Comunicados de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA

19 de noviembre de 2025

El informe anual de la Junta de Control Fiscal oculta su fracaso, evade su obligación de explicar cuándo se irá de Puerto Rico y disfraza su carácter antidemocrático

San Juan, Puerto Rico — 19 de noviembre de 2025. El centro de pensamiento para la acción Plan B: Independencia denuncia que el informe anual de la Junta de Supervisión Fiscal publicado esta semana constituye un intento deliberado de suprimir información crítica sobre su gestión y su permanencia en Puerto Rico. La Junta publica un documento cuidadosamente elaborado para proyectar logros, mientras oculta aquellos elementos que revelarían con claridad la ineficacia de su modelo de intervención, los costos sociales de su actuación y la naturaleza antidemocrática de su autoridad. Como expresó el Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez, portavoz de Plan B: Independencia, “después de casi una década, la Junta no puede mostrar un solo indicador estructural de éxito; su legado es un país más pobre, un Estado más débil y un futuro más incierto.”

El informe proclama avances en materia fiscal, reformas estructurales y disciplina presupuestaria. Sin embargo, ignora el hecho determinante de que Puerto Rico continúa sin un crecimiento económico sostenido que permita superar el estancamiento crónico de la última década. La política de austeridad impulsada por la Junta no ha sido un proceso neutro ni técnico, sino una estrategia ideológicamente dirigida contra sectores esenciales, particularmente la Universidad de Puerto Rico y los pensionados. El economista Dr. José Caraballo Cueto ha documentado que la UPR sufrió recortes de casi un 50 % entre 2017 y 2025, demostrando que “la austeridad de la JCF era para la UPR” y los municipios, mientras agencias menos estratégicas recibían aumentos presupuestarios. Esa austeridad selectiva ha reducido y debilitado el aparato gubernamental, ha frenado la inversión pública, ha afectado la formación profesional del país y ha limitado la capacidad del Estado para atender necesidades básicas. Es imposible hablar de “estabilidad” cuando la intervención federal ha contribuido simultáneamente a la contracción de servicios esenciales, al deterioro institucional y a la pérdida continua de población activa. Estas realidades no están presentes en el informe porque contradicen la narrativa optimista y autocomplaciente que la Junta insiste en promover.

La Junta también evita admitir su responsabilidad en el debilitamiento de la gestión pública. Durante años ha impuesto congelación de plazas, erosión del salario real y recortes sistemáticos en áreas vitales del servicio gubernamental, erosionando capacidades técnicas esenciales para la ejecución de políticas públicas. En el caso de la UPR, el Dr. Caraballo Cueto advirtió que la política fiscal impuesta desde la Junta —incluyendo la reducción drástica de aportaciones patronales al sistema de retiro universitario— llevaba a la institución “hacia la destrucción… incluso si cerraban todos los recintos pequeños y despedían su personal y estudiantado”. Esa predicción se ha ido materializando: el déficit de personal, la pérdida de talento y la incertidumbre de los pensionados universitarios son consecuencias directas del marco de supervisión federal. El informe anual no aclara que el deterioro en la contabilidad del gobierno, la falta de modernización de sus sistemas de información y la pérdida de capital humano especializado no son fallas inherentes del Estado puertorriqueño, sino el efecto acumulado de una política de austeridad rígida e ideologizada. La omisión deliberada de estos hechos busca distorsionar la percepción pública, presentando a la Junta como un agente de rigor cuando, en realidad, ha contribuido decisivamente al debilitamiento de la gestión gubernamental.

Del mismo modo, el informe evade una rendición de cuentas completa sobre el costo real de la propia Junta. Aunque presenta su presupuesto operativo anual, no ofrece un desglose detallado y transparente de los honorarios multimillonarios pagados a consultores externos, de los gastos asociados a litigios prolongados ni de los costos indirectos derivados de procesos de reestructuración que se han extendido por años. En los apéndices del informe no aparece información pública suficiente que permita evaluar la eficiencia, necesidad o proporcionalidad de esas erogaciones, lo que impide al país conocer si los recursos invertidos en la operación de la Junta han producido beneficios tangibles o medibles. El documento opta por resaltar metas intermedias y declaraciones generales sobre “ahorros”, sin examinar los efectos adversos de su intervención ni el impacto financiero acumulado, creando así una narrativa incompleta que evita el escrutinio que merecen sus decisiones y su permanencia en Puerto Rico.

