmitida luego al planeta entero a través de Amazon Prime, se convirtió en el grito de un pueblo que insiste en existir como nación distinta y separada. Ese grito tiene implicaciones políticas: revela las contradicciones insalvables de la relación con Estados Unidos y la estadidad. Además, desnuda y denuncia las cadenas del colonialismo y refuerza que la independencia es la única salida posible para Puerto Rico.

El impacto trascendió las paredes del Choliseo. La transmisión por Amazon Prime multiplicó la experiencia y la llevó a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, a millones de fanáticos en América Latina y Europa, y a los estadounidenses que, sin entender el español, se sintieron atraídos por la energía, los ritmos y la estética de un espectáculo profundamente puertorriqueño.Esto envió un fuerte mensaje al poder colonial sobre la identidad indisoluble de nuestra puertorriqueñidad y que el movimiento MAGA seguro ha tomado nota.

Lo que hizo Bad Bunny fue mucho más que cantar reguetón o trap. En su puesta en escena predominaron elementos de la bomba y la plena y la herencia africana de Puerto Rico. Hubo expresiones contundentes del jíbaro y su música típica, la salsa, los paisajes de la Isla, la memoria del huracán María, y la emigración forzada. Cada símbolo colocado en el escenario fue un recordatorio de que Puerto Rico tiene raíces profundas y una cultura que no se borra con decretos ni plebiscitos.

El título de la residencia, No Me Quiero Ir de Aquí, fue una consigna política disfrazada de nostalgia. En un país donde cientos de miles han tenido que irse por falta de oportunidades, la frase adquirió un carácter de resistencia: permanecer, amar lo propio, luchar por quedarse.

Y como si eso no bastara, el público, al unísono, llenó los pequeños silencios y los intermedios con un grito que retumbaba más fuerte que cualquier canción: “¡Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas!”. Ese coro también acompañaba la salida del concierto, como un eco que se extendía hacia las calles de San Juan. El estribillo no fue una consigna improvisada, sino la reafirmación popular de que nuestra identidad no se negocia.

Mientras todo esto ocurría en San Juan, Estados Unidos se hunde en un discurso hostil hacia lo latino y hacia todo lo que no se ajuste al molde anglosajón. El movimiento MAGA, bajo el liderato de Donald Trump y de otros políticos republicanos, ha sembrado la idea de que los inmigrantes latinos son criminales, que el español es una amenaza y que la diversidad cultural es una debilidad para la nación.

Esta hostilidad tiene consecuencias directas para Puerto Rico. Siendo una nación de habla española, con identidad cultural caribeña y latinoamericana, la estadidad no sería una integración armoniosa. Sería una asimilación forzosa y violenta. Una erosión de la libertad política, los derechos humanos, la lengua y la cultura para poder encajar en un país que no tolera lo distinto.

La residencia de Bad Bunny, al reafirmar la cultura puertorriqueña como algo distinto y valioso, choca de frente con esa visión estadounidense. Los conciertos fueron un recordatorio masivo de que Puerto Rico no quiere convertirse en una réplica de Hawaii. La gente cantó, bailó y gritó que la Isla tiene su propio ritmo, su propio idioma y su propia manera de estar en el mundo.

Bad Bunny y su residencia demostraron que el pueblo no está dispuesto a ese sacrificio. La cultura puertorriqueña se reafirma en cada esquina, en cada canción, en cada baile. Y si algo quedó claro con medio millón de personas abarrotando el Choliseo es que la identidad no está en venta.

La residencia dejó al descubierto cuatro realidades políticas que tienen que discutirse de frente:

1. Visibilidad global: El mundo entero vio a Puerto Rico como nación étnica y cultural. No como un territorio de Estados Unidos, sino como un país con vida propia. Amazon Prime se convirtió en un escaparate internacional que proyectó la diferencia y la unicidad de la Isla.

