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Preguntas Frecuentes (FAQ): Orden Ejecutiva para la Independencia de Puerto Rico

1. ¿Qué es la Orden Ejecutiva para la Independencia de Puerto Rico?

Es una iniciativa jurídico-política que toma como base una orden ejecutiva que podría emitir el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, mediante la cual se reconoce que el territorio no incorporado de Puerto Rico puede dar inicio a un proceso de autodeterminación e independencia. Esta orden ejecutiva estaría basada en el poder del presidente como representante único de la soberanía nacional estadounidense  para controlar las relaciones internacionales y los tratados. Esto constituye una rendija legal que puede utilizar el movimiento independentista como mecanismo para exigir y encaminar una transición ordenada hacia la soberanía nacional.

2. ¿Es legal utilizar esa orden como base para la independencia?

Sí. Aunque controvertida, la orden ejecutiva podría emitirse válidamente bajo el marco de las facultades ejecutivas del presidente de Estados Unidos. En tanto no sea revocada formalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, su existencia jurídica puede ser invocada para iniciar un proceso político de transición que podría administrarse con o sin la participación del Congreso. Además, su contenido puede interpretarse a la luz del derecho internacional, que reconoce el derecho de los pueblos colonizados a su autodeterminación e independencia.

3. ¿Qué efectos concretos tiene esta orden ejecutiva?

La orden permite activar una serie de pasos para la reorganización institucional del territorio hacia la independencia. En ese sentido, constituye un Plan de Transición concreto. Esto incluye: (1) la constitución de una comisión para la transición a la soberanía y la transferencia de los poderes federales; (2) la convocatoria a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución o la revisión de la existente; (3) la adopción dentro de ese nuevo orden constitucional de un nuevo sistema electoral para el desarrollo de una democracia real en nuestro país; (4) la notificación formal a organismos internacionales; (5) el inicio de negociaciones multilaterales para la culminación de tratados de cooperación; (6) la celebración de un referendum para aprobar la nueva constitución y elecciones para el nuevo gobierno del Puerto Rico soberano; (7) la cancelación de la deuda pública de Puerto Rico para facilitar el éxito de la transición económica ordenada y, (8) la asignación de una suma en bloque de fondos federales para invertirse en proyectos de desarrollo económico que aseguren la viabilidad de la República.

4. ¿Qué papel tiene el movimiento independentista en esta iniciativa?

Nuestra propuesta surge desde el movimiento independentista. Le plantea a éste el reto de apropiarse de esta estrategia intrépida basada en una orden ejecutiva como un instrumento de ruptura con el régimen colonial. Desde una postura crítica y emancipadora, se reconoce que el momentum político puede nacer incluso de contradicciones que se abren en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que podría convertir potencialmente un acto presidencial en una palanca para iniciar la liberación nacional. Es un ejemplo de cómo transformar un acto de poder en una oportunidad de autodeterminación.

5. ¿Esto no contradice el principio de soberanía del pueblo?

Todo lo contrario. Esta estrategia parte del reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo de Puerto Rico y que sólo un pueblo soberano puede decidir libremente. La orden ejecutiva es una herramienta externa que se utiliza para afirmar esa soberanía interna. No sustituye la voluntad democrática del pueblo, sino que la potencia. El objetivo final es que el pueblo se exprese libre y directamente, ya sea mediante una asamblea constituyente, una consulta ratificadora, procesos deliberativos populares y elecciones libres de los nuevos funcionarios de la República de Puerto Rico.

6. ¿Qué sucederá con la ciudadanía estadounidense?

La ciudadanía estadounidense, impuesta en 1917, es un asunto que debe discutirse con seriedad y respeto durante la transición. El nuevo Estado soberano podría negociar con los Estados Unidos acuerdos que permitan mantener derechos adquiridos, estatus migratorio especial o ciudadanía dual para quienes lo deseen. Lo importante es que sea Puerto Rico quien tenga la capacidad de decidir esas condiciones como país soberano en diálogo con Estados Unidos.

7. ¿Y la economía? ¿Cómo se sostendría un Puerto Rico independiente?

Como ocurre en todo proceso de descolonización ordenado, se negociará una asignación a término de suficientes fondos para que Puerto Rico sea viable económicamente. La independencia permitiría a Puerto Rico, entre otras cosas, recuperar el control de su economía, negociar tratados internacionales, establecer su propio sistema tributario, revitalizar la agricultura, el turismo, la industria local y, sobre todo, diseñar un modelo económico productivo y autosustentable que sea, además, solidario y justo. Actualmente, el coloniaje impide ese desarrollo. La soberanía económica no será fácil, pero es necesaria para salir de la dependencia colonial y crisis estructural que vivimos actualmente donde hemos perdido una parte sustancial de nuestra población y las perspectivas económicas auguran peores tiempos.

8. ¿Qué relación tendría Puerto Rico con Estados Unidos después de la independencia?

Una relación bilateral, basada en el respeto mutuo y la cooperación internacional. Puerto Rico podría mantener vínculos comerciales, culturales, educativos y diplomáticos con los Estados Unidos, sin subordinación. La independencia no implica enemistad, sino una nueva relación entre iguales.

9. ¿Por qué no se ha utilizado una Asamblea Constitucional de Estatus si es el mecanismo preferido por muchos sectores?

Porque, aunque la Asamblea Constitucional de Estatus puede parecer un mecanismo ideal desde una perspectiva democrática, no ha sido viable bajo el régimen colonial impuesto por los Estados Unidos. El Congreso federal ha ignorado reiteradamente los reclamos del pueblo de Puerto Rico y ha demostrado que no está dispuesto a ceder poder ni a facilitar un proceso genuino de autodeterminación. Además, el sistema político interno ha estado dominado por partidos coloniales que sabotean cualquier esfuerzo serio hacia la descolonización. La historia política de Puerto Rico está llena de actos antidemocráticos —fraudes electorales, leyes de mordaza, represión política, imposición de juntas no electas— que demuestran que el coloniaje no permite caminos democráticos reales. Por eso, esta iniciativa actúa desde lo posible, utilizando la fisura jurídica abierta por una posible orden ejecutiva de Trump para impulsar, desde abajo y con urgencia, un proceso de independencia que el régimen colonial se niega a permitir por las vías tradicionales. Sirve además para salir de la parálisis actual en Washington DC en torno al tema de la descolonización de Puerto Rico, pues obliga al gobierno de Estados Unidos a descartar formalmente la estadidad y el estatus territorial actual como opciones realmente aceptables para éste. En ese sentido, determina que la independencia es la opción descolonizadora que más conviene a los intereses nacionales tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico.

10. ¿Esto no es una fantasía?

No. Es una estrategia concreta, audaz y jurídicamente fundamentada. Lo verdaderamente irreal es pensar que la colonia nos sacará de la crisis. Esta propuesta toma una grieta dentro del mismo poder colonial —una orden de Trump— y la convierte en una vía de ruptura democrática. Es una propuesta firme, seria y necesaria para fundar un nuevo Puerto Rico soberano y próspero.