Resulta igualmente preocupante que la Junta celebre la certificación de presupuestos balanceados sin aclarar que tales ejercicios no cumplen con los criterios legales que permitirían activar el mecanismo de salida dispuesto en la Ley PROMESA. Aunque habla de “presupuestos equilibrados”, la Junta omite explicar que estos han sido balanceados en la base de caja y que, según la propia ley federal, la terminación de su mandato requiere cuatro años consecutivos de presupuestos equilibrados bajo criterios de contabilidad gubernamental, además de demostrar acceso real y sostenido a los mercados de capital. Esa ausencia de precisión no es un descuido: es una estrategia para presentarse como una entidad que cumple sus metas, sin reconocer que el país no está más cerca de la salida de la Junta que hace años. El informe evita de manera absoluta indicar cuándo la Junta prevé retirarse de Puerto Rico o qué calendario sigue para cumplir con los criterios de terminación. Ese silencio es revelador: la permanencia indefinida del organismo se normaliza mientras se oculta que su continuidad contradice el espíritu de transitoriedad que PROMESA pretendía proyectar.

El documento tampoco aborda el fracaso de las políticas de privatización que la Junta ha avalado, especialmente en el sector energético. La falta de confiabilidad del servicio, los aumentos tarifarios y la ausencia de cumplimiento contractual por parte de operadores privados no figuran en el informe. La Junta omite estos hechos porque evidencian que sus decisiones no han mejorado la calidad de los servicios públicos ni han promovido la eficiencia administrativa que prometen sus defensores. La realidad es que ha supervisado procesos de privatización sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas y sin resultados medibles que justifiquen su costo social.

De igual manera, el informe omite por completo la precariedad fiscal que aún enfrenta el gobierno central a pesar del Plan de Ajuste de la Deuda aprobado bajo PROMESA. Además, casi nueve años de procesos de reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica, los resultados han sido profundamente adversos: costos energéticos más altos, ineficiencia generalizada en todos los niveles del servicio y una infraestructura dependiente de modelos operacionales fallidos. El ajuste de deuda del gobierno central tampoco garantiza estabilidad a largo plazo, pues se fundamenta en supuestos económicos frágiles y en proyecciones de crecimiento que no se han materializado. La Junta evita reconocer que esta combinación —un gobierno central que opera sobre cimientos fiscales vulnerables y un proceso de ajuste energético interminable e incapaz de producir mejoras sustantivas— coloca al país en riesgo de enfrentar otra crisis fiscal en el mediano plazo. La ausencia de esta discusión profunda en el informe evidencia un intento de proyectar una recuperación que no existe y oculta la amenaza real de que Puerto Rico pueda acercarse a una segunda quiebra si las tendencias actuales se mantienen.

Aún más grave es que la Junta continúa ocultando su naturaleza antidemocrática. El informe se presenta como expresión técnica y neutral de supervisión fiscal, pero evita reconocer que se trata de un ente no electo que tiene poder superior al gobierno que el pueblo de Puerto Rico escoge en las urnas. Ninguno de sus miembros responde políticamente ante la ciudadanía puertorriqueña y, sin embargo, las decisiones de la Junta prevalecen incluso sobre aquellas adoptadas por instituciones democráticas locales. Este ocultamiento es una estrategia clara para invisibilizar el carácter colonial del régimen fiscal vigente, pues admitirlo revelaría la contradicción esencial entre la Junta y los principios fundamentales del autogobierno. En palabras del Dr. Carlos Rivera Lugo, portavoz de Plan B: Independencia y reconocido filósofo del derecho, “la Junta es la negación institucionalizada de la democracia real a la que aspiramos los puertorriqueños; no representa al pueblo, no rinde cuentas al país y opera como un enclave colonial del siglo XXI que sirve solo a los intereses de unos pocos.”

Finalmente, el informe ignora el impacto humano de sus decisiones. Durante años, encuestas y estudios han revelado que la sociedad puertorriqueña está sumida en un profundo desánimo, caracterizado por la falta de expectativas de progreso, la incertidumbre económica y la sensación generalizada de que el país no avanza. Ese estado emocional colectivo es parte del legado de la Junta: una década de austeridad, precariedad institucional y ausencia de crecimiento ha debilitado la confianza pública en el futuro y ha erosionado el optimismo social. El silencio del informe sobre este impacto confirma su desconexión con la realidad vivida por la ciudadanía que paga el costo de su intervención.