2. Fortalecimiento de la diáspora: Los puertorriqueños que viven en Nueva York, Orlando, Chicago o Filadelfia sintieron que la Isla los llamaba. La residencia funcionó como un puente emocional que refuerza la identidad a pesar de la distancia. La diáspora no se asimila del todo porque tiene raíces culturales profundas que siguen vivas.

3. Rechazo al silencio colonial: En tiempos donde la crisis económica y política genera resignación, la frase No Me Quiero Ir de Aquí fue una bofetada al conformismo. La gente se apropió del lema como consigna contra la migración forzada y contra el colonialismo que nos expulsa de nuestra tierra.

4. MAGA no quiere integrar a Puerto Rico como estado: El racismo y hostilidad del gobierno de Donald Trump y el movimiento MAGA jamás aceptarán que Puerto Rico se integre como estado. La integración de Puerto Rico va en contra de todo lo que esa ideología perversa postula para el futuro de Estados Unidos.

Por tanto, Estados Unidos tiene un problema en sus manos. Puerto Rico no quiere dejar de ser lo que es. El Estado Libre Asociado está agotado y no ofrece soluciones. La estadidad exige una asimilación imposible. Y el colonialismo actual, donde la Junta de Control Fiscal decide sobre nuestras finanzas, es insostenible.

El concierto de Bad Bunny dejó claro que el pueblo quiere afirmarse como nación. La pregunta es: ¿qué hará Estados Unidos ante esa realidad? Seguir alargando el limbo colonial es condenar a Puerto Rico a la inestabilidad permanente. La única salida lógica, justa y coherente es la independencia. No como una fantasía romántica, sino como una necesidad histórica y de supervivencia. La independencia permitiría a Puerto Rico proteger su idioma, desarrollar su cultura sin presiones externas, diseñar su política económica y negociar en igualdad de condiciones con el resto del mundo.

Los detractores repetirán que la independencia es pobreza. Pero la verdad es que la pobreza ya existe bajo el colonialismo. La emigración masiva, la deuda impagable, la austeridad impuesta por la Junta, son consecuencias del estatus actual. La estadidad no ofrece una solución porque choca con la identidad étnica y cultural. La independencia, en cambio, abre la puerta a un futuro donde podamos ser nosotros mismos sin pedir permiso.

La residencia No Me Quiero Ir de Aquí fue, en la práctica, un referéndum nacional. El pueblo votó con sus piernas, caderas y brazos, con su entusiasmo y con su orgullo. Y el resultado fue claro: Puerto Rico quiere seguir siendo Puerto Rico.

En un Estados Unidos donde el racismo y la intolerancia se intensifican, la estadidad es una promesa vacía y peligrosa. La cultura puertorriqueña no cabe en el molde de la asimilación. BadBunny lo recordó al mundo entero: ¡Acho PR es otra cosa! Somos diferentes y esa diferencia es nuestra mayor riqueza.

Estados Unidos debe reconocerlo de una vez. El coloniaje no puede seguir siendo la respuesta. La única salida es la independencia, para que cuando digamos No Me Quiero Ir de Aquí, lo hagamos acompañados de ese grito unánime que vibró en cada concierto: “¡Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas!”.

Trumpismo y cristofascismo: la amenaza que se cierne sobre Puerto Rico

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La historia de Estados Unidos carga con una herida que nunca cicatrizó. La Guerra Civil abolió la esclavitud en los libros, pero no en las mentes. La victoria militar de un bando no significó la derrota del racismo ni de la idea de superioridad racial y religiosa. Esa visión excluyente sobrevivió latente y disfrazada, lista para resurgir cuando las circunstancias lo permitieran.

Un siglo después, en 1964, se aprobó la Ley de Derechos Civiles. Fue un paso importante, pero no suficiente. La supremacía blanca, las leyes de Jim Crow y la segregación habían sembrado raíces profundas. La nueva legislación prohibió ciertos lenguajes y conductas, pero nunca eliminó la ideología y el modo de vida que los sustentaba.