Plan B: Independencia reafirma que Puerto Rico necesita potenciar su capacidad de autogobernarse, diseñar políticas económicas solidarias desde su propio marco constitucional y encaminarse hacia un proceso soberano de descolonización que ponga fin al control externo. La estabilidad verdadera y el desarrollo deseado solo serán posibles cuando el país deje atrás un modelo de dominación que ha fracasado en sus propios términos y que ha profundizado la distancia entre Puerto Rico y un futuro de justicia, progreso y democracia plena. Tal como afirmó el historiador y lingüista Prof. Javier Hernández, portavoz de Plan B: Independencia, “mientras Puerto Rico siga bajo un régimen territorial tutelado, no habrá desarrollo real; la salida de la crisis es inseparable del proceso de descolonización.”

Para más información sobre Plan B: Independencia:

planbindependencia@gmail.com

www.planbindependencia.org

COMUNICADO DE PRENSA

10 de noviembre de 2025

Plan B: Independencia denuncia la militarización encubierta de Puerto Rico dirigida por la gobernadora Jenniffer González Colón y el capitán Elmer L. Román, alto funcionario de la Marina de los Estados Unidos

San Juan, Puerto Rico

El Centro de Pensamiento Para la Acción Plan B: Independencia denunció hoy que la gobernadora Jenniffer González Colón, a espaldas del pueblo de Puerto Rico, impulsa un proceso de remilitarización encubierta del país mediante proyectos de infraestructura e inversión bajo la dirección del capitán de la Marina de los Estados Unidos, Elmer L. Román, quien actualmente funge como Assistant Secretary of the Navy for Energy, Installations and Environment (ASN [E I & E]).

En ese cargo, Román ostenta amplios poderes para planificar, adquirir, construir y administrar las instalaciones navales y energéticas de la Marina, así como para coordinar proyectos ambientales y de infraestructura. Su oficina controla presupuestos multimillonarios destinados a la expansión y modernización de instalaciones estratégicas en los territorios estadounidenses, incluyendo a Puerto Rico.

Bajo la dirección de la gobernadora González Colón y del capitán Román, se han canalizado cientos de millones de dólares en obras e instalaciones cuya naturaleza, propósito y ubicación no han sido divulgados públicamente. Estos proyectos se realizan sin transparencia, sin evaluación ciudadana y sin cumplimiento conocido con los procesos de permisos ambientales, locales o federales que exige la ley. Puerto Rico está siendo transformado en una plataforma estratégica de operaciones militares sin consulta ni consentimiento del pueblo.

De acuerdo con los estudios del Dr. José Caraballo Cueto del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, los municipios que fueron sede de instalaciones militares exhiben tasas de empleo a población y de desempleo que aún están por debajo del promedio de Puerto Rico, lo cual confirma que la presencia militar nunca trajo el crecimiento económico esperado.

La narrativa de que la remilitarización de Puerto Rico traerá crecimiento económico constituye una falacia repetida desde los tiempos de la Guerra Fría. La historia ha demostrado que la presencia militar no genera prosperidad, sino dependencia, violencia, prostitución, contaminación y desigualdad. Detrás del discurso de “inversión y seguridad” se oculta el verdadero propósito político: mantener a Puerto Rico atado a los Estados Unidos ante el rechazo abierto del Partido Republicano, del movimiento MAGA y del propio Donald J. Trump a la estadidad. Es decir, ante la negativa del presidente Trump y de los republicanos de apoyar la estadidad, ¿están la gobernadora y el Sr. Román implementando un subterfugio estadista (ignorando la política pública de Trump) bajo el lema de la “remilitarización”? ¿El presidente Trump sabrá que ellos están empujando un plan estadista (no autorizado por Trump) disfrazado de “apoyo militar” con los fondos federales del propio Pentágono? Se preguntarán los oficiales estadounidenses ¿por qué dejamos a un activista PNP a cargo de nuestros fondos federales y ahora está usando tales fondos para adelantar su propia causa política pro-anexion y en contra de la política del presidente Trump? 

La gobernadora González Colón y el capitán Román están alarmados ante el éxito de los independentistas en Washington, DC y el crecimiento del apoyo a la soberanía e independencia de Puerto Rico que junto a su incapacidad de alcanzar la culminación del coloniaje que representa la estadidad, recurren al militarismo como el último salvavidas con el cual salvar la falacia de la estadidad. En realidad, estos proyectos no buscan resolver la crisis económica ni promover bienestar, sino afianzar la presencia federal en la Isla como un bastión estratégico, cuando la anexión ha sido descartada por quienes controlan el poder en Washington y para frenar el crecimiento del independentismo.

El 40 % de los electores que votaron por Jenniffer González Colón no lo hicieron para que Puerto Rico se convirtiera nuevamente en un enclave militar. El fracaso de su proyecto de estadidad en Washington tampoco le da autoridad para usar nuestro territorio como instrumento de agresión contra los pueblos hermanos de América Latina, ni para imponer políticas de control y miedo.

“El uso de esta posición en la Marina de Guerra de los Estados Unidos por el capitán Elmer L. Román para ejecutar proyectos que degradar al pueblo de Puerto Rico y lo empobrecen, con el único propósito de manipular la opinión pública para intentar frenar el crecimiento del independentismo, debe denunciarse y censurarse enérgicamente,” declaró el abogado y portavoz de Plan B, Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez.

Por su parte, el estratega independentista y coautor del Plan Nacional de Desarrollo Económico para una Puerto Rico Soberana, Prof. Javier A. Hernández, subrayó que “la historia de Puerto Rico demuestra que cada expansión militar se ha hecho sin rendición de cuentas ni respeto por la protección ambiental ni por la jurisdicción del país. Lo que hoy presentan como progreso es, en realidad, una nueva forma de ocupación disfrazada de modernización e infraestructura”.

Plan B: Independencia exige a la gobernadora Jenniffer González Colón y al capitán Elmer L. Román que actúen con transparencia inmediata, divulgando todos los contratos, presupuestos, estudios de impacto ambiental y permisos relacionados con las obras que están ejecutando bajo la jurisdicción del Departamento de la Marina en Puerto Rico.

El pueblo tiene derecho a saber qué se está construyendo, con qué fondos y con qué impacto ambiental. ¿El capitán Román recibe ordenes de la gobernadora en cuanto a este plan de remilitarización? ¿Han utilizados sistemas gubernamentales y públicos para comunicarse para adelantar este plan? No aceptaremos que se continúe hipotecando nuestro territorio ni destruyendo nuestro entorno bajo la excusa de proyectos federales. Puerto Rico exige transparencia, soberanía y respeto a sus leyes. El Prof. Javier A. Hernández detalló “no podemos permitir al PNP usar fondos federales y sus amigos en Washington, DC para tratar de lograr en Puerto Rico lo que no pudieron lograr en las urnas. La mayoría del pueblo puertorriqueño que emitió un voto en 2024 votó en contra de la estadidad. Ante el avance independentista en la capital estadounidense, tratar de militarizar a Puerto Rico a espaldas del pueblo boricua y del pueblo estadounidense es el último truco del PNP”.

Finalmente, denunciamos el grave daño ambiental que las actividades militares han causado y continúan causando en Puerto Rico, atentando directamente contra la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Dichos impactos —contaminación de suelos, acuíferos y ecosistemas costeros— han sido reconocidos en múltiples informes oficiales de la propia Marina de los Estados Unidos, los cuales admiten la existencia de contaminación por metales pesados y municiones en terrenos utilizados con fines bélicos. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, las labores de remediación y recuperación ambiental permanecen inconclusas. Este incumplimiento fue expresamente señalado en el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de 2024, que advirtió sobre la falta de transparencia, reparación y justicia ambiental en los territorios bajo jurisdicción estadounidense, incluyendo a Puerto Rico.

Para más información sobre Plan B: Independencia puede escribir a planbindependencia@gmail.com o visitar su página web www.planbindependencia.org

COMUNICADO DE PRENSA

21 de septiembre de 2025

Nace Plan B: Independencia como centro de pensamiento para la acción

San Juan, Puerto Rico — Con el firme propósito de promover la independencia de Puerto Rico mediante la investigación rigurosa y la acción estratégica, quedó constituido oficialmente el Plan B: Independencia, una organización sin fines de lucro creada para servir como centro de pensamiento y acción comprometido con la descolonización de Puerto Rico hacia su soberanía e independencia, así como su desarrollo político, jurídico, económico y social desde una perspectiva interdisciplinaria.