Donald Trump abrió la compuerta que mantenía reprimida esa bilis. Su discurso normalizó el racismo, la misoginia y el desprecio por las libertades civiles. Con él, millones de personas encontraron licencia para decir en voz alta lo que antes susurraban en privado. No sienten vergüenza en afirmar que la esclavitud fue un mal menor, que las reparaciones son innecesarias, que hay que expulsar del país a los librepensadores o que las mujeres no tienen derecho sobre sus cuerpos.

Durante su primer cuatrienio de Trump, esa retórica se desbordó. En este segundo, la situación es aún más peligrosa. Trump ya no necesita contenerse ni guardar las apariencias. Ha institucionalizado un lenguaje de odio y exclusión que permea todas las esferas del poder estadounidense. Ese lenguaje ahora se ha traducido en acciones represivas locales e internacionales.

Hace apenas unos días, Trump firmó el memorando conocido como NSPM-7. Con ese documento instruyó a los Departamentos de Justicia y del Tesoro, al FBI y a otras agencias de seguridad nacional a perseguir y reprimir a individuos u organizaciones que “fomenten violencia política”. Pero la definición es tan vaga y amplia que cabe todo. El memorando permite la intervención y represión antes de que se cometa cualquier crimen.  Esto es el epítome del castigo criminal por lo que pensemos.

¿Qué es “violencia política” para Trump? Puede ser criticar el capitalismo, apoyar los derechos de las personas trans, cuestionar la supremacía blanca o respaldar la independencia de Puerto Rico. Es decir, cualquier posición que choque con la visión de los MAGA y cristofascistas.

Ese memorando convierte la mera disidencia en un delito. No se persigue la acción violenta, sino el pensamiento crítico previo. Se criminaliza la oposición política bajo el disfraz de proteger a la nación. Eso es fascismo puro: suprimir la diversidad ideológica para imponer una verdad única.

Trump ha declarado enemigos a quienes no encajen en su molde de familia, religión y raza. Cree que defender los derechos de las personas LGBT es un extremismo. Que hablar de igualdad racial es un extremismo. Que cuestionar los privilegios del cristianismo fundamentalista es un extremismo.

Bajo esa lógica, millones de ciudadanos estadounidenses —y prácticamente todos los puertorriqueños— somos potenciales sospechosos. Puerto Rico, mestizo por naturaleza, jamás podrá entrar en ese club de “pureza racial” que promueve la ultraderecha. Por eso la estadidad es, además de indeseable, imposible.

El fenómeno se agudiza con el peso del cristofascismo: la fusión del fundamentalismo religioso con el autoritarismo político. Bajo la excusa de defender la fe, se persigue, se discrimina y se excluye. Se utiliza la Biblia como arma para legitimar la violencia y negar derechos. Se impone lo que dice una creencia o un libro religioso por sobre lo que opinan los demás.

En Puerto Rico ya vemos señales claras. Sectores religiosos ultraconservadores se alinean con Trump y con figuras como Charlie Kirk, uno de los voceros más tóxicos del fascismo estadounidense. Ese grupo pretende exportar a la isla una agenda ajena a nuestra realidad social, sembrando división en un país que siempre ha sido mestizo, empático y diverso.

El peligro encuentra un caldo de cultivo cuando quienes gobiernan a Puerto Rico se arrodillan ante esa ideología. Jennifer González ha decidido plegarse sin reservas al trumpismo. En lugar de defender los intereses de nuestra gente, adopta las posturas más retrógradas de la derecha norteamericana.

Un ejemplo claro fue su decisión de apoyar las políticas abusivas antiinmigrantes y de retirar a Puerto Rico de una demanda multimillonaria contra las compañías petroleras responsables del cambio climático. En vez de luchar por compensaciones que podrían salvar vidas en una isla golpeada por huracanes, prefirió complacer a Trump, que niega el calentamiento global.

Ese acto de sumisión es una traición a nuestro pueblo. Puerto Rico, de todos los lugares, debería estar en la primera línea de combate contra la crisis climática. Pero nuestra gobernadora prefiere congraciarse con quienes nos desprecian.

El NSPM-7 abre la puerta a revivir las prácticas más nefastas de nuestra historia: la persecución política y las carpetas. Bajo el pretexto de vigilar “extremismos”, se puede fichar a todo el que piense distinto, desde independentistas hasta feministas o ambientalistas. Ya sabemos cómo termina eso: represión, miedo y división. Convertir la diferencia en crimen es repetir las peores páginas del pasado. Esto nos llevaría a la violencia y a esfuerzos genocidas.

Muchos analistas coinciden en que Estados Unidos se acerca a una nueva guerra civil. Las tensiones ideológicas son irreconciliables. El diálogo se ha sustituido por insultos y amenazas de exterminio. El otro ya no es adversario político, sino enemigo a destruir. Trump alimenta esa dinámica porque sabe que el caos le beneficia. No piensa entregar el poder, aunque pierda elecciones. Ya lo demostró en 2020 y lo repite cada día. Sus órdenes ejecutivas y sus discursos van dirigidos a crear un clima de violencia que justifique la represión militar para perpetuarse en el poder político y económico.

El resultado es un país donde la gente camina armada por las calles, donde los tiroteos masivos son cotidianos y donde se criminaliza la protesta. Ese es el modelo que algunos quieren importar a Puerto Rico.

Frente a este panorama, insistir en la estadidad es una ilusión peligrosa. Estados Unidos jamás aceptará como iguales a los puertorriqueños. No lo hizo en 1898, ni en 1964, ni lo hará ahora. Nuestra piel mestiza y nuestro idioma nos condenan a ser vistos como extranjeros en nuestra propia tierra. La retórica del “somos americanos” choca con la realidad diaria de millones de boricuas discriminados en Estados Unidos. Para los MAGA, siempre seremos “aliens”, “savages”, o como dicen los Casos Insulares, pueblos incapaces de gobernarse. Esa mentalidad no ha cambiado y no cambiará.

Puerto Rico ya vive una nueva versión del coloniaje. La primera etapa fue el Estado Libre Asociado, que nunca resolvió nuestros problemas democráticos. La segunda llegó con PROMESA y la Junta de Control Fiscal, que despojó al país de su soberanía fiscal y económica.Ahora enfrentamos la colonia 3.0: un gobierno local sometido al trumpismo y a una visión fascista importada desde Estados Unidos. Con una gobernadora sumisa y una Junta más dura, el margen de autogobierno es cada vez más estrecho.

En medio de este clima, la cultura también juega un papel. La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl será un terremoto cultural. En la “fiesta sagrada” del americanismo, aparecerá un artista boricua que canta en español, denuncia la gentrificación y dice “acho PR es otra cosa”. Ese gesto enviará un mensaje claro: no somos americanos, somos otra nación. Y ese recordatorio, en un escenario global, provocará reacciones violentas de quienes quieren imponer uniformidad cultural.

Puerto Rico no puede seguir a ciegas esa ruta de odio y violencia. Nuestra historia nos ha enseñado el valor de la resistencia. Como pueblo mestizo, sabemos que la diversidad no es amenaza, sino riqueza.

El trumpismo y el cristofascismo representan lo contrario: la imposición de un solo color, una sola fe, una sola voz. Si dejamos que esas ideas arraiguen aquí, perderemos décadas en sanar las heridas que provocarán.

Hoy estamos ante una encrucijada. Podemos aceptar la sumisión a un imperio que se hunde en el fascismo o podemos levantar la voz para defender nuestras libertades civiles, nuestra diversidad y nuestro derecho a ser diferentes. El trumpismo no ofrece futuro para Puerto Rico. Solo promete persecución, pobreza y violencia. La estadidad, lejos de ser solución, sería nuestra condena para vivir como ciudadanos de segunda en un país que no nos quiere.