El principal proyecto será un plan de transición política y desarrollo económico, una iniciativa enfocada en generar propuestas viables para la transición hacia una república puertorriqueña soberana. La organización fue fundada por un grupo de profesionales y académicos que comparten la convicción de que es indispensable abrir caminos alternos hacia la autodeterminación del país.

Según explicó el abogado y portavoz, Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, “la independencia de Puerto Rico no es una utopía, sino una opción real, responsable y necesaria. Plan B: Independencia surge como una herramienta concreta para superar el impasse colonial mediante propuestas serias, viables y fundamentadas en el derecho y la justicia social.”

Por su parte, el portavoz y reconocido pensador crítico Dr. Carlos Rivera Lugo expresó que “el centro de pensamiento y acción aspira a convertirse en un laboratorio de ideas e iniciativas que confronte el colonialismo en este momento en que Puerto Rico se hunde en su peor crisis ante el desgobierno anexionista. En ese sentido, no basta con denunciar la crisis del régimen colonial; tenemos que imaginar, proponer y construir un nuevo país desde la soberanía e independencia con un compromiso militante.”

Por otro lado, la portavoz y economista Dra. Martha Quiñones Domínguez puntualizó que “además de una logística para la transición política hacia la independencia, Plan B Independencia ya tiene un proyecto de plan económico que, como documento vivo, se sigue trabajando como mapa hacia el desarrollo en un Puerto Rico libre de una economía no sólo soberana y productiva sino que sobre todo socialmente solidaria”.

Conforme al acuerdo operativo aprobado recientemente, la entidad contará con una Junta de Directores compuesta inicialmente por sus miembros fundadores, que ejercerá funciones de gobierno y adoptará posturas públicas sobre temas de interés nacional. Asimismo, se estableció una estructura organizativa robusta con comités permanentes dedicados a la educación y divulgación, recaudación de fondos, editorial, y abogacía y diplomacia internacional.

Entre las funciones estratégicas del centro de pensamiento y acción se destacan:

• Promover estudios y publicaciones sobre el derecho a la autodeterminación, la viabilidad económica de una República puertorriqueña y la crisis del régimen colonial.

• Difundir y promocionar en los círculos de poder en Washington DC, así como en el resto de la sociedad estadounidense, nuestras posiciones, propuestas y planes a favor de la soberanía e independencia de Puerto Rico.

• Coordinar con organizaciones de la diáspora que promueven la descolonización hacia la soberanía e independencia.

• Articular relaciones diplomáticas con países y organismos internacionales favorables a la descolonización e independencia de Puerto Rico.

• Coordinar campañas educativas y actividades de concienciación pública.

• Desarrollar propuestas y estrategias de incidencia política local e internacional.

Como parte de su primera iniciativa de divulgación pública, se lanzará una serie de conferencias audiovisuales titulada Plan B: Camino a la Independencia, que comenzará a transmitirse a partir del 7 de octubre a las 7:00 PM través de sus redes sociales. Estas conferencias abordarán, de manera clara y didáctica, los elementos jurídicos, económicos y políticos fundamentales del proceso de transición hacia la independencia. El ciclo incluirá temas como la viabilidad económica de una república soberana, el diseño institucional de un nuevo Estado, y el marco internacional para ejercer el derecho a la autodeterminación. Se trata de una contribución educativa esencial para romper con los mitos del coloniaje y abrir paso a un debate informado y estratégico.

Plan B: Independencia hace un llamado abierto a todas las personas que compartan el ideal de una patria soberana a integrarse como miembros activos de esta iniciativa.

La entidad proyecta convertirse en un espacio de producción intelectual y acción concertada que complemente las luchas de otras organizaciones independentistas y contribuya al desarrollo de consensos amplios hacia la descolonización definitiva de Puerto Rico hacia su soberanía e independencia.