La alternativa es clara: reconstruir un proyecto de país libre, soberano y democrático, donde la diversidad sea fuerza y no motivo de persecución. Donde la religión no se use como arma, sino que cada cual pueda creer —o no creer— en libertad.

Ese es el desafío de nuestra generación: impedir que el fascismo se aferre al suelo boricua. Denunciarlo, organizarse y resistir. Solo así podremos garantizar que Puerto Rico no se hunda en la marea de odio que arrastra a Estados Unidos.

La Costosa Factura de la Junta de Supervisión Fiscal

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Desde el 1 de septiembre de 2025, entraron en vigor dos cargos nuevos en la factura de la energía eléctrica: un “ajuste provisional” para costear operaciones de LUMA y Genera, y un cargo para pagar las pensiones de los retirados de la AEE. Aunque no ha sido una sorpresa, el aumento en el costo ha creado conmoción en el pueblo de Puerto Rico y augura problemas económicos adicionales para la AEE, y las familias y negocios puertorriqueños.

Ambos cargos se cobran por kilovatio hora. El de pensiones ronda 1.9 ¢/kWh y el ajuste provisional cerca de 1.5 ¢/kWh. Para un hogar de consumo alto, eso son decenas de dólares extra; para un comercio, cientos. Es el síntoma más visible de una cadena de errores que tienen nombre y apellido: la Junta de Supervisión Fiscal y sus promotores del bipartidismo local.  

Voy al origen. La ley PROMESA exige que los planes fiscales “provean financiamiento adecuado para los sistemas de retiro”. Esa obligación está escrita con toda claridad en el Título II. Aun así, desde 2017 lo advertimos y en 2018 se lo reiteramos cara a cara a la entonces directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko: sin aportar lo que correspondía, el sistema de retiro de la AEE colapsaría. La Junta hizo caso omiso. Hoy, el pago de pensiones “pay-as-you-go” se transfiere al abonado vía la tarifa de energía. Eso no es culpa de los pensionados ni de UTIER; es un craso incumplimiento de la ley por parte de la Junta y una irresponsabilidad de la clase política bipartita que se cruzó de brazos ante la inminencia del desastre.  

El Negociado de Energía, ante el vacío creado por la Junta, terminó imponiendo un cargo para cubrir pensiones y otro “provisional” para mantener operando a los privatizadores. Es un parche, no una solución. Y es un parche que sangra a un país cansado de pagar caro por un servicio eléctrico inestable.  

También lo dijimos desde el día uno: la privatización encarece el costo de la energía porque su razón de ser es generar ganancias a los accionistas de las privatizadoras. Los contratos de privatización crearon un ecosistema de transacciones entre partes relacionadas y acuerdos “entre casa” propensos a rentas y conflictos de interés. Desde que se dio a conocer el contrato de Luma, el Centro para una Nueva Economía (“CNE”) lo confirmó: la estructura que amarra GridCo, GenCo y LUMA abre las puertas a “related-party transactions” y oportunidades de “rent-seeking”. Es decir, que las mismas empresas que administran la red y la generación pueden contratarse a sí mismas o a sus afiliadas, facturarse servicios, inflar costos y repartirse beneficios a espaldas del consumidor. ¿Sorpresa? Ninguna. 

Esa arquitectura se convirtió en negocio antes que servicio. Mientras el país paga, el operador maneja presupuestos, compartidos y reembolsos de FEMA con márgenes de maniobra para obtener ganancias adicionales. CNE pidió un escrutinio estricto de estas transacciones precisamente por el riesgo de rentas ocultas y malversación. Ese llamado sigue vigente y totalmente desoído.  

¿Y la eficiencia? Recientemente, Luma admitió ante el Negociado de Energía que no iba a cumplir con las promesas de eficiencias económicas que iban a bajar la factura. En cuanto al servicio, los propios comunicados de Luma y Genera muestran que la duración de las interrupciones subió en los últimos 12 meses y que proyectos críticos quedaron sin financiamiento apropiado. Privatizar no arregló la red; le agregó capas de costos administrativos y conflictos, sin los resultados prometidos.  