Para más información sobre cómo participar, colaborar y aportar, puede comunicarse a través del correo electrónico oficial planbindependencia@gmail.com o visitar próximamente nuestra página web www.planbindependencia.org

COMUNICADO DE PRENSA

29 de julio 2025

Plan B felicita al Secretario Ejecutivo del PIP, Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, por su gestión en el Congreso de los Estados Unidos en favor de la independencia de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico – Plan B: Independencia reconoce y felicita al Secretario Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Juan Dalmau Ramírez, por sus recientes reuniones con congresistas de los Estados Unidos, en las cuales ha promovido activamente la causa de la descolonización y la independencia de Puerto Rico.

Para Plan B, estas gestiones contribuyen significativamente a avivar el interés en Washington sobre la necesidad de poner fin al estatus colonial de Puerto Rico y, a la vez, fortalecen el ánimo de los sectores independentistas en la Isla. La iniciativa de dialogar con legisladores estadounidenses constituye un paso crucial en el proceso de internacionalizar nuestra causa y reafirmar que la raíz de prácticamente todos los problemas que aquejan a Puerto Rico –económicos, sociales y políticos– es el coloniaje.

Desde que se dio a conocer la iniciativa de Plan B, el licenciado Dalmau Ramírez, en expresiones públicas, reconoció que toda acción dirigida a abrir caminos hacia la independencia tiene su espacio, destacando que “todas las flores deben florecer” en la lucha por nuestra autodeterminación. Hoy, Plan B extiende un llamado al licenciado Dalmau Ramírez a continuar fortaleciendo la colaboración entre todos los sectores que buscan un Puerto Rico libre y soberano.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, portavoz de Plan B, expresó:

“Las gestiones del licenciado Juan Dalmau Ramírez en el Congreso son un paso afirmativo y necesario para que la independencia de Puerto Rico no solo sea una aspiración en la Isla, sino un tema de discusión seria en la capital federal. Esta labor ayuda a desmantelar la invisibilidad histórica que Washington ha impuesto sobre nuestra situación colonial y abre la puerta a un diálogo más franco sobre el futuro de nuestro pueblo.”

Por su parte, el doctor Carlos Rivera Lugo, también portavoz de Plan B, destacó:

“En un momento donde la Junta de Control Fiscal y el estatus colonial asfixian nuestras posibilidades de desarrollo, resulta crucial que nuestros líderes se unan para abrir todos los canales posibles hacia la descolonización. La presencia de voces como la del licenciado Dalmau Ramírez ante congresistas estadounidenses refuerza que la independencia es la única salida digna y viable para Puerto Rico.”

Plan B reitera que, ante la imposibilidad de la estadidad y la ignominia del actual Estado Libre Asociado, la independencia es la única salida digna y viable para construir un país con justicia social, desarrollo económico y verdadera democracia. Nuestra organización reafirma su disposición a colaborar con todos los sectores y liderazgos que, como el licenciado Dalmau Ramírez, promueven la descolonización de Puerto Rico ante foros nacionales e internacionales.

Comunicado de Prensa

31 de marzo de 2025

Lanzamiento del sitio web Plan B Independencia: Una ruta estratégica hacia la soberanía de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico – 31 de marzo de 2023 – En seguimiento a la reciente divulgación del proyecto de orden ejecutiva titulado “Executive Order on the Transition of Puerto Rico to Sovereign Independence”, y el torbellino mediático que le acompaño, se anuncia el lanzamiento oficial del sitio web “Plan B Independencia” (www.planbindependencia.org). Esta iniciativa busca continuar fortaleciendo la discusión pública sobre la necesidad de la independencia y ofrecer una plataforma informativa y participativa para el público en general.

El proyecto de Orden Ejecutiva fue elaborado por un grupo de destacados juristas, economistas, líderes comunitarios, intelectuales y académicos comprometidos con la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, entre los cuales se encuentran: el Lcdo. Edil Sepúlveda, la Dra. Martha Quiñones, el Prof. Javier Hernández, el Dr. Carlos Rivera Lugo, la analista de política pública Christina Mojica, la Lcda. Marilú Guzmán, la Dra. Palmira Ríos, el radiodifusor Alfonso Giménez Lucchetti, la relacionista profesional Madeline Ramírez, el Dr. Carlos Severino y el Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez.