Mientras tanto, la discusión de la deuda de los bonistas sigue colgando de un hilo. A inicios de año, la Junta dijo que no subiría las tarifas para pagar bonos; en agosto esta postura colapsó con los despidos de los miembros de la Junta. Esa incertidumbre, y balance nuevo de poder, anuncia más aumentos futuros—el famoso “cargo legado” o cualquier nombre que inventen—con el nuevo tablero político inclinado a favor de los acreedores.  

Encima, los atrasos en pagos y la morosidad crecen porque la gente no puede pagar su factura. Los clientes deben actualmente más de $1,300 millones. El déficit operacional de Luma es de más de $500 millones. La respuesta de la política pública, en vez de atacar la raíz—financiamiento de pensiones como manda la ley, planificación seria, control de costos y fin de los incentivos privados perversos—ha sido pasar el costo al consumidor. No hay economía que resista un servicio esencial que se cobra como lujo.  

¿A dónde conduce todo esto? A una espiral de muerte del sistema eléctrico. Significa que cada aumento en la tarifa hace que más familias y negocios no puedan pagar la luz y busquen alternativas, como instalar placas solares o reducir drásticamente su consumo. Al irse esos clientes, la AEE y las privatizadoras reciben menos ingresos, lo que obliga a subir aún más la tarifa para cubrir sus costos fijos. Ese nuevo aumento expulsa todavía a más clientes, y el círculo se repite sin parar. En poco tiempo, solo los que no tienen recursos para moverse a renovables quedan atrapados pagando las tarifas más altas. El economista Ramón Cao lo advirtió esta semana: con los aumentos actuales, esa espiral no es una hipótesis, es un escenario muy probable. En palabras sencillas, es como una bola de nieve que rueda cuesta abajo: cada vuelta es más grande y más destructiva, hasta que el sistema colapsa.

Algunos dirán que “no hay de otra”. Falso. La “otra” era cumplir PROMESA donde obliga: financiar el sistema de retiro a tiempo; reestructurar con realismo y sin convertir la tarifa en cajero automático de bonistas y contratistas; y mantener la operación en una autoridad pública reconstituida, despolitizada, autónoma, profesional y democrática, con controles férreos contra la corrupción y la captura. Eso sí abarata y mejora el servicio de energía.

Por eso sostengo, sin rodeos: la responsable principal del desastre energético es de la Junta de Supervisión Fiscal, por omitir su deber con las pensiones y por forzar una privatización costosa e ineficiente. Cómplices son los gobiernos rojos y azules que allanaron el camino, aplaudieron los contratos y miraron hacia otro lado cuando fallaron. El pueblo paga, los accionistas cobran, y la luz sigue parpadeando.  

¿Qué toca ahora? Romper de raíz con la fórmula que nos trajo a este desastre. Eso significa cancelar los contratos que han convertido la electricidad en un negocio privado, y devolver la administración del sistema a un modelo público que responda al interés colectivo. Hay que eliminar los incentivos que hoy favorecen ganancias privadas a costa del pueblo y garantizar que la ley se cumpla donde más importa: en proteger las pensiones y derechos de los trabajadores que construyeron y mantuvieron la red por décadas. De lo contrario, seguiremos tirando dinero bueno detrás del malo sin obtener resultados.

Contra la remilitarización: un error histórico para Puerto Rico

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

La derecha colonial en Puerto Rico vuelve a coquetear con una de las peores pesadillas de nuestra historia: la remilitarización de la isla. Con discursos que venden espejismos de seguridad y progreso, sectores del PNP y sus aliados intentan justificar la reapertura de bases y la presencia visible de fuerzas militares. Lo hacen en un cálculo torpe, ignorando lo que significa en términos de ambiente, economía y dignidad nacional.