Esta iniciativa busca continuar fortaleciendo la discusión pública sobre la necesidad de la independencia y ofrecer una plataforma informativa y participativa para la ciudadanía. “La divulgación del proyecto de orden ejecutiva y esta plataforma digital abren el cauce a una conversación seria y necesaria sobre el futuro político del país. La independencia es el único camino que nos permite reconstruir la democracia desde el suelo patrio, sin tutelajes coloniales”, expresó el Dr. Carlos Rivera Lugo, filósofo del derecho y analista político.

Está página será un espacio dedicado a responder inquietudes comunes sobre el proceso de independencia, proporcionando claridad y fomentando un diálogo informado. Para la economista Dra. Martha Quiñones, “la independencia no solo es un acto de justicia histórica, sino una necesidad económica urgente. Puerto Rico tiene el talento humano, los recursos y la capacidad para desarrollar una economía sustentable, justa y soberana. Este plan ofrece un marco realista para lograrlo”.

Contenido y Funcionalidades del Sitio Web

El portal ofrece una variedad de recursos y herramientas diseñadas para facilitar la comprensión y participación en el proceso de descolonización:

• Trasfondo y Misión: Se presenta una visión detallada de los fundamentos que inspiran esta iniciativa, destacando la necesidad de una Orden Ejecutiva como mecanismo legítimo para superar el estancamiento colonial y promover una transición ordenada hacia la soberanía.

• Descarga del Proyecto de Orden Ejecutiva: Los visitantes pueden acceder directamente al documento titulado “Executive Order on the Transition of Puerto Rico to Sovereign Independence”, que propone una acción ejecutiva basada en el poder presidencial para iniciar un proceso de ruptura pacífica y ordenada con el régimen colonial.

• Iniciativas Clave: El sitio detalla cuatro pilares fundamentales del plan:

1. Foro Nacional por la Independencia: Organización de eventos en todo Puerto Rico para educar y movilizar a la ciudadanía sobre la viabilidad de la independencia, mediante debates y presentaciones de expertos.

2. Plan de Acción para la Transición: Elaboración de un documento con propuestas concretas sobre gobernanza, relaciones internacionales, economía y derechos ciudadanos en un Puerto Rico independiente.

3. Campaña de Comunicación y Concienciación: Implementación de una estrategia mediática con contenido digital para desmentir mitos sobre la independencia y destacar sus beneficios.

4. Red de Apoyo Internacional: Establecimiento de vínculos con organismos internacionales y movimientos de autodeterminación para fortalecer el reconocimiento de la lucha de Puerto Rico por la independencia.

• Sección de Preguntas Frecuentes: Un espacio dedicado a responder inquietudes comunes sobre el proceso de independencia, proporcionando claridad y fomentando un diálogo informado.

Participación Ciudadana y Registro de Apoyo

Conscientes de la importancia de la participación de la ciudadanía, el sitio web ofrece funcionalidades que permiten a los usuarios:

• Registro de Apoyo: Los interesados pueden inscribirse para expresar su respaldo a la iniciativa, recibir actualizaciones y participar en actividades relacionadas con el movimiento hacia la independencia.

• Redes: Además, pueden seguir y compartir el contenido de la iniciativa a través de nuestras redes sociales oficiales:

Facebook: Plan B Independencia

X (anteriormente Twitter): @PlanBIndepend

• Acceso a Documentos y Noticias: Se proporciona un enlace directo para descargar materiales relevantes y mantenerse informado sobre los avances y eventos futuros.

• Pequeñas Donaciones: Se proporciona un enlace directo para hacer donaciones pequeñas para el desarrollo del proyecto.

“Invitamos a todas las personas comprometidas con la justicia, la democracia y la dignidad nacional a respaldar esta iniciativa. Plan B Independencia es una herramienta para construir colectivamente la ruta hacia la soberanía. Puerto Rico necesita voluntad, organización y un plan claro. Este es el momento de actuar por nuestra independencia”, exhortó el Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez.

Para más información o consultas, se invita a los ciudadanos a contactar al equipo de Plan B Independencia a través del correo electrónico planbindependencia@gmail.com.

El lanzamiento de este sitio web representa un paso significativo hacia la materialización de una visión compartida de un Puerto Rico libre, justo y soberano. Se exhorta a todos los puertorriqueños a visitar www.planbindependencia.org, informarse y unirse a este esfuerzo colectivo por el futuro de nuestra nación.

Fin del Comunicado