El militarismo nunca ha traído desarrollo económico a Puerto Rico. Basta mirar a Vieques y Culebra. Durante décadas soportaron la ocupación militar más brutal, con bombardeos, desplazamientos y enfermedades provocadas por la contaminación. ¿Cuál fue el legado económico de esa presencia? Desempleo, pobreza y estancamiento poblacional. Hoy, como ayer, las estadísticas muestran tasas de desempleo superiores al 15%, idénticas a las de la era de la Marina. La ilusión de que una base militar impulsa la economía local es una falacia tan vieja como peligrosa.

En el plano ambiental, la experiencia de Vieques es un recordatorio doloroso. Las explosiones dejaron cráteres en el terreno, aguas contaminadas y una de las incidencias más altas de cáncer en todo Puerto Rico. Esa herida ambiental aún no ha sido reparada, y a veinte años de la salida de la Marina, el pueblo sigue esperando justicia. Apostar a nuevas instalaciones militares equivale a perpetuar un modelo de destrucción ecológica que condena a nuestras comunidades a enfermedades y muerte.

Quienes defienden la remilitarización repiten la narrativa colonial de que Estados Unidos “nos protege” de amenazas externas. Sin embargo, lo que realmente hacen es convertirnos en objetivo militar. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico era blanco de los misiles soviéticos por la cantidad de instalaciones militares en la isla. ¿Queremos volver a ser carne de cañón en los conflictos de potencias extranjeras? Pretender que eso fortalece nuestra seguridad es otra mentira que esconde el verdadero fin: afianzar el control imperial sobre nuestro territorio.

La ingenuidad colonial se disfraza de entusiasmo cuando algunos celebran la llegada de barcos de guerra o se retratan sonrientes con marines. Esa mentalidad, cultivada por décadas de propaganda, reduce la tragedia de la militarización a un espectáculo folclórico. Pero detrás de la foto está la realidad: esos barcos están diseñados para matar, arrasar y sembrar terror. No se trata de héroes de cómic, sino de la maquinaria bélica más poderosa del planeta usando nuestra tierra como plataforma.

El error histórico del PNP y de la derecha es pensar que esta vez el pueblo aceptará sin resistencia. Ya lo vimos con las marchas recientes contra la remilitarización y lo vimos antes con Vieques. Cuando la Marina asesinó a David Sáenz, más de 100 mil personas salieron a la calle a exigir su salida. Esa lucha unió a Puerto Rico en una sola voz. Hoy, dos décadas después, las nuevas generaciones están retomando la causa, conscientes de que lo que está en juego no es solo el ambiente ni la economía, sino la soberanía.

Sin embargo, la lucha no puede quedarse en un episodio puntual. Sería un grave error repetir lo ocurrido tras la salida de la Marina en Vieques o la renuncia de Ricardo Rosselló: victorias importantes, pero sin un proyecto de descolonización inmediato. El verdadero objetivo no es solo detener la remilitarización, sino erradicar el coloniaje. Solo un Puerto Rico independiente podrá decidir sobre su territorio y garantizar que nunca más seamos usados como base de guerra.

Por eso es urgente que el independentismo y la izquierda actúen unidos, no únicamente en protestas reactivas, sino en una campaña permanente de educación y organización. La denuncia contra la remilitarización debe ir acompañada de la afirmación de un proyecto nacional: descolonización e independencia. Ese es el horizonte que evitará que las luchas se evaporen en victorias parciales.

Puerto Rico no necesita bases militares, necesita justicia, desarrollo sustentable y soberanía. Decir no a la remilitarización es decir sí a la vida, a la dignidad y al futuro. La historia nos dio otra oportunidad: no la desperdiciemos.

Expresiones de Plan B: Independencia ante el reciente apagón general de Semana Santa

Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

“Puerto Rico toca fondo. Esto tiene que cambiar y ya”.

El apagón general del día de hoy que ha dejado al país entero sin electricidad, es la gota que finalmente colma la copa. A Genera PR la gobernadora Jennifer González Colón le regaló recientemente otros $110 millones para que sigan haciendo y deshaciendo a costa de nuestro progreso y bienestar. Por su parte a Luma, le pospuso su salida. Otra de esas farsas que ha montado en torno a dos entidades corporativas incompetentes incapaces, a todas luces de garantizar el efectivo funcionamiento y mejoramiento de nuestro sistema energético. 

Sin embargo, Puerto Rico está hoy no solo sin luz sino sin gobernadora, quien está tan desconectada de la realidad y la crisis nuestra aunque regrese de sus vacaciones. 

Y para colmo, la gobernadora interina la Lcda. Verónica Ferraiolli no ha sido aún confirmada en medio de controversias legales y éticas que se han suscitado en torno suyo. Asimismo, la Secretaria de Justicia Lcda. Janet Parra segunda en la línea de sucesión constitucional, tampoco ha sido confirmada. 

Entre los ya confirmados, sobresalen también los cuestionamientos legales y éticos de algunos. Por ejemplo, en relación al Secretario de Salud, el presidente del Senado se vio en la obligación de lavarse las manos como Poncio Pilatos en el caso de que su gestión termine en el desastre. Del Zar de la Energía, ni hablemos, otra farsa propia del “reality show” que nos ha estado vendiendo la publicidad engañosa de la gobernadora, pagada por el pueblo, la mayor parte de la cual no votó por ella.

En fin, luego de 100 días, estamos sin un gobierno debidamente constituido y, lo que es peor, sin un gobierno con planes y acciones concretas para solucionar efectivamente los problemas críticos a los que se enfrenta nuestro país.

La crisis actual ha desbordado a la administración, dando testimonio fehaciente de que la gobernadora no sabe gobernar. Mejor le fue como candidata y por ello se decidió en estos días por volver a serlo para el 2028. 

Entretanto, a ver qué pasa con los daños que le están infligiendo a nuestro pueblo los recortes y despidos, así como la guerra económica del presidente Donald Trump contra casi todo el mundo. La gobernadora ha dicho que no se opondrá a nada. Admite que le teme. Tampoco le importan los derechos, entre otros, de nuestros trabajadores, de nuestros hermanos dominicanos y menos aún los derechos de equidad y a no ser discriminados de la comunidad LGBTQ+. Ha optado por defender la libertad para discriminar. Evidentemente no podemos contar con ella para que defienda los derechos nacionales de Puerto Rico. 

Es un gobierno que anda a la deriva, sin un Plan propio. De ahí que se reduce a ser un apéndice a la trágala de la agenda económica y política del gobierno de Trump. 

Ante ello, cobra una urgencia mayor la propuesta de un Plan B que nos permita salvarnos del desgobierno actual. No podemos seguir empantanados en este punto muerto en que nos tienen los dos principales partidos coloniales: el PNP, con su estadidad imposible con más fondos federales, y el PPD, con su “ela” o estatus territorial actual, también con más fondos federales. Son dos opciones sin futuro alguno en el Washington de Trump. Ante esa realidad, innegable, la soberanía e independencia vuelve a imponerse no sólo como un derecho sino como una necesidad.

De ahí que nuestro grupo ha puesto sobre la mesa la propuesta de un Plan de Transición urgente hacia la soberanía e independencia de Puerto Rico. En días próximos estaremos complementando dicho Plan de Transición con un Plan de Desarrollo hacia una Economía Productiva y Solidaria. Ésta se trata de una propuesta concreta y viable para, una vez marginados los colonialistas de una y otra seña, y habiendo abierto un nuevo mapa de ruta aún en Washington para la descolonización plena de Puerto Rico, potenciar nuevamente el progreso social de todos los puertorriqueños que aspiran a la construcción inmediata de una Patria Nueva y una Nueva Sociedad.

Grupo Plan B-Independencia

Puerto Ricos´s housing crisis is no accident-it´s by design

La hora del Plan B: Trump y una orden ejecutiva de descolonización

El colonianismo cuesta

La Independencia es Posible

No es momento para la resignación: Puerto Rico enfrenta una encrucijada